miércoles, 30 de octubre de 2013

Verdi, Rigoletto y el derecho de autor


Giovanni Boldini [Public domain], via Wikimedia Commons
Con motivo del bicentenario que se celebra en estos días del nacimiento de Giuseppe Verdi conviene volver la vista atrás sobre un episodio curioso de su vida que entronca directamente con los derechos de autor. Resulta cuando menos paradójico que un creador de su grandeza se viera envuelto en vida en una acusación de plagio. Y más aún que el denunciante, Victor Hugo, no sólo igualaba en fama al compositor sino que era también uno de los artífices de la consagración misma de los derechos de propiedad intelectual tal y como los conocemos desde el siglo XIX.

Según parece el libreto de una de las óperas más populares de Verdi, Rigoletto, se basa directamente en el drama El Rey se divierte escrito por Victor Hugo unos años antes. Ambas obras están protagonizadas por un bufón deforme que jalea las proezas del Rey como seductor de doncellas hasta que éste pone sus ojos, precisamente, sobre la hija de aquel. La comedia acabará tornándose en tragedia.

El propio Verdi reconoció en una de sus cartas al libretista Piave, responsable directo de la adaptación, que repasando diversos temas para su ópera cruzó por su mente "como un relámpago de luz, como una inspiración" el drama del célebre escritor francés, "una obra grande, inmensa". La única preocupación del compositor en ese momento fue conseguir el permiso de los censores, habida cuenta las críticas a la monarquía, pero no la autorización del dramaturgo. 

Victor Hugo emprendió la correspondiente reclamación, consiguiendo que el estreno de la opera se retrasase en Francia varios años. Al cabo, el célebre escritor sucumbió a la genialidad de Verdi y vino a confesar su admiración por la ópera. No sabemos si entre medias Victor Hugo pronunciaría alguna maledizione como la que persigue al pobre bufón a lo largo de la trama. Pero sin duda esta experiencia le serviría como ejemplo para impulsar en 1886 la aprobación del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.

Mientras disfrutamos de la monumental obra de Verdi en estos días del bicentenario, recordemos que hasta entre los más insignes creadores la propiedad intelectual ajena no siempre ha gozado del respeto que merece.



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viernes, 25 de octubre de 2013

Día Mundial del Patrimonio Audiovisual: es necesario preservar nuestro patrimonio audiovisual para generaciones futuras



Este 27 de octubre se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, bajo el lema “Preservar nuestro Patrimonio Audiovisual para las futuras generaciones”.

Elegida en 2005 para conmemorar la aprobación de la Recomendación sobre la salvaguardia y la conservación de las imágenes en movimiento en 1980, esta fecha, como todos los proclamados días mundiales, no tiene otro objetivo que concienciar al público sobre la necesidad de proteger, en este caso, la memoria misma de las artes, usos, costumbres, conflictos y vida de los siglos XX y XXI.

En efecto, resulta difícil echar la vista a atrás y no analizar nuestra historia más inmediata en clave de documentos audiovisuales, como películas, programas de radio y televisión, grabaciones de audio y vídeo. Y es que si bien estos elementos no sustituyen los medios escritos, nos encontramos en un momento en el coexisten e incluso sobrepasan en valor y en impacto a los medios tradicionales.

Visionarios como Alan Lomax, etnomusicólogo estadounidense, y uno de los mayores recopiladores de canciones populares del siglo XX en el mundo, sentaron las bases para la transformación del patrimonio oral e inmaterial en grabaciones, asegurando la pervivencia de expresiones características -de otra forma- condenadas a desvanecerse. Entendieron el valor de un medio que rebasaba las fronteras nacionales, lingüísticas y educativas, al tiempo que estimulaba de forma directa los sentidos que nos conectan al mundo: la vista y el oído.

En un momento en el que la caducidad de soportes, límites y sensibilidades están a la orden del día, los titulares de derechos, archivistas, las instituciones, las administraciones, las entidades privadas que ven en el patrocinio una oportunidad, deben ser conscientes de su papel clave en la preservación y difusión de este patrimonio audiovisual, y adoptar un papel activo en su puesta en valor.

A nivel nacional, no deja de ser llamativo que resulte imposible encontrar una recopilación de las obras de Luis Buñuel, pese a los esfuerzos realizados por el necesario y brillante Centro Buñuel de Calanda. Asimismo, Segundo de Chomón, verdadero genio del cine español, a día de hoy sigue siendo un verdadero desconocido para el público general, pese a la labor de rescate de su obra llevada a cabo por la Filmoteca de Catalunya.

Así las cosas, aún reciente el descubrimiento de la obra prima de Orson Welles en un almacén del norte de Italia- así como su rápida restauración y estreno en cines- el lema escogido para 2013 resulta –cuando menos- adecuado.

En el fondo, lo que está en juego es, ni más ni menos, la preservación de nuestra memoria e identidad en el tiempo.

Umberto Eco, en su ensayo “Hacia una nueva Edad Media” (1972), objeto de recopilación en el libro “La estrategia de la ilusión” publicado en Editorial Debolsillo, elaboraba un fino paralelismo entre aquella era y la actual. Tras analizar cómo en ambas épocas nos encontramos ante el imperio de lo gráfico o visual a la hora de transmitir a las clases populares la cultura, concluía que

“Mientras Fellini y Antonioni experimentan sus Infiernos y Pasolini sus Decamerones (y el Orlando de Marconi no es exactamente una fiesta renacentista, sino un misterio medieval representado en la plaza para el pueblo llano) hay quien intenta desesperadamente salvar la cultura antigua, creyéndose investido de un mandato intelectual, y se acumulan las enciclopedias, los digestos, los almacenes electrónicos de la información con los que Vacca contaba para transmitir a la posteridad un tesoro de saber que corre el riesgo de disolverse en catástrofe”.

En el caso que nos ocupa, la necesidad de preservar y transmitir a la posteridad nuestro legado audiovisual responde no sólo a un mandato intelectual sino, sobre todo, humano.

Esperemos que pasada esta nueva Edad Media, como entonces, nos encontremos en el despertar de un Renacimiento 3.0, que conserve el brillo de nuestro tiempo como un espejo dentro de un espejo.


Autora: Alba Mª López

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jueves, 24 de octubre de 2013

La rentabilidad de la imagen de jóvenes deportistas


Origen: Wikimedia
La  imagen de deportistas y personalities para promocionar un producto o un servicio ha sido, es y seguirá siendo uno de los mejores escaparates para cualquier empresa. Favorece la rápida identificación de productos o servicios con una marca. La empresa logra que se cree un vínculo entre el producto y/o servicio que se ofrece y el deportista que la publicita, aumentando de forma exponencial el impacto que dicha publicidad tiene sobre el consumidor.

En este contexto a nadie le sorprende ya que la imagen –y éxito- de un deportista como Fernando Alonso, Pau Gasol, Rafa Nadal o Xabi Alonso se identifique con una marca. Y no es de extrañar que las empresas jueguen sobre seguro y utilicen la imagen de aquellos deportistas que poseen un mayor reconocimiento en el mercado, tratando de asociar sus productos con los valores que estos deportistas transmiten. El problema es, obviamente, el caché que una de estas muy reputadas figuras mediáticas puede tener.

Evidentemente este es un primer factor que limita el acceso de muchas empresas a la promoción de sus productos a través de la imagen de deportistas o personalities de primer orden.

Pero existe todavía un segundo factor que en ocasiones puede llevar a que una empresa decida no vincularse con una reputada figura mediática: el exceso. La utilización de la imagen de uno de estos deportistas para diversos productos y servicios puede provocar un efecto contrario al buscado: ninguna de las empresas que han apostado por esa persona como estandarte de una u otra marca consigue que se produzca esa asociación producto-deportista-valores. Al contrario, se produce una preocupante dilución de la imagen del deportista como herramienta publicitaria, con la consiguiente pérdida de eficacia de la publicidad y ausencia de retorno económico para la empresa. Lo importante no es tener buenas cartas, sino saber jugar bien las que uno tiene.

En este contexto, la apuesta por jóvenes deportistas, que transmitan valores y tengan expectativas de ser reconocidos por sus actividades profesionales, puede ser una excelente opción para aquellas empresas (pequeñas o no) que tengan sus presupuestos para actividades promocionales limitados. A nadie se le olvida la apuesta que en 2003 y 2004 hicieron la marca de Relojes Sandoz y la marca de coches Kia por Fernando Alonso y Rafael Nadal. Empresas que en su día asumieron riesgos contratando a dos jóvenes talentos -que por aquel entonces no tenían  la notoriedad y el reconocimiento actuales-, pero que sin duda acertaron.

España está atravesando en la actualidad uno de sus mejores momentos desde el punto de vista deportivo, no así en lo económico. Es un buen momento para apostar por esos jóvenes talentos, de valores intachables, que están ahí, esperando su oportunidad. Deportistas de la Selección Española de Baloncesto como Víctor Claver (jugador de la NBA en los Portland Trail Blazers y jugador destacado de la selección española el pasado Eurobasket de Eslovenia), del mundo del motor como Carlos Sainz Jr., de golf como Beatriz Recari o Azahara Muñoz y futbolistas como Isco o Koke, pueden resultar una gran aportación para el éxito de una marca que trasmita sus valores. A buen seguro pueden ayudar a que se produzca en los consumidores esa asociación deportista-valores-marca. 

Origen: www.marca.com

El deportista debe además estar preparado. La protección del nombre como marca resultará esencial tanto para la explotación económica de su imagen como para su defensa frente a posibles usos no autorizados de la misma por parte de terceros. Y si para un deportista es importante estar preparado y saber esperar, para una empresa –que busca rentabilidad- es mucho más importante saber aprovechar el momento y apostar por estos valores emergentes. La puerta de los jóvenes está ahí. Sólo hay que llamar y preguntar.



Departamento Sport & Entertainment de Elzaburu
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miércoles, 23 de octubre de 2013

Las solicitudes divisionales podrán presentarse nuevamente mientras la solicitud anterior esté pendiente


La Oficina Europea de Patentes, en su Consejo de Administración del pasado 16 de octubre de 2013, ha aprobado modificar, nuevamente, la Regla 36 EPC relativa a solicitudes divisionales. El propósito de esta modificación es cambiar el actual enfoque de los requisitos para la solicitud de una patente divisional.

La Oficina modifica las Reglas 36 y 135 EPC de modo que se permita presentar una solicitud divisional siempre que la solicitud anterior esté pendiente. Es decir, esta modificación supone un regreso a la Regla 36 EPC previa a la actualmente en vigor desde el 1 de abril de 2010. Sin embargo, no es el único cambio que ha sido aprobado, ya que se establece además una tasa adicional como parte de la tasa de solicitud para el caso de solicitudes divisionales presentadas respecto a una solicitud anterior que sea a su vez una solicitud divisional. De este modo se modifica también la Regla 38 EPC.

El objetivo de las sucesivas modificaciones de la Regla 36 EPC ha sido el de limitar el uso de divisionales como estrategia para prolongar la vida de la solicitud de patente cuando dicha solicitud tuviera visos de ser denegada. La Oficina intentaba dar seguridad a terceros y lograr un descenso en el número de solicitudes divisionales presentadas y por lo tanto en la carga adicional de trabajo que suponían.

En la modificación actualmente vigente la Oficina introdujo un periodo de 24 meses como límite para presentar una solicitud divisional. Más específicamente estipula que una solicitud divisional puede presentarse antes del fin de:
  • un periodo de 24 meses desde la primera comunicación de la División de Examen respecto de la primera solicitud para la cual ha sido emitida una comunicación, o bien,
  • un periodo de 24 meses desde cualquier comunicación en la que la División de Examen objete que la solicitud anterior no cumple los requisitos de unidad de invención (Art. 82 EPC), siempre que esta objeción fuera notificada por primera vez.

Sin embargo, la realidad está siendo distinta a lo esperado. El número de solicitudes divisionales ha aumentado, posiblemente porque, como medida de precaución, los solicitantes presentan solicitudes divisionales antes del vencimiento del periodo de 24 meses. A esto se añade que interpretar la redacción actual de la Regla 36 EPC no es fácil, de hecho, fue revisada unos meses después de su entrada en vigor. Además, existen numerosas quejas de los solicitantes que consideran que la actual redacción de la Regla 36 EPC menoscaba sus intereses. Otro aspecto que no ha podido ser mejorado es que sigue siendo posible presentar sucesivas divisionales de una misma solicitud inicial. En definitiva, la actual Regla 36 EPC ha resultado ser un problema más que una solución.

La Oficina ha decidido con esta nueva modificación aportar un enfoque distinto para resolver el problema inicial que era limitar el uso de divisionales como herramienta para prolongar indefinidamente la vida de las solicitudes de patente.

Este nuevo enfoque establece la eliminación del periodo de 24 meses por lo que vuelve a ser posible presentar una solicitud divisional mientras la solicitud anterior esté pendiente, pero añade una tasa adicional a la tasa de solicitud, lo que puede ser un modo más sencillo y proporcionado de desalentar a aquellos solicitantes interesados en presentar sucesivas solicitudes divisionales.

Aunque la cuantía de dicha tasa se discutirá próximamente, la idea es que el importe de la misma aumente progresivamente con el número de divisionales sucesivas presentadas. Se establece también que la primera solicitud divisional presentada no será gravada con dicha tasa adicional.

La fecha de entrada en vigor de la modificación de la Regla 36 EPC será el próximo 1 de abril de 2014 y se aplicará a las solicitudes divisionales presentadas a partir de dicha fecha.


Autora: Ruth Sánchez

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Espaldarazo a la utilización exclusiva de cruces rojas por parte de Cruz Roja


El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que revoca el criterio expuesto por el Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, su Unidad de Recursos y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, procediendo a denegar una solicitud de registro de marca que incluía la denominación GRUPO HOSPITALARIO MODELO junto a un gráfico de dos líneas curvas rojas que en su conjunto formaban una estructura semejante a una cruz. Parece quedar claro con ello la interpretación de que la cruz roja queda reservada para la Cruz Roja y que los hospitales y clínicas no pueden utilizar ese elemento gráfico ni otros que puedan ser confundibles con él.


Miguel Ángel Medina, socio-asociado de ELZABURU que ha representado a Cruz Roja en este caso, destaca algunas de las conclusiones importantes que pueden extraerse de esta sentencia: 

  • El emblema de Cruz Roja es un signo protegido por un Convenio Internacional y, si España se ha comprometido a protegerlo, ratificándolo, debe cumplirlo y no es válido el argumento de que la cruz roja es un elemento genérico o similar. ("Y tanto más si su origen es un Convenio Internacional").

  • Y como colofón de lo anterior "la notoriedad de la labor y actividades de la Cruz Roja (...) no puede emplearse, en un sentido contrario a sus intereses, como un elemento de atenuación de la intensidad de su protección, sino que, al contrario, ha de interpretarse siempre y en todo caso como un dato que conduce a una consideración más restrictiva de todo signo que pudiera suscitar error, confusión o asociación con ella".

  • No importa que el gráfico no sea exactamente idéntico a una cruz y se describa como "tramos angulares simétricos enfrentados por sus vértices que son redondeados".  

  • No sirve que se le ponga al lado una denominación con el nombre del hospital  para decir que la denominación del hospital o clínica deshace la asociación con Cruz Roja, pues el público "puede ser inducido a pensar que se trata de un grupo hospitalario (o edificio) relacionado con la Cruz Roja en cuanto organización".

  • "No se trata tanto de aplicar las prohibiciones de registro relativas, sino las absolutas".

Para comentario en inglés de esta sentencia, se puede consultar el blog Class 46




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lunes, 21 de octubre de 2013

Certificados complementarios de protección de productos fitosanitarios


El TJUE en sentencia de 17 de octubre de 2013 (asunto C-210/12) se ha pronunciado sobre la interpretación de los arts. 3.1 (b) y 7.1 del Reglamento CE nº 1610/96 en materia de certificados complementarios de protección (“CCP”) de productos fitosanitarios. 

El TJUE analiza, en primer término, si cabe expedir un CCP en aquellos casos en los que el producto haya obtenido una autorización de comercialización  (“AC”) de emergencia. El TJUE se muestra contrario a esta posibilidad señalando que, a diferencia de lo que sucede con las AC provisionales -que mantienen un vínculo de equivalencia funcional con las AC definitivas (véase asunto C-229/09), el uso de las AC de emergencia se refiere a “circunstancias particulares” que no cumplen las exigencias científicas de fiabilidad previstas en el art. 4  de la Directiva 91/414/CEE relativa a la comercialización de productos fitosanitarios. 

El TJUE se muestra igualmente contrario a que una solicitud de CCP pueda ser presentada ante la autoridad competente antes de que el producto fitosanitario haya obtenido la correspondiente AC exigida en el art. 3.1 del Reglamento comunitario. EL TJUE subraya que este precepto  y el art. 7.1 del Reglamento deben interpretarse en el sentido de entender que deben cumplirse todos los requisitos para la concesión del CCP en el momento de presentación de la solicitud del CCP de que se trate. ´



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viernes, 11 de octubre de 2013

La adhesión de España al Tratado sobre el derecho de patentes conllevará importantes cambios en la tramitación de patentes y modelos de utilidad españoles



España ha manifestado recientemente su consentimiento en obligarse por el Tratado sobre el derecho de patentes, su Reglamento y las Declaraciones a través del Instrumento de Adhesión publicado en el Boletín Oficial del Estado de 9 de octubre de 2013.

La entrada en vigor en España de este Tratado acaecerá el próximo 6 de noviembre de 2013 y conllevará importantes cambios en la tramitación de patentes y modelos de utilidad españoles, especialmente en lo referido a la obtención de una fecha de presentación, la reivindicación de prioridad y la representación obligatoria para los no residentes en un Estado miembro de la Comunidad Europea.

En lo concerniente a la obtención de una fecha de presentación, una vez entrado en vigor el Tratado sobre el derecho de patentes, podrá presentarse una solicitud sin reivindicaciones, en cualquier idioma e, incluso, se podrá presentar por referencia a una solicitud anterior. Cuando proceda, deberá aportarse una traducción al castellano de la solicitud en un plazo no inferior a 2 meses desde notificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Las copias certificadas de los documentos de prioridad podrán aportarse dentro de un plazo no inferior a 16 meses contados desde la fecha de prioridad más antigua, siendo necesario aportar una traducción al castellano únicamente cuando la validez de la reivindicación de prioridad sea pertinente para determinar si la invención en cuestión es patentable.

Asimismo, será posible corregir y adicionar reivindicaciones de prioridad de una solicitud si se presenta una petición a tal efecto dentro de un plazo no inferior a 16 meses a partir de la fecha de presentación más antigua de las solicitudes anteriores respecto de las cuales se reivindique prioridad y la prioridad está válidamente reivindicada.

También será posible restaurar el derecho de prioridad si se presenta una petición a tal efecto dentro de un plazo no inferior a 2 meses a partir de la fecha en que haya expirado el período de prioridad declarando los motivos del incumplimiento del período de prioridad y la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que el incumplimiento ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o que el error no fue intencionado.

Puesto que la Oficina Española de Patentes y Marcas exige demostrar que se observó toda diligencia debida exigida por las circunstancias para estimar un restablecimiento de derechos, es de esperar que opte por mantener este criterio para restaurar el derecho de prioridad.

Los cesionarios de una solicitud, solicitantes, titulares u otras personas interesadas no residentes en un Estado miembro de la Comunidad Europea podrán actuar ante la OEPM en relación con la presentación de una solicitud a los fines de la fecha de presentación, el simple pago de una tasa y la presentación de una copia de una solicitud anteriormente presentada.

jueves, 10 de octubre de 2013

Infracciones on line de derechos de autor que despliegan sus efectos en varios Estados


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció el pasado jueves 3 de octubre  (caso C-170/12) sobre la competencia judicial de los tribunales de la Unión en conflictos relativos a la reclamación de daños por infracciones de derecho de autor que tienen lugar y despliegan sus efectos a través de Internet.

No es ésta la primera sentencia que se dicta en sede europea en materia de competencia judicial internacional en supuestos de infracciones cometidas a través de Internet. Ya en los asuntos eDate advertising (25 de octubre de 2011) y Wintersteiger (19 de abril de 2012), el TJUE tuvo ocasión de delimitar el alcance del artículo 5, apartado 3, del Reglamento CE n.º 44/2001, sobre Competencia Judicial Internacional (Reglamento Bruselas I), cuando el ilícito tiene lugar on line.

Según el tenor literal de este precepto: 
“Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro: [...] en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso”. 

Como ya estableciera el TJUE en su sentencia de 7 de marzo de 1995 (asunto Shevill), la expresión “lugar donde se hubiere producido u pudiere producirse el daño” se refiere tanto al lugar de causación del daño como al lugar en que ese daño se materializa o despliega sus efectos. 

En las infracciones cometidas a través de Internet, esta dicotomía cobra, por razones evidentes, especial relevancia. Concretamente, en el caso que ahora reseñamos, el demandante –Sr. Pinckney- , residente en Toulouse, afirmaba ser el autor de una serie de obras musicales que habrían sido reproducidas sin su autorización por una empresa austriaca –Mediatech-, y que posteriormente habían sido comercializadas por dos empresas domiciliadas en Reino Unido poniéndolas a disposición del público en Internet. El resultado fue que las obras en cuestión se encontraban en distintos sitios de Internet accesibles desde el domicilio del demandante en Francia.

En definitiva, lo que se plantea en este asunto es si un tribunal en cuyo territorio es posible acceder a través de Internet al contenido de una obra para cuya difusión el autor no ha dado su consentimiento, y que es distinto de aquel donde tiene lugar la comisión de la infracción, es competente para conocer de una reclamación que pretende la reparación del daño causado o si es preciso que los contenidos estén destinados específicamente al público situado en ese Estado Miembro.

El TJUE responde afirmativamente a la cuestión prejudicial planteada, bajo el argumento fundamental de que el riesgo de materialización en un concreto Estado miembro de un daño derivado de la infracción de derechos de autor  depende exclusivamente de que (i) los derechos cuya infracción invoca el demandante estén protegidos en el territorio de ese Estado miembro y (ii) sea posible acceder desde ese Estado miembro, a través de Internet, a la obra en cuestión. No obstante, el órgano judicial que se declare competente en virtud de este criterio, únicamente podrá conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenezca, lo cual resulta congruente con el principio de territorialidad que rige en materia de protección de derechos de propiedad intelectual.



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