miércoles, 26 de diciembre de 2012

Una vuelta de tuerca a la caducidad de marcas por falta de uso: la Sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2012 en el Caso Leno.


La exigencia de uso de la marca comunitaria y su extensión territorial sigue suscitando no pocas controversias. Una reciente Sentencia del TJUE (caso C-149/11) ha venido a proclamar, con cierta solemnidad, que para valorar el requisito del uso efectivo en la Comunidad de una marca comunitaria a efectos de caducidad "debe prescindirse de las fronteras de los Estados miembros". Esta declaración tan rotunda, sin embargo, no resuelve todas las incógnitas.

El caso pone de nuevo sobre el tapete la vieja cuestión de si el uso de una marca en un solo Estado miembro (en este caso, los Países Bajos) es suficiente para cumplir el requisito del "uso efectivo en la Comunidad". La cuestión prejudicial trae causa de un procedimiento de oposición ante la Oficina del Benelux en el que se exigió prueba de uso a la parte oponente, pero ya se comprende que la doctrina que encierra la sentencia es aplicable a acciones de caducidad ante la OAMI o reconvenciones de caducidad frente a acciones por violación basadas en marcas comunitarias.

El Tribunal descarta explicitamente, por no constituir actos jurídicos vinculantes, tanto las Directrices de la OAMI como cierta Declaración conjunta que se decantaba por aceptar que el uso en un solo país constituye uso efectivo en la Comunidad. Pero tampoco lo hace para apartarse totalmente de este criterio. La sentencia admite que la marca comunitaria, al gozar de una protección más amplia, debería ser utilizada en un territorio "más vasto que el de un solo Estado miembro", pero añade inmediatamente que no puede excluirse que en determinadas circunstancias el mercado de los productos y servicios para los que la marca se ha registrado "pueda circunscribirse al territorio de un solo Estado". 

A la postre el Tribunal se decanta por huir de una norma de minimis; confiesa que es imposible determinar a priori de un modo abstracto la extensión territorial exigible; y delega en el juez nacional la apreciación del carácter efectivo del uso, a la luz del conjunto de hechos y circunstancias de cada cada caso concreto. Según la Sentencia, será necesario demostrar "que la explotación comercial de dicha marca permite obtener o conservar cuotas de mercado para los productos o servicios para los que ha sido registrada", atendiendo al respecto a las caracterísitcas del mercado, la naturaleza de los productos, el ámbito territorial del uso, su extensión cuantitativa o su frecuencia y regularidad. 

Se abre la ocasión ahora para extraer las consecuencias que se infieren de la sentencia y revisar estrategias a propósito de la siempre delicada tarea de optar entre las marcas nacionales y las comunitarias, no sólo a efectos de presentar oposición sino de mantener las propias carteras.



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La OMPI convoca Conferencia Diplomática para adoptar un Tratado sobre límites al derecho de autor en favor de los discapacitados visuales


El pasado día 18 la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual convocó, en Asamblea General, una Conferencia Diplomática para junio del próximo año, cuyo mandato principal es negociar y adoptar un Tratado en el que se regulen los límites y excepciones al Derecho de autor para facilitar el acceso a obras protegidas a millones de ciegos y discapacitados visuales.

Actualmente sólo algunos países prevén limitaciones específicas en su legislación en favor de discapacitados visuales, limitándose la mayoría a establecer excepciones al Derecho de autor que benefician a personas discapacitas en general, sin especificar el tipo de minusvalía (así, por ejemplo, nuestro artículo 31 bis, apartado 2º TRLPI). En el plano internacional, el vacío jurídico es aún mayor, puesto que ningún Tratado contempla este tipo de límites. Con este proyecto, se calcula que alrededor de 300 millones de ciegos o personas con discapacidad visual saldrán beneficiados en todo el mundo, y de forma especial, aquellos que habitan en los países menos desarrollados. El futuro Tratado pretende así hacer efectivos para este colectivo los derechos de no discriminación, igualdad de oportunidades, accesibilidad, participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El texto del proyecto impone a los Estados firmantes la obligación de facilitar a los discapacitados visuales la disponibilidad de obras en formato accesible, lo que implica una limitación de los derechos de reproducción, distribución, interpretación, traducción y puesta a disposición del público de los titulares (cfr. artículo C del Proyecto).  La conversión de las obras en formato accesible (Braille, imprentas grandes, formatos de audio y otros) será llevada a cabo por entidades autorizadas, que deberán suministrar los ejemplares a los beneficiarios, así como facilitar el intercambio de obras con entidades de otros países. La forma en que ese intercambio tenga lugar, así como el establecimiento de parámetros que permitan determinar qué se entiende por distribución de las obras <<a precio razonable>> en los diferentes países, son puntos que han de ser discutidos en la Conferencia del próximo junio.



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viernes, 21 de diciembre de 2012

Anteproyecto de reforma del Código Penal 2012


El anteproyecto de Reforma del Código Penal aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre, está, actualmente, siendo objeto de informe por parte del CGPJ. Entre las medidas más novedosas se encuentra la reforma de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

En la propia Exposición de Motivos del texto se muestra la necesidad de distinción entre responsabilidad penal de importadores y distribuidores mayoristas y la responsabilidad de distribuidores minoristas y vendedores (ambulantes).

El aumento de penas (prisión de 1 a 4 años para fabricantes, mayoristas e importadores, para propiedad industrial) podría ser un impulso definitivo para la consideración de estas conductas como graves y, por tanto, imprescindible para el empleo de técnicas de investigación para la lucha contra el crimen organizado, que hasta ahora los jueces son reacios a permitir, tales como la entrada y registro, escuchas telefónicas, etc.

No obstante, se mantienen las penas de multa o trabajos en beneficio de la comunidad atendiendo a las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, pensadas para el llamado top manta.


Autor: Transi Ruiz

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jueves, 13 de diciembre de 2012

Aprobado el Plan de Acción Aduanero de la UE durante los años 2013 y 2017 para combatir las infracciones de propiedad industrial e intelectual


El Consejo de la UE acaba de adoptar, por Resolución del pasado 10 de diciembre, el Plan de Acción Aduanero de la UE para combatir las infracciones de los derechos de propiedad industrial e intelectual durante los años 2013 y 2017. Un detallado mapa de ruta será preparado por la Comisión en cooperación con los Estados Miembros y se presentará al Consejo en primavera de 2013.

Los objetivos de este Plan de Acción son, básicamente, implementar y monitorizar eficazmente la nueva legislación de la UE sobre la protección por las aduanas de los derechos de propiedad industrial e intelectual; enfrentarse al comercio de productos infractores de esos derechos en toda la cadena internacional de suministros; enfrentarse a las principales tendencias en el comercio de dichos productos, en especial, las ventas por Internet; y estrechar la cooperación con el Observatorio Europeo sobre infracciones de propiedad industrial e intelectual y las autoridades encargadas de la persecución de dichas infracciones.



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martes, 11 de diciembre de 2012

Se aprueba el Real Decreto sobre la compensación equitativa por copia privada (canon)

El pasado sábado día 8 fue publicado el Real Decreto 1657/2012, que  tiene por objeto la regulación del procedimiento y los criterios objetivos para la determinación de la cuantía anual de la compensación equitativa por copia privada, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 



Para el cálculo de esta cantidad se tendrá en cuenta el "perjuicio efectivamente causado a los titulares de los derechos de propiedad intelectual", que será determinado con base en criterios tales como el número de copias realizadas, el impacto de la copia privada sobre la venta de ejemplares de las obras, el carácter analógico o digital de la reproducción, o la existencia de medidas tecnológicas sobre los soportes. El texto regula también el procedimiento de liquidación y pago a los perceptores de la compensación, que no difiere apenas del previsto en el régimen anterior. 

Este Real Decreto dota, por fin, de contenido a la previsión contenida en la Disposición Adicional 10ª del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, y deroga definitivamente el sistema de compensación establecido en el artículo 25 TRLPI, cuya financiación provenía de la recaudación que las entidades de gestión obtenían a través del gravamen de los dispositivos y soportes aptos para la reproducción.  



Autora: Patricia Mariscal Garrido-Falla

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