jueves, 10 de octubre de 2013

Infracciones on line de derechos de autor que despliegan sus efectos en varios Estados


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció el pasado jueves 3 de octubre  (caso C-170/12) sobre la competencia judicial de los tribunales de la Unión en conflictos relativos a la reclamación de daños por infracciones de derecho de autor que tienen lugar y despliegan sus efectos a través de Internet.

No es ésta la primera sentencia que se dicta en sede europea en materia de competencia judicial internacional en supuestos de infracciones cometidas a través de Internet. Ya en los asuntos eDate advertising (25 de octubre de 2011) y Wintersteiger (19 de abril de 2012), el TJUE tuvo ocasión de delimitar el alcance del artículo 5, apartado 3, del Reglamento CE n.º 44/2001, sobre Competencia Judicial Internacional (Reglamento Bruselas I), cuando el ilícito tiene lugar on line.

Según el tenor literal de este precepto: 
“Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro: [...] en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso”. 

Como ya estableciera el TJUE en su sentencia de 7 de marzo de 1995 (asunto Shevill), la expresión “lugar donde se hubiere producido u pudiere producirse el daño” se refiere tanto al lugar de causación del daño como al lugar en que ese daño se materializa o despliega sus efectos. 

En las infracciones cometidas a través de Internet, esta dicotomía cobra, por razones evidentes, especial relevancia. Concretamente, en el caso que ahora reseñamos, el demandante –Sr. Pinckney- , residente en Toulouse, afirmaba ser el autor de una serie de obras musicales que habrían sido reproducidas sin su autorización por una empresa austriaca –Mediatech-, y que posteriormente habían sido comercializadas por dos empresas domiciliadas en Reino Unido poniéndolas a disposición del público en Internet. El resultado fue que las obras en cuestión se encontraban en distintos sitios de Internet accesibles desde el domicilio del demandante en Francia.

En definitiva, lo que se plantea en este asunto es si un tribunal en cuyo territorio es posible acceder a través de Internet al contenido de una obra para cuya difusión el autor no ha dado su consentimiento, y que es distinto de aquel donde tiene lugar la comisión de la infracción, es competente para conocer de una reclamación que pretende la reparación del daño causado o si es preciso que los contenidos estén destinados específicamente al público situado en ese Estado Miembro.

El TJUE responde afirmativamente a la cuestión prejudicial planteada, bajo el argumento fundamental de que el riesgo de materialización en un concreto Estado miembro de un daño derivado de la infracción de derechos de autor  depende exclusivamente de que (i) los derechos cuya infracción invoca el demandante estén protegidos en el territorio de ese Estado miembro y (ii) sea posible acceder desde ese Estado miembro, a través de Internet, a la obra en cuestión. No obstante, el órgano judicial que se declare competente en virtud de este criterio, únicamente podrá conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenezca, lo cual resulta congruente con el principio de territorialidad que rige en materia de protección de derechos de propiedad intelectual.



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