viernes, 28 de febrero de 2014

La difusión de obras en las habitaciones de un establecimiento termal de asistencia sanitaria constituye un acto de comunicación pública


Alfons Mucha
De Rita Willaert
(vía Flickr)
El Tribunal de Justicia ha vuelto a pronunciarse hoy sobre el concepto de comunicación al público, en su modalidad de radiodifusión, en el marco de la Directiva 2001/29/CE la conocida como Directiva de la Sociedad de la Información). El litigio principal (asunto C-351/12) surge entre la entidad que gestiona los derechos de los autores musicales en la República Checa –OSA- y un establecimiento sanitario de aguas termales a causa de la negativa de este último a pagar a la entidad de gestión las cantidades devengadas en concepto de comunicación pública de obras musicales en su establecimiento durante los años 2008 y 2009.

La peculiaridad de este asunto radica en que la Ley checa de Derecho de Autor prevé una excepción al pago de las compensaciones debidas a los autores a favor de ciertos establecimientos de asistencia sanitaria. Según alega la OSA, esta excepción sería contraria a la Directiva 20001/29/CE, que no permitiría tales limitaciones al derecho de comunicación pública. El argumento es rebatido por el centro sanitario, quien además alega que, en todo caso, las disposiciones de una Directiva no pueden ser directamente invocadas en un litigio entre particulares. Sostiene además que la OSA abusa de su posición de dominio en el mercado, ya que sus tarifas resultan desproporcionadamente altas en comparación con las establecidas por las entidades de gestión análogas situadas en países limítrofes. Todas estas cuestiones son planteadas por el Tribunal checo ante el TJUE.

1)             En lo que respecta a la posibilidad de que una ley nacional pueda excluir el derecho de los autores a autorizar o prohibir la comunicación pública de sus obras en un establecimiento mercantil que tiene instaladas televisiones a tal efecto, el Tribunal de Justicia, con base en una amplia lista de precedentes, opta por una interpretación amplia del concepto de comunicación pública y tiene en cuenta el “efecto acumulativo” de la radiodifusión en las habitaciones. Tal efecto se refiere a la posibilidad de que los distintos usuarios o pacientes de las habitaciones accedan a las obras de forma simultánea o sucesiva en el tiempo.

La duda que podía surgir a la hora de incardinar un acto de estas características en el concepto de comunicación pública venía sembrada por la jurisprudencia sentada por este mismo tribunal en el asunto C-135/10 (“SCF”), relativo a la radiodifusión de obras musicales en la consulta de un dentista. En aquel supuesto, el Tribunal resolvió en el sentido de que no existía tal acto de comunicación pública, fundamentalmente porque el público al que se dirigían las obras –los pacientes de un dentista- estaba constituido por un número de personas escaso y porque la difusión de la música en la consulta no repercutía en modo alguno en los ingresos del negocio.

Como no podía ser de otro modo, esta resolución del Tribunal de Justicia, de fecha de 15 de marzo de 2012, es invocada por el centro termal, que entiende sería de aplicación al presente supuesto. En esta ocasión, sin embargo, el Tribunal estima que tales pronunciamientos no son de aplicación al caso enjuiciado, puesto que la sentencia invocada fue dictada en el marco de un litigio relativo a la remuneración debida a los artistas y productores de fonogramas prevista en la Directiva 92/100/CEE y en este caso nos encontramos ante un derecho de autor regulado en la Directiva 2001/29/CE. En esta última se prevé (artículo 5.3, letra b) que los Estados puedan establecer excepciones al derecho de comunicación pública en beneficio de personas con minusvalías, pero siempre que la comunicación no revista un carácter comercial. En este caso, el Tribunal estima que no concurren los presupuestos de tal precepto para poder establecer la excepción, de modo que la misma sería contraria a Derecho Comunitario.

2)             Con todo, el Tribunal afirma, contestando a la segunda de las cuestiones prejudiciales planteadas, que una norma recogida en una directiva no puede ser directamente invocada en un litigio entre particulares para dejar sin aplicación una norma de derecho interno o hacer una interpretación contra legem de la misma. Dicho de otro modo, la entidad de gestión checa no puede invocar el artículo 3.1 de la Directiva 2001/29 para “invalidar” la excepción recogida en la norma nacional. Sin embargo, esta regla es matizada por el Tribunal, que añade a continuación que el órgano judicial que conoce del litigio principal estará obligado a interpretar tal normativa nacional a la luz de la disposición comunitaria invocada para tratar de llegar a una solución conforme al objetivo perseguido por la misma. 

3) La tercera de las cuestiones prejudiciales está dirigida a dirimir sobre el pretendido abuso de posición dominante de la entidad de gestión checa dada su situación de monopolio dentro de la República Checa y el carácter abusivo de sus tarifas. Sobre este particular, el Tribunal de Justicia señala que ni la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, ni los artículos 56 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se oponen  a una normativa como la checa que permite el ejercicio monopolístico de la gestión colectiva de determinados derechos por parte de una sola entidad. No obstante, el juez nacional será quien deba determinar si las tarifas fijadas por tal entidad de gestión resultan excesivas en comparación con las establecidas por otras entidades de gestión que prestan servicios análogos en países limítrofes. De ser así, la sociedad de gestión podría estar incurriendo en un abuso de posición dominante contrario al artículo 102 TFUE. 



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miércoles, 26 de febrero de 2014

Interpol y Europol: efectividad contra la falsificación

Sede de Interpol
de Massimiliano Mariani (via Wikipedia)
La “Operación Opson IIIha vuelto a convertir a INTERPOL y EUROPOL en el azote de las redes de crimen organizado dedicadas a la falsificación a nivel internacional. 

En el marco de esta operación, de la que EUROPOL se hacía eco el pasado 13 de febrero, se han incautado miles de toneladas de comestibles y cientos de miles de litros de bebida con marcas falsificadas potencialmente dañinos para el consumidor. Las intervenciones se han llevado a cabo en 33 países repartidos por Europa, América y Asia, contando con la participación de unidades de policía nacionales, empresas y entidades privadas y Administraciones de Aduanas. Esta operación constituye la continuación de una serie de intervenciones iniciadas en 2011 por INTERPOL y EUROPOL bajo el sobrenombre de “Opson” (“comida”, en griego clásico) orientadas a la lucha contra el tráfico de alimentos falsificados a nivel internacional, gracias a la cual más de trescientos delincuentes han sido detenidos y se han interceptado enormes cantidades de alimentos valoradas en cientos de millones de dólares. Esta serie de mazazos a las redes de crimen organizado internacional resulta un buen ejemplo de la extraordinaria operatividad, capacidad de respuesta y de organización de INTERPOL y EUROPOL en lo que a la lucha contra la piratería se refiere, así como de la encomiable labor de coordinación con las unidades de policía nacionales de los distintos Estados.

La actuación que INTERPOL realiza dentro del campo de la propiedad industrial resulta particularmente destacable. Esta organización lanzó, en el año 2012, un programa contra el tráfico ilegal de productos y la falsificación  con objeto de mejorar la cooperación internacional de los cuerpos de seguridad de los distintos Estados miembros en relación a este tipo de ilícitos. INTERPOL califica los delitos contra la propiedad industrial como altamente perjudiciales para el conjunto de la sociedad mundial, destacando el creciente papel protagonista que las mafias internacionales desempeñan, como se advierte en este Blog en un post anterior.

Aunque las cifras sobre el aumento del tráfico de productos falsificados alrededor del mundo resultan demoledoras, hay que resaltar el incremento de la efectividad de las operaciones e intervenciones realizadas en su contra por estos cuerpos de policía comunitarios e internacionales. INTERPOL desarrolló en 2012 la “Operación Maya en varios países de centro y sur de América, donde se realizaron más de 1.000 intervenciones policiales y 200 arrestos, así como la “Operación Black Poseidon realizada en países de Europa del Este donde se realizaron más de 1.700 intervenciones, incautando bienes por valor de 122 millones de euros. Por su parte, EUROPOL es la responsable de la Operación Leatherface en la que se desmanteló en diversas provincias de la geografía española una red transnacional de delincuentes relacionados con la Camorra napolitana dedicada al comercio de productos falsificados, así como de la Operación Pangea en la que gracias a la colaboración de INTERPOL y EUROPOL (entre otras entidades públicas y privadas) se desmanteló una red de venta online de productos farmacéuticos falsificados, fueron detenidas 58 personas y se incautaron 9’8 millones de unidades de productos falsificados que hubieran alcanzado en el mercado un valor de 41 millones de dólares.

La tercera edición de la “Operación Opson” ejemplifica la modélica relación de colaboración y coordinación entre INTERPOL y EUROPOL, continuándose en la actualidad las investigaciones y actuaciones policiales. Gracias a ella los consumidores y titulares de marcas se encuentran más a salvo y los criminales internacionales más intranquilos.

De Eyehook
Vía Wikimedia
ELZABURU está persiguiendo en España, dentro de la “Operación Opson III”,  una organización criminal dedicada a la fabricación y distribución de champagne francés falsificado cuyo origen se ha localizado en Italia, participando en la investigación EUROPOL.



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miércoles, 19 de febrero de 2014

Los enlaces en Internet. ¿Son o no comunicación pública? Sentencia del Tribunal de Justicia (TJ) de 13 de febrero de 2014 (C-466/12, asunto Svensson)

"Hyperlinks come to life"
de Ricky Leong
(Vía Flickr)

El TJ parece con esta sentencia poner fin a la eterna disputa en torno a la calificación jurídica de los enlaces en Internet y su conceptuación como actos de comunicación pública. En España, la cuestión ha suscitado una verdadera controversia, hasta el punto de que el 2 de septiembre de 2012 se dictaron resoluciones contradictorias sobre la misma materia por parte de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y del Juzgado de Instrucción nº 4 de Bilbao. 

Lo curioso de este asunto es que el TJ termina por declarar que no hay comunicación al público, pero ello se debe a las circunstancias concretas que dieron lugar al litigio, sin que pueda extraerse del fallo de la sentencia la regla general de que los enlaces no constituyen comunicación pública, sino más bien todo lo contrario. En el concreto supuesto, la demandada gestionaba una página de Internet en la que facilitaba listas de enlaces sobre los que se podía pulsar y que conducían a artículos periodísticos publicados previamente por los demandantes en la página web del periódico Göteborgs-Posten, de Estocolmo. Lo relevante para el Tribunal a la hora de determinar que no hay comunicación pública es el hecho de que, durante el tiempo que estuvieron activos los enlaces, los contenidos periodísticos se encontraban también disponibles sin restricción de ningún tipo en la página web del referido periódico. En este sentido, el TJ considera que, si bien el concepto de comunicación al público ha de ser interpretado de manera amplia (como ya lo hiciera, entre otras, en las sentencias de 4 de octubre de 2011 “Football Association Premier League” y de 7 de marzo de 2013 “ITVBroadcasting”), para que tenga lugar tal acto de comunicación éste ha de estar dirigido a un público nuevo. 

La cuestión principal estriba, pues, en determinar qué se entiende por “publico nuevo”. Tal y como se desprende de la resolución, se trata de aquel que “no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial”. Si, como en el litigio principal, el contenido es puesto a disposición del público en Internet sin ningún tipo de restricción por parte del titular, es preciso entender que el público de esa comunicación inicial son todos los potenciales usuarios de Internet. De ahí que en el presente caso el Tribunal considerara que la comunicación pública no había tenido como destinatario un público nuevo. 

En todo caso, la sentencia comentada permite extraer la conclusión de que cuando los enlaces a contenidos protegidos permiten su acceso a un público que “no fue tenido en cuenta” por el titular, se tratará de un acto no consentido de comunicación pública en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE. Así sucederá, por ejemplo, cuando la obra o prestación que se enlaza ya no se encuentre a disposición del público en la página en la que fue comunicada inicialmente o cuando sólo lo esté para un público limitado. 




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lunes, 17 de febrero de 2014

No eres tú, soy yo (IV)


En esta cuarta y última entrega de la serie “No eres tú, soy yo” analizamos los aspectos relacionados con la vía constitucional, la vía administrativa, los mecanismos extrajudiciales y unas breves conclusiones.

Para aquellos interesados en las entregas anteriores, pueden acudir a la 1ª entrega2ª entrega y 3ª entrega.


C) Vía constitucional

Son numerosas las decisiones que niegan la identificación de los usuarios previa al ejercicio de una acción civil, por no estar legalmente previsto, en atención a los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.

Así, nos encontramos ante un conflicto entre el derecho al honor, igualmente reconocido por la Constitución de 1978, y los ya citados, produciéndose situaciones de potencial indefensión y, por tanto, contrarias al derecho de tutela judicial efectiva.

En el caso de no poder obtener tutela alguna, dadas las circunstancias apuntadas, el acceso al amparo constitucional podría considerarse.

En este punto hay que considerar los tiempos y los costes que operan en esta vía. Si el Tribunal Constitucional, tras admitir y estudiar el caso, dictase una sentencia que acogiese nuestra postura, ha de tenerse en cuenta que –posteriormente- habría que iniciar un procedimiento tendente a identificar a los usuarios por la vía civil, etc.

D) Vía Administrativa

Aunque la vía administrativa a veces puede parecer de una importancia menor que la jurisdiccional, lo cierto es que en determinados casos se plantea como la principal vía de defensa frente a un ataque del tipo que venimos tratando.

A modo de ejemplo vamos a citar un caso en el que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en relación con un perfil falso creado para hacer contactos de carácter sexual en la red social Badoo, con datos personales de una mujer sin que mediase su consentimiento, según requiere el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

Tras recibir llamadas obscenas de numerosos hombres, la afectada acudió a la AEPD, quien investigó los hechos y pidió la IP desde donde se habían introducido los datos al proveedor de servicios de Internet. El responsable de la IP era la actual pareja de un ex novio de la denunciante, circunstancia que la AEPD consideró comprobada y que dio lugar a una sanción por 2.000 euros, por vulneración del citado artículo 6 LOPD.

El 6 de enero de 2014, el Parlamento Israelí, que recibe el nombre de Knéset, aprobó una ley sobre el acoso sexual en la que se establece una prohibición de subir a Internet fotos o vídeos con contenidos sexuales explícitos sin consentimiento de los sujetos que aparecen en los mismos. Además, este fenómeno, denominado “revenge porn”, ha llevado al estado de California a promulgar la ley conocida como SB 255, que busca facilitar la persecución por vía penal a quien suba sin consentimiento imágenes a Internet.


E) Mecanismos extrajudiciales frente a usurpaciones


El artículo 13 y siguientes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, establecen la responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Las distintas plataformas sociales han establecido sistemas internos para facilitar la denuncia y eliminación de este tipo de perfiles.


i.  Redes sociales

La suplantación de identidad es una infracción de las Reglas de Twitter.  Las cuentas de Twitter que finjan ser de otra persona o entidad con el fin de confundir o engañar podrán ser suspendidas permanentemente según su Política de suplantación de identidad. Esto no impide que los usuarios de Twitter puedan crear cuentas de parodia o tributo.

Facebook y Twitter han implementado una nueva medida de seguridad destinada a evitar que terceros puedan suplantar a personas conocidas. Algunas celebridades como B. Obama, Madonna, Shakira, entre otras, ya han abrazado esta nueva medida.

ii. Oficina de Seguridad del Internauta  (OSI)

La OSI es un servicio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información puesto en marcha por el Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación (INTECO), con el fin de  crear una cultura de seguridad, prevenir, concienciar y formar proporcionando información clara y concisa acerca de la tecnología y el estado de la seguridad en Internet.


3. CONCLUSIONES

Nos enfrentamos a un fenómeno que va in crescendo, de la mano de una tecnología cada vez más expansiva y de mayor calidad. 

Aunque en el pasado la percepción general de la ciudadanía era que la suplantación y usurpación constituían un fenómeno puntual y aislado, en la actualidad su presencia mediática y la preocupación que generan desbordan fronteras.

Nuestra legislación, anclada en el siglo XIX en relación con el asunto que nos ocupa, debería tomar contacto con la realidad y actualizarse, fijando un marco dinámico y consciente de la eventual convergencia  y fusión de la vida en un plano físico con la vida en línea. Sirva esto, por tanto, como llamamiento para que:

-       se implementen los mecanismos jurídicos necesarios para la identificación de las direcciones IP de suplantadores, usurpadores y, en general, vulneradores del artículo 18 CE, en vía civil;

-       se revise o, en su caso, se elimine la críptica referencia a “usurpación del estado civil” así como la interpretación jurisprudencial que limita conceptualmente este tipo a un ámbito analógico con carácter duradero, ignorando que los efectos en línea pueden ser igualmente prolongados en el tiempo y estar a la vista de un público mucho mayor, multiplicando así sus efectos;

-       se desarrollen campañas de concienciación y formación de los usuarios de Internet sobre cautelas a adoptar para evitar suplantaciones y usurpaciones de personalidad, a modo de ejemplo, no facilitar información personal o comprometida, gestión de contraseñas, etc;

-       revisar el papel de los prestadores de servicios y de su responsabilidad en este tipo de asuntos, sin perjuicio de la adecuación de las medidas adoptadas voluntariamente por estos.

Llegados a este punto, solo cabe recordar que toda precaución es poca, ya que todo el mundo puede ser una víctima de suplantación o usurpación de la personalidad. Recomendamos, por tanto, una gestión inteligente y precavida de los datos e informaciones que se facilitan a través de la red de redes.




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jueves, 13 de febrero de 2014

El titular de una marca renombrada tendrá que tolerar el uso de signos semejantes cuando haya una justa causa: uso anterior y buena fe


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar una sentencia con fecha de 6 de febrero de 2014 (caso C-65/12) respondiendo a una cuestión prejudicial relativa al uso sin justa causa de una marca renombrada.


Red Bull es titular en Benelux de una marca mixta (a partir de ahora, marca renombrada) solicitada el día 11 de julio de 1983 para bebidas no alcohólicas en clase 32 que se reproduce de la manera siguiente:



Por otra parte, De Vries es titular en Benelux de la marca denominativa THE BULLDOG en clase 32 y de las siguientes dos marcas mixtas (a partir de ahora marca/s semejante/s):



Las marcas THE BULLDOG son posteriores a la marca RED BULL.  Sin embargo, antes de que Red Bull solicitase su marca, De Vries ya usaba THE BULLDOG como nombre comercial para una actividad de servicios de restauración, de hostelería y de despacho de bebidas (servicios “horeca”). Posteriormente, se empezaron a usar las marcas THE BULLDOG para bebidas energéticas.

En el marco del procedimiento judicial ante el Tribunal Supremo de Holanda en el que Red Bull solicitaba el cese de la producción y comercialización de dichas bebidas energéticas con el signo THE BULLDOG, el Tribunal manifestó ciertas dudas en relación a la interpretación del concepto de justa causa establecido en el art. 5.2 de la Directiva 89/104 de Marcas, por lo que decidió plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En concreto, se preguntó si podría calificarse de justa causa el uso por un tercero de un signo semejante (THE BULLDOG) a una marca renombrada (RED BULL KRATING-DAENG) para un producto idéntico (bebidas energéticas) cuando se ha probado que el signo semejante se había utilizado con anterioridad a la solicitud de la marca renombrada.

El Tribunal indica que, a efectos de determinar si este uso anterior podría calificarse de justa causa y podría permitir justificar que se obtenga una ventaja del renombre , hay que tener en cuenta dos elementos: 

1) Implantación del signo usado anteriormente y apreciación de la reputación de que goza este signo entre el público interesado y 
2) La intención del titular del signo semejante. 

Para ello, deberá tenerse en cuenta el grado de similitud entre los productos y servicios para los que la marca semejante se ha utilizado, cuándo se empezó a utilizar THE BULLDOG para el producto idéntico al de la marca renombrada y en qué momento la marca renombrada adquirió dicho renombre.

En el presente asunto se entendió que el hecho de que De Vries utilizase las marcas THE BULLDOG para bebidas energéticas no suponía una ventaja del renombre de la marca de Red Bull sino que se trataba de una ampliación de la gama de los productos y servicios que antes comercializaba.

En conclusión, el Tribunal establece que efectivamente podrá obligarse al titular de una marca renombrada, en virtud de una justa causa en el sentido del art. 5.2 de la Directiva 89/104, a tolerar el uso por un tercero de un signo semejante para un producto idéntico al registrado por la marca renombrada, siempre que el signo del tercero se hubiese utilizado con anterioridad a solicitud de la marca renombrada y siempre que este signo semejante se hubiese utilizado de buena fe. Para apreciar tales circunstancias, el órgano jurisdiccional nacional deberá tener en cuenta la implantación y reputación del signo semejante a la marca renombrada; grado de similitud entre los productos distinguidos por la marca renombrada y aquellos para los que se amplía la gama de productos del signo semejante y la relevancia económica y comercial del uso realizado por el signo semejante.



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miércoles, 12 de febrero de 2014

¿Puede un residente en la UE comprar en una página de venta on-line china un producto falsificado, incluso si es para uso privado?


Por FrankWilliams
Vía wikipedia
Poder comprarlo, obviamente, sí. Pero quizá no llegue nunca a recibirlo: a la entrada del reloj falsificado en la UE se le aplicará el Reglamento relativo a la intervención por parte de las autoridades aduaneras de mercancías sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual y, por tanto, será retenido y, en su caso, destruido.

Esto es lo que resuelve la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) en el asunto C-98/13 que acaba de publicarse el 6 de febrero de 2014.

Los hechos se remontan a enero de 2010 en que un ciudadano danés (Sr. Blomqvist)  compra un reloj Rolex en una página web china de venta online y efectúa el pago en la misma web. El paquete es remitido desde Hong Kong a la dirección del Sr. Blomqvist en Dinamarca, siendo retenido por la aduana de ese país en aplicación del Reglamento (CE) nº 1383/2003, que estaba en vigor en dicho momento, por vulnerar los derechos de propiedad industrial e intelectual del titular de la marca Rolex. El importador danés se opuso a la destrucción del reloj alegando haberlo comprado lícitamente para su uso personal.

El TJ entiende que, aunque la venta de productos se haya producido a través de una página web situada en un país fuera de la UE, no se puede privar al titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de la protección que garantiza el Reglamento aduanero, esto es, impedir la entrada de la mercancía en el espacio europeo. No es necesario comprobar previamente si la mercancía ha sido objeto de una oferta o publicidad dirigida al público consumidor europeo, puesto que la venta consta acreditada.

Esta sentencia supone, por tanto, un serio aviso a los compradores de productos en Internet: los productos falsos comprados en webs fuera de la UE podrán ser retenidos y destruidos a su llegada a la UE, con independencia del uso que se les quiera dar.



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lunes, 10 de febrero de 2014

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad: conclusiones del AG en el asunto C-583/12


De Manuel Alarcón
Vía Flickr
El abogado general, Pedro Cruz Villalón, ha presentado sus conclusiones respecto a las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo de Estonia al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) sobre la interpretación del artículo 13.1 del Reglamento (CE) nº 1383/2003 relativo a la intervención aduanera de mercancías sospechosas de vulnerar los derechos de propiedad intelectual. Concretamente, los puntos a resolver son los referentes a la consideración o no de “autoridad competente para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual” a las autoridades aduaneras y el papel de éstas para iniciar o no el procedimiento para determinar dicha vulneración.

Aunque la interpretación del artículo 13.1 del Reglamento nº 1383/2003 nacerá y posiblemente morirá pronto, pues desde el 1 de enero de 2014 ha sido derogado por el Reglamento (UE) nº 608/2013 que contiene la nueva regulación de intervención de mercancía falsificada, la misma podría concretar algo más el papel de las propias autoridades aduaneras nacionales.

Los hechos se remontan al año 2010 con la retención en la Aduana de Estonia de 63.700 botellas que presuntamente infringen un modelo industrial que está registrado a favor de la compañía Acerra y que fueron importadas por la compañía Sintax.

Sintax solicitó hasta en dos ocasiones a la Aduana el levante de la mercancía, que le fue denegada e interpuso contra Acerra una demanda ante el Tribunal Ordinario de 1ª Instancia para impugnar la validez del modelo industrial. Dicho tribunal confirmó el registro posteriormente y, por tanto, el modelo está en vigor.

Sintax en vista de la denegación del levante por parte de la Aduana, interpuso una demanda ante un Tribunal Contencioso-Administrativo. Dicho tribunal dio la razón a Sintax, pero la Aduana siguió con su postura de no conceder el levante y recurrió a un Tribunal superior.

El recurso de la aduana fue desestimado también y motivó que ésta interpusiera un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Estonia (remitente de las cuestiones prejudiciales) en base a que la aduana dispone de capacidad para decidir sobre la vulneración de derechos de propiedad intelectual.

El Tribunal Supremo en su primera cuestión prejudicial plantea si puede tramitarse también ante la administración aduanera el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual, mencionado en el artículo 13.1 del Reglamento nº 1383/2003, o bien la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo, mencionada en el capítulo III del Reglamento, debe ser distinta de las autoridades aduaneras.

La conclusión del abogado general es que el artículo 13.1 del Reglamento no excluye que los Estados miembros faculten a las autoridades aduaneras para tramitar el procedimiento previsto en la referida disposición, siempre que dicha facultad esté expresamente prevista en la normativa nacional, las autoridades aduaneras actúen de modo que queden garantizadas su independencia e imparcialidad, se observe el derecho a ser oído y exista la posibilidad de ejercitar control judicial.

Respecto a la segunda cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo de Estonia se cuestiona si la autoridad aduanera debe tener la posibilidad de entablar el correspondiente procedimiento previsto en el artículo 13.1 del Reglamento.

La conclusión del Abogado General es que el Reglamento no excluye que los Estados miembros establezcan la posibilidad de que las propias autoridades aduaneras entablen formalmente el procedimiento mencionado en dicha disposición, ya que aunque el Reglamento hace un esfuerzo para no obstaculizar la libertad de comercio, al mismo tiempo, previene la comercialización de mercancías que vulneran los derechos de propiedad intelectual.

Por ello, sigue diciendo el abogado general que la abstención del titular del derecho de iniciar el procedimiento dentro de plazo únicamente puede sustituirse por la incoación por parte de las autoridades aduaneras de un procedimiento que evite el levante de las mercancías en aquellos casos en los que las autoridades aduaneras adopten una decisión formal de entablar el procedimiento.

Si los Estados miembros otorgan, en sus respectivos derechos nacionales, las competencias necesarias a las autoridades aduaneras para que puedan determinar si se ha vulnerado o no un derecho de propiedad intelectual, se les estará otorgando un poder que hasta ahora, al menos en el derecho español, correspondía en exclusiva a los tribunales. Este poder conllevará, sin duda, también una gran responsabilidad (si me permiten parafrasear al tío de Spiderman) para poder garantizar la independencia e imparcialidad de sus actuaciones.


Autor: Transi Ruiz

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jueves, 6 de febrero de 2014

José Emilio Pacheco y el copyleft


Se nos mueren los poetas y se nos muere el derecho de autor. Lo primero, en el caso del mexicano y Premio Cervantes José Emilio Pacheco, es una triste realidad. Lo segundo, ya se comprende, no es más que una licencia poética ante los derroteros que van tomando algunas reformas legislativas en propiedad intelectual.

Fotografía de Gustavo Benítez
Vía Wikimedia
Como un testimonial homenaje hacia el poeta que acaba de fallecer propongo el rescate de unos versos que entroncan -es un decir- con algunos de los movimientos más proclives a la negación del derecho de autor en Internet, aquellos que postulan la navegación libre y sin cortapisas de obras a través de la red. Estas corrientes, no todas reprobables, se asimilan en cierta medida a una vocación romántica al anonimato de la que se hacen eco algunos poetas. Manuel Machado recordaba que hasta que el pueblo las canta "las coplas, coplas no son", para añadir inmediatamente: "Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor". Pues bien mucho tiempo después, José Emilio Pacheco retoma la misma idea con estos sentidos versos:


"Y yo quisiera como el maestro español
que la poesía fuese anónima ya que es colectiva
(a eso tienden mis versos y mis versiones).
Posiblemente usted me dará la razón.
Usted que ha leído y no me conoce.
No nos veremos nunca pero somos amigos.
Si le gustaron mis versos
que más da que sean míos/de otro/de nadie.
En realidad los poemas que leyó son de usted:
Usted, su autor, que los inventa al leerlos."

Nadie pensaría, claro está, que el poeta nos está regalando su obra, pero revelan una generosidad de espíritu de la que bien podemos dejar constancia con ocasión de su muerte.



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lunes, 3 de febrero de 2014

No eres tú, soy yo (III)


En esta tercera entrega de la serie “No eres tú, soy yo” analizamos los aspectos relacionados con el orden jurisdiccional civil en la suplantación, con un comentario de las autoras.

Para aquellos interesados en las entregas anteriores, pueden acudir a la 1ª entrega y 2ª entrega.



B)        Orden jurisdiccional civil
Vía Wikimedia

Registrar un perfil ficticio sin emplear datos o la fotografía de otra persona no tiene repercusión desde el punto de vista jurídico. Cosa distinta sucede cuando el perfil creado incorpora la fotografía o datos de un tercero, lo que supondría una vulneración de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución (desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen).

En cuanto a mecanismos de tutela, el artículo 9 de la citada Ley 1/1982, en su apartado segundo, dispone lo siguiente:

Dos. La tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y, en particular, las necesarias para:

a) El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior. En caso de intromisión en el derecho al honor, el restablecimiento del derecho violado incluirá, sin perjuicio del derecho de réplica por el procedimiento legalmente previsto, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida.

b) Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores.

c) La indemnización de los daños y perjuicios causados.

d) La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos.
Estas medidas se entenderán sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para asegurar su efectividad.

Pese a lo anterior, lo cierto es que en la práctica, en el ámbito civil, las posibilidades son menos halagüeñas.

Efectivamente, el principal obstáculo que se nos presenta reside en la dificultad para acceder a la persona detrás de los usuarios.

Tras haber analizado de forma intensiva el marco normativo y la jurisprudencia en torno a esta cuestión, nos hallamos con que los mecanismos articulados para la obtención de los datos que identifican a los cibernautas (dirección de correo electrónico, IP, titular de la línea) sólo operan en casos de relevancia penal. Es decir, en el ámbito civil no prosperan las medidas interesadas para obtener los datos reales de los usuarios.

Pues bien, aún cuando pudiésemos obtener el correo electrónico y la IP de los usuarios, sería necesario un último paso: dirigirse a los prestadores de servicio de acceso a Internet (Telefónica, Jazztel, etc) para identificar a quién de entre sus clientes corresponden tales datos. Desafortunadamente, en virtud de la Ley 25/2007, esta información sólo la facilitarán en caso de delitos especialmente graves.

Queda así, como demuestra la jurisprudencia en este punto, vedado el retirar este último velo en la jurisdicción civil.

En este punto, cabe detenerse a estudiar la práctica de diligencias preliminares, reguladas en  el artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. 

Aún cuando el artículo 9 de la Ley 1/1982 se refiere a “todos los medios”, los supuestos en que procede la adopción de diligencias preliminares tasados y es abundante la jurisprudencia que señala que a través de esta vía no procede solicitar la identificación de los demandados.

Si bien por vía penal o administrativa sí existen los medios para interesar y obtener dicha identificación, por la vía civil éste siempre ha sido un punto pendiente, que ha puesto en jaque en no pocas ocasiones la posibilidad de que un determinado individuo pueda defender su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

El legislador, en el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, prevé ciertas modificaciones para la agilización y eficacia de los mecanismos para la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones de derechos en el entorno on line. Entre los mecanismos que comprende está introducir un nuevo subapartado 10ª en el apartado 1 del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, para facilitar a los titulares de derechos la iniciación de procedimientos judiciales contra infractores en vía civil.

De Cathy Cole
Vía Flickr
Resulta paradójico que tratándose de un derecho constitucional fundamental en jaque, que tiene que ver con bienes tan sensibles, el legislador no establezca un mecanismo semejante para aquellas personas que ven su derecho al honor vulnerado.

Es por esto que, encontrándonos en fase de reforma, el legislador podría plantearse extender esta medida a los derechos tutelados por la Ley 1/1982, en aras a sentar una vía a futuro de tutela de derechos especialmente vulnerables en esta era tecnológica.

Esta no es una cuestión baladí, ya que nos encontramos ante un conflicto entre los derechos a la tutela judicial efectiva, el derecho al honor, el derecho a la libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones.

Son numerosas las decisiones que, enfrentada la Sala con el argumento de que se impide la tutela  judicial efectiva y se causa indefensión al no permitirse identificar al ofensor, declaran que ha de prevalecer el secreto de las comunicaciones, y que los medios previstos para la identificación última de los comentaristas sólo proceden en asuntos de carácter penal de especial gravedad.

Parece, por tanto, que nos encontramos ante un supuesto que cae de lleno en una laguna jurídica.

En todo caso, aunque la Ley 1/1982 prevé la posibilidad de buscar tutela tanto en la vía civil como penal, debería realizarse una reserva expresa de las acciones civiles, para evitar que el recurso a la vía penal cierre el acceso a la civil en un momento ulterior (especialmente si no prospera la primera), como en la situación reflejada en la sentencia 466/2005 de 2 noviembre de la Audiencia Provincial de Sevilla.


Esperamos que os haya gustado esta entrega. No os perdáis la próxima y última entrega de “No eres tú, soy yo” accesible aquí.

Autores: Alba Mª López y Cristina Espín

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