miércoles, 26 de diciembre de 2012

Una vuelta de tuerca a la caducidad de marcas por falta de uso: la Sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2012 en el Caso Leno.


La exigencia de uso de la marca comunitaria y su extensión territorial sigue suscitando no pocas controversias. Una reciente Sentencia del TJUE (caso C-149/11) ha venido a proclamar, con cierta solemnidad, que para valorar el requisito del uso efectivo en la Comunidad de una marca comunitaria a efectos de caducidad "debe prescindirse de las fronteras de los Estados miembros". Esta declaración tan rotunda, sin embargo, no resuelve todas las incógnitas.

El caso pone de nuevo sobre el tapete la vieja cuestión de si el uso de una marca en un solo Estado miembro (en este caso, los Países Bajos) es suficiente para cumplir el requisito del "uso efectivo en la Comunidad". La cuestión prejudicial trae causa de un procedimiento de oposición ante la Oficina del Benelux en el que se exigió prueba de uso a la parte oponente, pero ya se comprende que la doctrina que encierra la sentencia es aplicable a acciones de caducidad ante la OAMI o reconvenciones de caducidad frente a acciones por violación basadas en marcas comunitarias.

El Tribunal descarta explicitamente, por no constituir actos jurídicos vinculantes, tanto las Directrices de la OAMI como cierta Declaración conjunta que se decantaba por aceptar que el uso en un solo país constituye uso efectivo en la Comunidad. Pero tampoco lo hace para apartarse totalmente de este criterio. La sentencia admite que la marca comunitaria, al gozar de una protección más amplia, debería ser utilizada en un territorio "más vasto que el de un solo Estado miembro", pero añade inmediatamente que no puede excluirse que en determinadas circunstancias el mercado de los productos y servicios para los que la marca se ha registrado "pueda circunscribirse al territorio de un solo Estado". 

A la postre el Tribunal se decanta por huir de una norma de minimis; confiesa que es imposible determinar a priori de un modo abstracto la extensión territorial exigible; y delega en el juez nacional la apreciación del carácter efectivo del uso, a la luz del conjunto de hechos y circunstancias de cada cada caso concreto. Según la Sentencia, será necesario demostrar "que la explotación comercial de dicha marca permite obtener o conservar cuotas de mercado para los productos o servicios para los que ha sido registrada", atendiendo al respecto a las caracterísitcas del mercado, la naturaleza de los productos, el ámbito territorial del uso, su extensión cuantitativa o su frecuencia y regularidad. 

Se abre la ocasión ahora para extraer las consecuencias que se infieren de la sentencia y revisar estrategias a propósito de la siempre delicada tarea de optar entre las marcas nacionales y las comunitarias, no sólo a efectos de presentar oposición sino de mantener las propias carteras.



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La OMPI convoca Conferencia Diplomática para adoptar un Tratado sobre límites al derecho de autor en favor de los discapacitados visuales


El pasado día 18 la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual convocó, en Asamblea General, una Conferencia Diplomática para junio del próximo año, cuyo mandato principal es negociar y adoptar un Tratado en el que se regulen los límites y excepciones al Derecho de autor para facilitar el acceso a obras protegidas a millones de ciegos y discapacitados visuales.

Actualmente sólo algunos países prevén limitaciones específicas en su legislación en favor de discapacitados visuales, limitándose la mayoría a establecer excepciones al Derecho de autor que benefician a personas discapacitas en general, sin especificar el tipo de minusvalía (así, por ejemplo, nuestro artículo 31 bis, apartado 2º TRLPI). En el plano internacional, el vacío jurídico es aún mayor, puesto que ningún Tratado contempla este tipo de límites. Con este proyecto, se calcula que alrededor de 300 millones de ciegos o personas con discapacidad visual saldrán beneficiados en todo el mundo, y de forma especial, aquellos que habitan en los países menos desarrollados. El futuro Tratado pretende así hacer efectivos para este colectivo los derechos de no discriminación, igualdad de oportunidades, accesibilidad, participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El texto del proyecto impone a los Estados firmantes la obligación de facilitar a los discapacitados visuales la disponibilidad de obras en formato accesible, lo que implica una limitación de los derechos de reproducción, distribución, interpretación, traducción y puesta a disposición del público de los titulares (cfr. artículo C del Proyecto).  La conversión de las obras en formato accesible (Braille, imprentas grandes, formatos de audio y otros) será llevada a cabo por entidades autorizadas, que deberán suministrar los ejemplares a los beneficiarios, así como facilitar el intercambio de obras con entidades de otros países. La forma en que ese intercambio tenga lugar, así como el establecimiento de parámetros que permitan determinar qué se entiende por distribución de las obras <<a precio razonable>> en los diferentes países, son puntos que han de ser discutidos en la Conferencia del próximo junio.



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viernes, 21 de diciembre de 2012

Anteproyecto de reforma del Código Penal 2012


El anteproyecto de Reforma del Código Penal aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre, está, actualmente, siendo objeto de informe por parte del CGPJ. Entre las medidas más novedosas se encuentra la reforma de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

En la propia Exposición de Motivos del texto se muestra la necesidad de distinción entre responsabilidad penal de importadores y distribuidores mayoristas y la responsabilidad de distribuidores minoristas y vendedores (ambulantes).

El aumento de penas (prisión de 1 a 4 años para fabricantes, mayoristas e importadores, para propiedad industrial) podría ser un impulso definitivo para la consideración de estas conductas como graves y, por tanto, imprescindible para el empleo de técnicas de investigación para la lucha contra el crimen organizado, que hasta ahora los jueces son reacios a permitir, tales como la entrada y registro, escuchas telefónicas, etc.

No obstante, se mantienen las penas de multa o trabajos en beneficio de la comunidad atendiendo a las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, pensadas para el llamado top manta.


Autor: Transi Ruiz

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jueves, 13 de diciembre de 2012

Aprobado el Plan de Acción Aduanero de la UE durante los años 2013 y 2017 para combatir las infracciones de propiedad industrial e intelectual


El Consejo de la UE acaba de adoptar, por Resolución del pasado 10 de diciembre, el Plan de Acción Aduanero de la UE para combatir las infracciones de los derechos de propiedad industrial e intelectual durante los años 2013 y 2017. Un detallado mapa de ruta será preparado por la Comisión en cooperación con los Estados Miembros y se presentará al Consejo en primavera de 2013.

Los objetivos de este Plan de Acción son, básicamente, implementar y monitorizar eficazmente la nueva legislación de la UE sobre la protección por las aduanas de los derechos de propiedad industrial e intelectual; enfrentarse al comercio de productos infractores de esos derechos en toda la cadena internacional de suministros; enfrentarse a las principales tendencias en el comercio de dichos productos, en especial, las ventas por Internet; y estrechar la cooperación con el Observatorio Europeo sobre infracciones de propiedad industrial e intelectual y las autoridades encargadas de la persecución de dichas infracciones.



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martes, 11 de diciembre de 2012

Se aprueba el Real Decreto sobre la compensación equitativa por copia privada (canon)

El pasado sábado día 8 fue publicado el Real Decreto 1657/2012, que  tiene por objeto la regulación del procedimiento y los criterios objetivos para la determinación de la cuantía anual de la compensación equitativa por copia privada, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 



Para el cálculo de esta cantidad se tendrá en cuenta el "perjuicio efectivamente causado a los titulares de los derechos de propiedad intelectual", que será determinado con base en criterios tales como el número de copias realizadas, el impacto de la copia privada sobre la venta de ejemplares de las obras, el carácter analógico o digital de la reproducción, o la existencia de medidas tecnológicas sobre los soportes. El texto regula también el procedimiento de liquidación y pago a los perceptores de la compensación, que no difiere apenas del previsto en el régimen anterior. 

Este Real Decreto dota, por fin, de contenido a la previsión contenida en la Disposición Adicional 10ª del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, y deroga definitivamente el sistema de compensación establecido en el artículo 25 TRLPI, cuya financiación provenía de la recaudación que las entidades de gestión obtenían a través del gravamen de los dispositivos y soportes aptos para la reproducción.  



Autora: Patricia Mariscal Garrido-Falla

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jueves, 29 de noviembre de 2012

Novedades de la Patente Europea

El pasado 19 de noviembre, la Comisión Europea, el Consejo y la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo oficioso sobre los proyectos de creación de la patente europea con efectos unitarios y del Tribunal Unificado de Patentes en la UE. La votación definitiva de los instrumentos legislativos sobre los que se asentará  el nuevo marco legal tendrá lugar en el Parlamento Europeo el próximo 11 de diciembre.

España e Italia no participan en esta iniciativa de la UE porque entienden que la misma discrimina sus respectivas lenguas. De hecho, el mismo 11 de diciembre, el Abogado General hará públicas sus conclusiones en el recurso interpuesto por estos dos países ante el TJUE contra la Decisión del Consejo Europeo de 10 de marzo de 2011 por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria.


Autor: Enrique Armijo Chávarri

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viernes, 23 de noviembre de 2012

Incorporaciones recientes del Protocolo de Madrid para el registro internacional de marcas



Desde el 25 de julio y el 29 de agosto de 2012, es posible designar a Filipinas y Colombia respectivamente, a través del Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas, en virtud del Protocolo de Madrid.

Por su parte, Nueva Zelanda podrá ser también designada a partir del 10 de diciembre de 2012.

A la fecha, el número de países integrantes del Sistema de Madrid alcanza la cifra de 88 miembros y se espera que se sumen México -a principios del año 2013-, y que posteriormente lo haga Tailandia.

Serán tres los países iberoamericanos que permitan la protección de los derechos de marca a través del Sistema Internacional de Registro de Marcas: Cuba pertenece al Sistema de Madrid desde el año 1989, Colombia, recién incorporada y México que lo hará próximamente. 


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sábado, 27 de octubre de 2012

Sentencia del TJUE sobre la protección de las bases de datos.


El TJUE, en Sentencia de 18 de octubre de 2012, asunto C-173/11, ha resuelto una petición de decisión prejudicial procedente de Reino Unido planteada en el contexto de un litigio entre Football Dataco y otros (como supuestos titulares de un derecho sui generis sobre la base de datos denominada “Football Live”) y la compañía alemana Sportradar GmbH y su matriz suiza Sportradar AG (como titulares del sitio web betradar.es que difunde en directo los resultados y otras estadísticas referidas, entre otros, a los encuentros de fútbol de la liga inglesa).

La demanda interpuesta por Football Dataco y otros ante la High Court of Justice (England and Wales) sostiene que la copia de sus datos en el servidor de Sportradar y la posterior transmisión de éstos al público de Reino Unido supone una vulneración de su derecho sui generis mediante actos de extracción y/o reutilización. Sportradar, por su parte, alega que según la teoría de la “emisión”, un acto de transmisión sólo se realiza en el lugar de procedencia de los datos y, por tanto, los órganos jurisdiccionales de Reino Unido carecerían de competencia para conocer de los actos de vulneración de los que se le acusa.

La petición de decisión prejudicial tenía por objeto la interpretación del artículo 7 de la Directiva 96/9/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos, y de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal merecen ser destacados los siguientes extremos:

  • El concepto de “reutilización” contemplado este precepto comprende cualquier acto, no autorizado por el fabricante de la base de datos protegida por el derecho sui generis, que consista en difundir entre el público todo o parte de su contenido. 

  • La protección mediante el derecho sui generis prevista por la legislación de un  Estado Miembro estará limitada al territorio del mismo, de modo que la persona que se beneficia de esta protección sólo podrá invocarla frente a actos de reutilización no autorizados que hayan tenido lugar en ese territorio.

  • Se considerará que un acto de reutilización tiene lugar en un determinado Estado Miembro cuando existan indicios que permitan concluir que tal acto pone de manifiesto la intención de su autor de dirigirse al público de dicho estado. El TJUE rechaza que el territorio en el que se encuentra el servidor sea el único criterio relevante a la hora de localizar los actos de reutilización.


Autor: Ana Sanz 

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viernes, 26 de octubre de 2012

La Dirección General de Salud y Consumo de la Comisión Europea abre el periodo de consulta destinado a elegir un logo común para la venta Online de Productos Farmacéuticos


El pasado 17 de Octubre de 2012, la Dirección General de Salud y Consumo de la Comisión Europea publicó el Acta de implementación de un logo común para operar de forma legal en los servicios de venta Online de productos farmacéuticos para uso humano, completando así las líneas básicas delimitadas por el Parlamento y el Consejo de la UE en la Directiva 2011/62 para la lucha contra la venta Online de falsificaciones de productos farmacéuticos. 

En este sentido, la Directiva 2011/62 introduce la necesidad de la inclusión de un logo común en aquellas páginas web dedicadas a la venta Online de productos farmacéuticos. Para ello, la Dirección General de Salud y Consumo de la Comisión Europea ha sometido a votación dos propuestas de logo, siendo éstas las siguientes (sin perjuicio de aceptar alternativas enviadas por parte de terceros interesados):

Opción 1

Opción 2


Asimismo, la mencionada Acta ha determinado la necesidad de acompañar dicho logo con un elemento que identifique el Estado Miembro donde el vendedor tenga su establecimiento, así como la posibilidad de que un texto acompañe dicho logo para garantizar a los consumidores que el sitio web en cuestión es un establecimiento legal y autorizado por la Unión Europea para vender productos farmacéuticos a través de Internet. Para ello, el logo deberá estar enlazado a una página oficial en la que aparezca un listado de los establecimientos autorizados por la Unión Europea y que certificará que dicho establecimiento opera bajo la legalidad comunitaria.

Opción 1


Opción 2


En definitiva, resulta por tanto evidente que, mediante la presente Acta, la Comisión Europea acierta fomentando por un lado el incremento de la lucha contra la falsificación y la piratería dentro del sector farmacéutico y por otro, la salvaguarda de los derechos de los consumidores y usuarios mediante la creación de un marco normativo que dote de mayor seguridad jurídica, fomentando con ello el auge del comercio electrónico en dicho sector.

El periodo para votar la propuesta de los logos finaliza el próximo 17 de Enero de 2013, por lo que los interesados deberán proceder antes de la finalización de la mencionada fecha.



Autor: Manuel Mínguez 

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jueves, 18 de octubre de 2012

El TJUE modifica su marco procesal de actuación para agilizar los procedimientos judiciales


El pasado 25 de septiembre el TJUE modificó su Reglamento de Procedimiento

En el futuro el TJUE podrá: 

(i) limitar la longitud de los escritos de alegaciones de las partes; 
(ii) resolver los asuntos mediante auto motivado; 
(iii) prescindir de la fase oral en aquellos casos en los que sea posible resolver la disputa sobre la base de las observaciones de las partes; 
(iv) limitar el ámbito material de la vista; y 
(v) ampliar las facultades de acumulación de los asuntos en fase oral, e incluso prescindir del informé para la vista. 

En materia prejudicial, el Reglamento establece los requisitos mínimos para poder articular la petición de decisión prejudicial e introduce salvaguardas para proteger la privacidad de las partes litigantes.

Estos cambios están en línea con el marco procesal de actuación del TG y serán de aplicación a partir de noviembre de 2012.


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lunes, 1 de octubre de 2012

El Plan Estratégico de Cultura y el Derecho de Autor


A raíz de su presentación al Parlamento en septiembre pasado, la Secretaría de Estado de Cultura ha hecho público su Plan Estratégico para 2012-2015. El Plan comprende nada menos que 72 objetivos estratégicos agrupados en 5 categorías. Sólo 3 de ellos (ay!) aluden a la "propiedad intelectual".




Los objetivos, además, no dejan de ser tan ambiguos como contradictorios. Por ejemplo, el Plan propone al mismo tiempo fortalecer legalmente la "vía jurisiccional" como cauce para la defensa de la propiedad intelectual en Internet, pero también reforzar los medios y las posibilidades de actuación de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. ¿En qué quedamos? El Plan alude al objetivo de adaptar el modelo de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, haciendolo más justo, equitativo e impulsor de la cultura en la Red, pero sólo concreta como proyecto regular las diferentes facultades de las administraciones públicas en relación con el "control" de las entidades de gestión. Y el Plan se refiere por último al propósito de actualizar los límites y excepciones a los derechos, proponiendo una nueva regulación que adecúe la nueva realidad digital al equilibrio entre la protección del autor y la protección del interés general.

Cualquiera podría interpretar de este Plan Estratégico que toda la preocupación del Gobierno en materia de propiedad intelectual para esta legislatura estriba, por tanto, en mantener el apoyo al sitema "Sinde" resolución de conflictos en Internet, en aumentar el control sobre las entidades de gestión y en limitar todavía más los derechos de la propiedad intelectual. Esperemos que se trate de un error de apreciación.

 

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miércoles, 12 de septiembre de 2012

La Información S.A. (editora de Diario de Navarra) recupera el dominio lainformacion.es

La entidad pública Red.es, que gestiona los nombres de dominio españoles, ha ejecutado recientemente la decisión de la OMPI que ordenó la transferencia del nombre de dominio <lainformacion.es> a favor de La Información, S.A. (empresa editora de Diario de Navarra), tras desestimar los tribunales de Pamplona la demanda judicial interpuesta posteriormente por el anterior titular del dominio.


La decisión firmada por el experto de la OMPI Luis H. de Larramendi (socio de la firma Elzaburu) había estimado la demanda extrajudicial planteada por la empresa editora frente al anterior titular del nombre de dominio, Ecija & Asociados Abogados. Tras ser privado del nombre de dominio <lainformacion.es>, Ecija planteó una demanda reivindicando de nuevo la propiedad sobre dicho dominio ante los tribunales navarros, quienes desestimaron su pretensión. En la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra se reconoce el derecho de La Información, S.A. sobre el nombre de dominio al considerar plenamente válidas las marcas y nombre comercial en las que basó la reclamación extrajudicial ante la OMPI. Sin embargo, el Tribunal deja claro en su sentencia que no resulta competente para revisar directamente la decisión dictada por la OMPI ni su adecuación al reglamento que la regula, sino únicamente para juzgar los supuestos derechos esgrimidos durante el procedimiento judicial por el anterior titular del nombre de dominio.



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viernes, 10 de agosto de 2012

La Comisión Europea confirma su intención de formalizar un acuerdo internacional para la defensa del derecho al acceso al conocimiento de las personas con deficiencia visual





Con ocasión  de la última reunión del Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos (SCCR), el Comisario encargado del Mercado Interior, Michel Barnier, manifestó formalmente su voluntad de promover un acuerdo internacional con el fin de garantizar los derechos de las personas invidentes en el ámbito del derecho de autor. El objetivo de dicho acuerdo será garantizar que el acceso al conocimiento por parte de dicho colectivo se produzca de manera equitativa con el resto de la sociedad, tanto en tiempo, cantidad y precio.  


En la actualidad solo el 5% de las publicaciones están adaptadas a formatos accesibles a personas ciegas o con deficiencia visual, mientras que las personas ciegas o deficientes visuales en todo el mundo suman alrededor de los 285 millones de personas. A nivel europeo, la Directiva No. 2001/29/CE sobre Derechos de Autor, establece las excepciones para los derechos de comunicación y de reproducción al público en beneficio de las personas con minusvalía, sin embargo, dichas medidas no son eficaces en tanto en cuanto el resto de los estados no equiparen los tipos de minusvalías, y garanticen de manera equitativa los derechos de las personas ciegas y con discapacidad visual.

El Comisario se propone convocar una conferencia diplomática para abordar este tema en 2013.


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lunes, 6 de agosto de 2012

TJUE - Exigencia de establecimiento efectivo en la UE como requisito para acceder al registro de un dominio <.eu>

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a raíz de una  interesante cuestión prejudicial (caso C-376/11), se ha pronunciado recientemente sobre la posible validez de un contrato de licencia  de marca – otorgado por una sociedad sin establecimiento en la UE y con el único objeto de registrar un nombre de dominio <.eu> – como fundamento para acceder al registro de un nombre de dominio durante la fase preferencial o “sunrise period” establecida a tal fin.

En el presente caso, Walsh Optical Inc., compañía norteamericana sin establecimiento en la UE,  otorgó a la firma Bureau Gevers un contrato de licencia sobre su registro de marca de Benelux “Lensworld” con el objeto de que esta última solicitara el registro del nombre de dominio <lensworld.eu>. Además de dicho objeto,  el contrato únicamente determinaba los derechos y obligaciones de cada una de las partes durante el contrato y el procedimiento por el cual debía tener lugar la  transferencia del dominio al licenciante o a la persona designada por éste.

Asimismo, Pie Optiek S.R.L., empresa belga titular de una  marca figurativa «Lensworld» en Benelux, solicitó el registro del nombre de dominio <lensworld.eu> durante esta fase preferencial, denegando EURID (entidad encargada de la gestión del dominio  <.eu>) su petición como resultado de la previamente realizada por Bureau Gevers. Frente a dicha denegación,  Pie Optiek S.R.L. interpuso una acción ante el Tribunal Arbitral de la República Checa alegando el registro especulativo y abusivo del nombre de dominio por parte de Bureau Gevers.

En este contexto, la Cour d’appel de Bruxelles, órgano jurisdiccional que conoció del asunto tras la desestimación de las acciones previamente interpuestas por Pie Optiek S.R.L., solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la definición del concepto “licenciatario legitimado” para solicitar un dominio durante la durante la fase preferencial o “sunrise period”.
De conformidad con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al no presentar el contrato suscrito entre Walsh Optical Inc y Bureau Gevers las condiciones esenciales de un contrato de licencia, especialmente el derecho del licenciatario a explotar económicamente la marca licenciada, no debería considerarse el mismo suficiente fundamento para permitir a Bureau Gevers acceder al registro del dominio <.eu>. Asimismo, recodando la voluntad del legislador de que únicamente las empresas u organizaciones establecidas en la Unión Europea pudieran solicitar el registro de un dominio <.eu>, no debería un titular de un derecho anterior que dispone de la plena titularidad de dicho derecho, pero no cumple el criterio de presencia en el territorio de la Unión, obtener un nombre de dominio <.eu> en su favor a través de una persona que cumple dicho criterio de presencia pero no dispone, ni siquiera parcial o temporalmente, de dicho derecho, debiendo así revocarse el nombre de dominio <lensworld.eu> otorgado a Bureau Gevers.
Dadas las especiales circunstancias del caso, esta cuestión prejudicial tendrá un alcance limitado, aunque indudablemente resultará de interés para casos con circunstancias análogas a éste.


Autor: Francisco Salamero

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jueves, 19 de julio de 2012

El TJUE clarifica el marco de actuación de la OAMI en los procedimientos de oposición basados en marcas nacionales

El TJUE en sentencia de 24 de mayo de 2012 (asunto C-196/11), ha estimado el recurso de casación interpuesto por Formula One Licensing B.V. contra la sentencia del Tribunal General que rechazó la oposición formulada por la compañía holandesa sobre la base de sus marcas nacionales y comunitarias en torno al elemento F1 contra la solicitud de la marca figurativa F1-LIVE cursada por la compañía Global Sports Media Ltd.



El Tribunal General entendió que la coincidencia del elemento denominativo F1 en las marcas enfrentadas no bastaba para generar un riesgo de confusión en el público por cuanto que dicho elemento se percibiría como descriptivo en la marca solicitada. El TJUE casa ahora la sentencia del Tribunal General y admite la tesis de la recurrente de que el entendimiento por la OAMI y por el Tribunal General de que el elemento F1 se percibirá como una referencia genérica, equivale a una anulación de facto de las marcas nacionales F1. El TJUE declara en particular, que el examen por la OAMI de la percepción por el público relevante de las marcas enfrentadas no puede en ningún caso desembocar en la declaración de falta de carácter distintivo de un signo idéntico a una marca nacional anterior por cuanto que ello sería incompatible con el principio de coexistencia de marcas comunitarias y marcas nacionales y con el art. 8.1(b) del Reglamento de Marca Comunitaria.

Todo ello lleva al TJUE a anular la sentencia recurrida y a devolver el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre la oposición, sin partir de la supuesta falta de carácter distintivo del elemento F1 presente en las marcas anteriores.

Autor: Enrique Armijo Chávarri

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miércoles, 18 de julio de 2012

AmChamSpain publica el Position Paper "Spain 2020 y la Propiedad Intelectual e Industrial: El respeto de la innovación, garantía de futuro"

El Comité de Innovación y Propiedad Intelectual e industrial de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain), del que forma parte ELZABURU junto con otras dieciséis empresas, acaba de publicar un interesantísimo "Position Paper" titulado "Spain 2020 y la Propiedad Intelectual e Industrial: El respeto de la innovación, garantía de futuro"

El Comité subraya la relevancia de la tutela de la innovación, recuerda las recomendaciones presentadas en noviembre de 2010 en el documento "Spain 2020: 25 propuestas para una economía más competitiva, productiva e internacionalizada en esta década" y ofrece en este nuevo documento una serie de propuestas constructivas con el objetivo de acompañar a España en su salida de la crisis de manera que el país recupere cuanto antes una senda sólida de crecimiento.

Autor: Elisa Prieto

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martes, 17 de julio de 2012

Nueva sentencia del TJUE en derechos de autor. Programas de ordenador e Internet


El TJUE, en Sentencia de 3 de julio de 2002, asunto UsedSoft-Oracle (C-128/11), ha resuelto una petición de decisión prejudicial procedente de Alemania que fue planteada en el contexto de un litigio entre Oracle (como titular de derechos sobre programas de ordenador) y la compañía UsedSoft (como empresa comercializadora de licencias de segunda mano o de uso relativas a esos programas). UsedSoft había ofertado «promociones especiales Oracle», en el marco de las cuales ponía en venta licencias «ya utilizadas» relativas a los programas de ordenador de Oracle. Los clientes de UsedSoft que aún no disponían del programa de ordenador de Oracle descargaban directamente de la página web de Oracle, tras haber adquirido una de estas licencias de segunda mano, una copia del programa.


Son muchas y muy interesantes las cuestiones que suscita esta sentencia, pero la conclusión del tribunal se decanta a favor del agotamiento del derecho: en caso de reventa de una licencia de uso que comporte la reventa de una copia de un programa de ordenador descargada de la página web del titular de los derechos de autor, licencia que había sido concedida inicialmente al primer adquirente por dicho titular sin limite de duración a cambio del pago de un precio que permitía a este último obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de su obra, el segundo adquirente de tal licencia, así como todo adquirente posterior de la misma, podrá invocar el agotamiento del derecho de distribución.

Autor: Antonio Castán

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lunes, 16 de julio de 2012

Refuerzo a las posibilidades procesales de actuación de los titulares de patentes europeas al amparo del Reglamento (CE) nº 44/2001

Hemos conocido por nuestro buen amigo Aurelio López-Tarruella que el TJUE en sentencia de 12 de julio de 2012 dictada en  respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por los órganos jurisdiccionales holandeses en el marco de una acción por violación de una patente europea frente a varios demandados  (asunto C-616/10), ha clarificado el alcance de los arts. 6.1, 22.4 y 31 del Reglamento nº 44/2001 relativo a la competencia judicial en el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Hay dos aspectos de esta sentencia que merecen destacarse:

Primero, el TJUE admite la aplicación de la regla especial de competencia prevista en el art. 6.1 del Reglamento nº 44/2001 frente a la regla de competencia general relativa al foro correspondiente al domicilio del demandado. Para el TJUE el hecho de que conforme al art. 64 del CPE las acciones por violación de la patente europea deban enjuiciarse conforme a las normativas nacionales, no es óbice para que el juez nacional pueda entender que existe un vinculo de conexión entre las diferentes demandas presentadas ante él a los efectos de la entrada en juego del art. 6.1 del Reglamento comunitario citado.

Segundo, el TJUE confirma que en el contexto de una acción por violación de una patente europea en la que se plantea incidentalmente la invalidez de la referida patente como excepción a la adopción de una medida cautelar/provisional, el art. 22.4 del Reglamento CE nº 44/2001 (relativo a la competencia en cuanto al fondo) no será obstáculo a la entrada en juego del art. 31 del citado Reglamento (relativo a la competencia judicial incidental). El TJUE corrobora que ambos preceptos regulan situaciones distintas y tienen ámbitos de aplicación diferentes. El TJUE admite, en todo caso, que el juez que conoce incidentalmente del asunto pueda negarse a adoptar la medida provisional/cautelar si considera que existe una posibilidad razonable de que la patente base de la acción sea eventualmente anulada por el tribunal competente.

Autor: Enrique Armijo Chávarri

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viernes, 13 de julio de 2012

La Comisión propone el 11 de julio de 2012 una Directiva para modernizar la gestión colectiva de los derechos de autor y facilitar la concesión de licencias multi-territoriales para la utilización de obras musicales en línea

Tras no pocos años de trabajos que comenzaron con el Public Hearing que tuvo lugar en Bruselas los días 13 y 14 de noviembre de 2000 y siguieron con la Comunicación de la Comisión de 16 de abril de 2004 sobre “La gestión de los derechos de autor y derechos afines en el mercado interior” (COM 2004, 261 final), la Consulta a más de ochenta organizaciones iniciada poco después, el Estudio de la Comisión publicado el 7 de julio de 2005 que proponía una iniciativa comunitaria en la gestión colectiva transfronteriza de derechos de autor, la Recomendación correspondiente publicada el 21 de octubre de 2005 y el Public Hearing de 23 de abril de 2010, finalmente la Comisión acaba de presentar una propuesta de Directiva el día 11 de julio de 2012.


La propuesta persigue dos objetivos complementarios: por una parte, fomentar una mayor transparencia y una mejor gobernanza de las entidades de gestión colectiva mediante el reforzamiento de sus obligaciones de información y el control de sus actividades por los titulares de derechos, con objeto de crear incentivos para la prestación de servicios más innovadores y de mejor calidad; por otra, alentar y facilitar la concesión de licencias multiterritoriales y multirrepertorio de los derechos de autores de obras musicales para su utilización en línea en el territorio del mercado interior. Aunque le queda todavía mucho recorrido institucional por el Consejo y el Parlamento hasta ser adoptada, debemos saludar esta iniciativa tan relevante para el futuro tanto de las entidades de gestión cuanto de las licencias multi-territoriales de obras musicales en línea.

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jueves, 12 de julio de 2012

Parlamento Europeo y Consejo, a la greña con la patente europea con efecto unitario. Siguiente capítulo, en septiembre de 2012

Ayer martes 10 de julio hubo debate animado en el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Se trataba de evaluar la sugerencia del Consejo Europeo de 29 de junio de suprimir los artículos 6 a 8 de la "Propuesta de Reglamento por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria": en una palabra, quitarle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la posibilidad de interpretar con carácter uniforme el corazón del derecho de patentes, es decir, el derecho a impedir el uso directo o indirecto de la invención y los límites de la patente. Pues bien, la mayor parte de los diputados europeos se manifestaron claramente contrarios a esta supresión, consideraron que era una violación del proceso legislativo ordinario y decidieron reenviar el tema a la Comisión y al servicio jurídico del Parlamento. Más noticias, a partir de septiembre. 
Tras el fiasco provocado por el Dictamen 1/09 del Tribunal de Justicia en marzo de 2011, la Comisión propuso el 26 de mayo de 2011 reorientar los trabajos a partir de tres instrumentos jurídicos que constituyen un solo paquete y que deben ser adoptados por los veinticinco Estados miembros participantes en la cooperación reforzada, España e Italia excluidas: un Reglamento sobre la creación de protección mediante una patente unitaria, otro Reglamento limitado a las disposiciones sobre traducción y un Acuerdo internacional destinado a crear un sistema unificado de solución de litigios con un Tribunal unificado de patentes.

El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un “acuerdo político” el 5 de diciembre de 2011 quedando sólo por resolver una cuestión, a saber, la localización de la sede del nuevo Tribunal. Dado que el Consejo anunció que una solución podría ser adoptada a finales de junio de 2012, el Parlamento decidió esperar y someter el acuerdo político a votación en Primera lectura en el pleno del 4 de julio. Efectivamente, el Consejo Europeo anunció el 29 de junio que un acuerdo “a lo belga” había sido alcanzado (sede en París, salas especializadas en Londres y en Munich), pero que ello debería implicar la supresión de los artículos 6 a 8 del Reglamento base, tal como vienen demandando insistentemente desde hace tiempo los profesionales ingleses, alemanes y franceses y el Parlamento del Reino Unido en su informe publicado el 3 de mayo de 2012, con el argumento de que el Tribunal de Justicia no es un órgano especializado y que su intervención no hará sino encarecer y retrasar los procedimientos de infracción y de nulidad .

El Parlamento decidió el día 2 de julio no someter a votación el paquete el día 4 y convocar al Comité de Asuntos Jurídicos para ayer día 10. El resultado es conocido, aunque no podemos aún valorar si ello implica, en el contexto del juego de la oca, caer en el laberinto de la casilla 42, que reenvía a los jugadores a la 30 (es decir, un regreso de meses), o, lo que es peor, hacerlo en el pozo de la casilla 31 (es decir, esperar otros tres años a que alguien rescate el proyecto). En todo caso, cada día parecemás evidente que, tras cuarenta años de negociaciones, estamos en esta materia ante un singular ejercicio de "descafeinización" del proceso de construcción europea y de abandono de la convicción de que la propiedad industrial es uno de los elementos clave para la consolidación del mercado interior.


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miércoles, 11 de julio de 2012

La nueva partida presupuestaria por copia privada confirmada en los Presupuestos Generales del Estado


El día 30 de junio de 2012 el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, en la que se incluye la enmienda aprobada dos días antes por el Senado por la que se acuerda la inclusión de una partida de cinco millones de euros para la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esta partida, según reconoce José María Lassalle, Secretario de Estado de Cultura, viene a compensar de algún modo la supresión del conocido "canon digital" el pasado mes de diciembre de 2011.

Más allá de cualquier valoración al respecto, cabría recordar que en la célebre (y anulada) Orden de 2008 el perjuicio anual por la copia privada había sido cuantificado (por muy discutible que fuera el dato) en 37 millones de euros (para los libros) y 80 millones (para los fonogramas y audiovisual), lo que arrojaba una cifra total de casi 120 millones de euros.

Parece claro que la austeridad presupuestaria, como no podía ser de otra forma, también afecta a los titulares de derechos de propiedad intelectual, que cuatro años después han visto cómo los 120 millones de 2008 han menguado a nada más que 5.

Autor: Francisco Marín

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lunes, 2 de julio de 2012

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de junio de 2012 en el asunto IP TRANSLATOR revoluciona el mundo de las marcas

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de indicar en el caso "IP TRANSLATOR" (C-307-10) que si se desea proteger todos los servicios o productos de una determinada clase del Nomenclator Internacional de productos y servicios (Arreglo de Niza) mediante la indicación del enunciado general de la clase correspondiente, debe hacerse una indicación expresa al respecto a la hora de solicitar una marca en la UE. De no hacerlo, la marca protegería sólo lo que literalmente significa el enunciado general.  (*)

La sentencia, de fecha 20 de Junio, ha provocado la inmediata reacción de la OAMI, que con la Comunicación del Presidente no. 2/12, que obliga a los solicitantes de marcas comunitarias a hacer esa indicación expresa en caso de que se desee proteger todos los productos y servicios en una clase determinada, en todas las solicitudes presentadas desde el día 21 de Junio pasado.

Nuestra firma, siguiendo la tradición de proteger los intereses de los clientes, ha reaccionado de inmediato y desde esa fecha (21 de Junio de 2012), todas las solicitudes que contienen el enunciado general de una clase del Nomenclator llevan esa indicación expresa al objeto de proteger todo lo incluible en esa clase determinada.

También  desde ese día todas nuestras solicitudes españolas también llevan esa indicación para proteger todo lo incluible en esa clase, salvo que en la orden de presentación se indique lo contrario.


( *) Por ejemplo, como ocurrió en el caso de la sentencia que comentamos, los "servicios de traducción" no quedarían protegidos si se solicita el enunciado general sin hacer la indicación expresa de que se desea proteger todo lo incluible en la clase 41, cuyo enunciado general es "Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales".

Autor: Ramón Cañizares

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viernes, 25 de mayo de 2012

España fuera de la ignominiosa Watch List en materia de piratería comercial

Todos los años por estas fechas muchos países se ven sometidos a una suerte de juicio universal  en relación con sus índices de piratería. La publicación del Informe Especial 301 del Departamento de Comercio estadounidense constituye un verdadero termómetro para medir la eficacia de la acción de los Gobiernos en la lucha contra esta lacra. Duele decir que España se encontraba desde 2008 en la Watch List  o lista negra de países con peores índices de piratería de toda Europa. Y ahí permanecía nuestro país hasta la reciente publicación el pasado 30 de abril del nuevo Informe anual 2012.

España ha dejado de tener el dudoso honor de estar incluido en la mencionada lista gracias al reconocido esfuerzo efectuado tras la aprobación en 2011 de la llamada Ley Sinde y la puesta en marcha recientemente del sistema cautelar instaurado para la persecución de la piratería on-line a través de la Comisión de Propiedad Intelectual. Este esfuerzo tiene aún más mérito, si cabe, tras comprobar que otros países europeos de nuestro entorno siguen incluidos en la lista de vigilancia.

Aunque las duras críticas de los anteriores informes estadounidenses sobre la pasividad del Gobierno español para resolver el problema de piratería en la Red no han sido eliminadas completamente, el nuevo Informe Especial 301 aplaude las rápidas medidas tomadas por España . Aún así el Informe advierte que  en la práctica se observa todavía una cierta relajación en la persecución de los delitos contra la Propiedad Intelectual en Internet por parte de la Policía y de los propios jueces

El informe se refiere esencialmente a la situación de la piratería en propiedad intelectual. Sin embargo el balance que ofrece de la situación en España puede extrapolarse a los supuestos de falsificación de marcas, que tantos rasgos comunes presentan al respecto.

Aunque es pronto para echar las campanas al vuelo y es  mucho el camino que queda por recorrer, España puede presumir por ahora de su bajada del podium de la piratería.


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jueves, 26 de abril de 2012

Cruz Roja vence a Mistol

Ningún particular, empresa, organismo o artículo comercial puede utilizar como símbolo una cruz roja sobre fondo blanco. Así lo recuerda el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una sentencia que desestima el recurso de Henkel Ibérica, dueña de la marca de lavavajillas Mistol, contra una resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó a esta compañía el uso de un sello idéntico en color y forma al que utiliza Cruz Roja como emblema. El fallo considera que tal uso puede confundir a los consumidores al hacerles creer que el producto está asociado o avalado por la institución humanitaria.

En el año 2006, Henkel lanzó al mercado un nuevo producto de su gama de lavavajillas Mistol cuyo etiquetado contenía una cruz roja sobre fondo blanco. En un primer momento la Oficina de Patentes concedió la inscripción de la marca, pero Cruz Roja impugnó la decisión y el caso acabó en el Tribunal Superior de Madrid. Para evitar polémicas mientras se resolvía el conflicto, en 2007 la compañía decidió invertir los colores del sello -pasó a ser una cruz blanca sobre fondo rojo-, y así es como sigue presentándose actualmente.




Miguel Ángel Medina, abogado de despacho ELZABURU que ha actuado en representación de Cruz Roja, destaca la trascendencia del fallo. “El símbolo de la institución, que inconscientemente los consumidores asocian siempre con acciones humanitarias y sanitarias, se usa en muchas ocasiones de forma deliberada para transferir estos valores a un producto o un servicio. Es importante frenar estos intentos, y también que los ciudadanos entiendan que una cruz roja no es un emblema genérico que pueda usarse para cualquier cosa médica, clínica o higiénica. Si se vulgariza, perderá su eficacia, vital en espacios tan críticos como las zonas de guerra”, subraya Medina.

Un portavoz de Henkel España asegura que en ningún momento se quiso asociar el producto con la Cruz Roja, sino que se decidió adoptar ese signo porque se utiliza habitualmente como símbolo de higiene. La sentencia del Tribunal Superior de Madrid puede ser recurrido ante el Supremo, pero la compañía ha decidido aceptar el fallo porque considera que el símbolo inverso ha funcionado bien y no vale la pena seguir recurriendo.

Autor: EL PAIS

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ALICANTE AL HABLA: Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de enero de 2012 en el asunto (C-53/11 P) "R10"

En un interesante caso en el que se analizan aspectos procedimentales de las oposiciones y recursos ante la OAMI, Nike International Ltd (Nike) presentó oposición contra la solicitud de Marca Comunitaria "R 10" presentada por D. Aurelio Muñoz (Sr. Muñoz). 

Se da la circunstancia de que con frecuencia los seguidores de fútbol se refieren a los jugadores estrella mediante la unión de la inicial del nombre del juzgador y el número de su camiseta. Entre los años 2003 y 2008, Ronaldinho fue jugador estrella del FC Barcelona, con el núm. 10.


Por este motivo, los propietarios de los derechos del jugador presentaron en oposición contra la solicitud de Marca Comunitaria, con base en un derecho de marca no registrada. Posteriormente, estos derechos fueron transferidos a Nike, que se subrogó como nuevo oponente.

La división de reposición de la OAMI desestimó la oposición porque el nuevo oponente no substanció dentro del plazo oportuno que era el nuevo propietario del derecho que fundamentó la oposición. Posteriormente, la sala de recurso de la OAMI declaró inadmisible el recurso presentado por el Sr. Muñoz porque Nike no había demostrado en el procedimiento de oposición su condición de parte en el procedimiento, por lo tanto, no estaba facultado para interponer recurso.

El Sr. Muñoz acudió al Tribunal General, y éste anuló la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI, debido a que los Reglamentos de Marca Comunitaria no contienen una disposición legal expresa relativa a la prueba de la cesión del derecho anterior invocado en apoyo de una oposición. En estas circunstancias, el Tribunal General indicó en su sentencia que las directrices relativas a los procedimientos ante la OAMI deben ser respetadas ante la ausencia de norma legal. Se da la circunstancia de que en dichas directrices, se establece que si el nuevo titular del derecho anterior informa a la OAMI acerca de la cesión pero no aporta suficientes pruebas al respecto, el procedimiento de oposición debe suspenderse para conceder de nuevo al oponente un plazo de dos meses para presentar las pruebas de la cesión.

Sin embargo, la OAMI recurrió la sentencia del Tribunal General, acudiendo al Tribunal de Justicia. En esta última instancia, el Tribunal de Justicia anuló la Sentencia del Tribunal General porque entendió que sí existe una norma legal que regula la cuestión suscitada (regla 49 del Reglamento de ejecucion), por lo que no se debió acudir a aplicaciones analógicas de otros artículos, ni a las directrices de la OAMI.

La conclusión que podemos sacar de todo esto es que es imperativo que las directrices de la OAMI no contradigan lo estipulado en los Reglamentos, ni se aparten de la práctica real aplicada por los examinadores de dicha Oficina, ya que es una herramienta diaria y fundamental para todo el que pretende ser un experto en procedimientos de Marca Comunitaria.


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