viernes, 28 de febrero de 2014

La difusión de obras en las habitaciones de un establecimiento termal de asistencia sanitaria constituye un acto de comunicación pública


Alfons Mucha
De Rita Willaert
(vía Flickr)
El Tribunal de Justicia ha vuelto a pronunciarse hoy sobre el concepto de comunicación al público, en su modalidad de radiodifusión, en el marco de la Directiva 2001/29/CE la conocida como Directiva de la Sociedad de la Información). El litigio principal (asunto C-351/12) surge entre la entidad que gestiona los derechos de los autores musicales en la República Checa –OSA- y un establecimiento sanitario de aguas termales a causa de la negativa de este último a pagar a la entidad de gestión las cantidades devengadas en concepto de comunicación pública de obras musicales en su establecimiento durante los años 2008 y 2009.

La peculiaridad de este asunto radica en que la Ley checa de Derecho de Autor prevé una excepción al pago de las compensaciones debidas a los autores a favor de ciertos establecimientos de asistencia sanitaria. Según alega la OSA, esta excepción sería contraria a la Directiva 20001/29/CE, que no permitiría tales limitaciones al derecho de comunicación pública. El argumento es rebatido por el centro sanitario, quien además alega que, en todo caso, las disposiciones de una Directiva no pueden ser directamente invocadas en un litigio entre particulares. Sostiene además que la OSA abusa de su posición de dominio en el mercado, ya que sus tarifas resultan desproporcionadamente altas en comparación con las establecidas por las entidades de gestión análogas situadas en países limítrofes. Todas estas cuestiones son planteadas por el Tribunal checo ante el TJUE.

1)             En lo que respecta a la posibilidad de que una ley nacional pueda excluir el derecho de los autores a autorizar o prohibir la comunicación pública de sus obras en un establecimiento mercantil que tiene instaladas televisiones a tal efecto, el Tribunal de Justicia, con base en una amplia lista de precedentes, opta por una interpretación amplia del concepto de comunicación pública y tiene en cuenta el “efecto acumulativo” de la radiodifusión en las habitaciones. Tal efecto se refiere a la posibilidad de que los distintos usuarios o pacientes de las habitaciones accedan a las obras de forma simultánea o sucesiva en el tiempo.

La duda que podía surgir a la hora de incardinar un acto de estas características en el concepto de comunicación pública venía sembrada por la jurisprudencia sentada por este mismo tribunal en el asunto C-135/10 (“SCF”), relativo a la radiodifusión de obras musicales en la consulta de un dentista. En aquel supuesto, el Tribunal resolvió en el sentido de que no existía tal acto de comunicación pública, fundamentalmente porque el público al que se dirigían las obras –los pacientes de un dentista- estaba constituido por un número de personas escaso y porque la difusión de la música en la consulta no repercutía en modo alguno en los ingresos del negocio.

Como no podía ser de otro modo, esta resolución del Tribunal de Justicia, de fecha de 15 de marzo de 2012, es invocada por el centro termal, que entiende sería de aplicación al presente supuesto. En esta ocasión, sin embargo, el Tribunal estima que tales pronunciamientos no son de aplicación al caso enjuiciado, puesto que la sentencia invocada fue dictada en el marco de un litigio relativo a la remuneración debida a los artistas y productores de fonogramas prevista en la Directiva 92/100/CEE y en este caso nos encontramos ante un derecho de autor regulado en la Directiva 2001/29/CE. En esta última se prevé (artículo 5.3, letra b) que los Estados puedan establecer excepciones al derecho de comunicación pública en beneficio de personas con minusvalías, pero siempre que la comunicación no revista un carácter comercial. En este caso, el Tribunal estima que no concurren los presupuestos de tal precepto para poder establecer la excepción, de modo que la misma sería contraria a Derecho Comunitario.

2)             Con todo, el Tribunal afirma, contestando a la segunda de las cuestiones prejudiciales planteadas, que una norma recogida en una directiva no puede ser directamente invocada en un litigio entre particulares para dejar sin aplicación una norma de derecho interno o hacer una interpretación contra legem de la misma. Dicho de otro modo, la entidad de gestión checa no puede invocar el artículo 3.1 de la Directiva 2001/29 para “invalidar” la excepción recogida en la norma nacional. Sin embargo, esta regla es matizada por el Tribunal, que añade a continuación que el órgano judicial que conoce del litigio principal estará obligado a interpretar tal normativa nacional a la luz de la disposición comunitaria invocada para tratar de llegar a una solución conforme al objetivo perseguido por la misma. 

3) La tercera de las cuestiones prejudiciales está dirigida a dirimir sobre el pretendido abuso de posición dominante de la entidad de gestión checa dada su situación de monopolio dentro de la República Checa y el carácter abusivo de sus tarifas. Sobre este particular, el Tribunal de Justicia señala que ni la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, ni los artículos 56 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se oponen  a una normativa como la checa que permite el ejercicio monopolístico de la gestión colectiva de determinados derechos por parte de una sola entidad. No obstante, el juez nacional será quien deba determinar si las tarifas fijadas por tal entidad de gestión resultan excesivas en comparación con las establecidas por otras entidades de gestión que prestan servicios análogos en países limítrofes. De ser así, la sociedad de gestión podría estar incurriendo en un abuso de posición dominante contrario al artículo 102 TFUE. 



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