lunes, 2 de diciembre de 2013

Inminente aplicación del nuevo Reglamento UE de vigilancia aduanera contra las falsificaciones


El próximo 1 de enero de 2014 se empezará  a aplicar en la UE el nuevo Reglamento nº 608/2013 de vigilancia aduanera en protección de la propiedad industrial e intelectual.

El objetivo de este tipo de medidas en frontera es prevenir la presencia de productos falsificados en el mercado de la UE y adoptar las medidas necesarias para retener las mercancías que infrinjan los derechos de propiedad industrial e intelectual, sin afectar al comercio de productos legítimos.

Derechos protegidos por el nuevo Reglamento nº 608/2013: marcas, diseños industriales, derechos de autor o derechos afines, indicaciones geográficas, patentes, certificados complementarios de protección para medicamentos y para productos fitosanitarios, obtenciones vegetales, topografías de productos semiconductores, modelos de utilidad y nombres comerciales, así como dispositivos para la elusión de medidas tecnológicas de protección de derechos de autor y moldes o matrices para la fabricación de mercancías infractoras. Se excluyen, básicamente, las mercancías no comerciales contenidas en el equipaje personal de los viajeros, las importaciones paralelas y las sobreproducciones no autorizadas.

Se prevé la presentación de solicitudes de intervención en formato electrónico, empleando los formularios que se publicarán en el presente mes de diciembre de 2013.

En vista de las últimas tendencias en la distribución de productos falsificados (las compras por Internet), se establece un nuevo procedimiento para la destrucción de pequeños envíos de mercancías. Se define pequeño envío como el envío efectuado por correo postal o servicios de mensajería que contenga tres o menos unidades o tenga un peso bruto inferior a 2 Kg. Según este procedimiento, las aduanas notificarán la retención del paquete a su destinatario sin contactar con el titular del derecho de propiedad intelectual o industrial y concederán al primero el plazo de 10 días para consentir su destrucción. Si en ese plazo no se opone a la destrucción, las mercancías serán destruidas.

Asimismo, se establece el procedimiento de destrucción obligatorio (opcional en el antiguo Reglamento) cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) que en el plazo de 10 días el titular del derecho haya comunicado a la aduana su convicción de que se ha vulnerado su derecho y solicite la destrucción de los productos, tras haber procedido a la inspección de los mismos, y b) que en el plazo de 10 días el titular de las mercancías haya autorizado la destrucción de los productos o no se haya opuesto expresamente a la misma.

Se establece la posibilidad del levante anticipado de mercancías antes de que concluya el procedimiento judicial en caso de diseños industriales, patentes, modelos de utilidad, topografías de productos semiconductores u obtenciones vegetales, siempre que el titular de las mercancías haya aportado una garantía suficiente para proteger los intereses del titular del derecho y que la autoridad judicial competente no haya autorizado ninguna medida cautelar.

La responsabilidad del titular del derecho ante cualquier titular de mercancías que haya sufrido daños se limita a los siguientes supuestos: a) cuando se suspenda el procedimiento por acción u omisión del titular del derecho, b) cuando las muestras no se devuelvan o queden dañadas y c) cuando se compruebe con posterioridad que las mercancías retenidas no vulneran el derecho de propiedad intelectual o industrial.

El titular de la intervención reembolsará los costes en que hayan incurrido las autoridades aduaneras u otras partes que actúen en su nombre (por almacenaje, manipulación y destrucción) y asumirá los costes de las traducciones necesarias. Los gastos se podrán repercutir al infractor u otras personas de acuerdo con la Ley nacional.


Confiamos en que el nuevo Reglamento contribuya a una mejor protección de la propiedad industrial e intelectual y al estímulo de la creación, innovación tecnológica y competitividad de las empresas de la UE, evitando perjuicios a los comerciantes respetuosos de las leyes y a la salud y seguridad de los consumidores.



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