viernes, 28 de marzo de 2014

¿Se podría bloquear el acceso de los usuarios a una página web que infrinja derechos de autor?


De Tobias Myrstrand Leander
Vía Flickr
Durante el día de ayer se publicó la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto C-314/12 en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberster Gerichtshof austriaco cuyo objeto era la interpretación del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29/CE relativo a la posibilidad de que los titulares de derechos de autor puedan requerir judicialmente la adopción de medidas cautelares frente a aquellos intermediarios a los que un tercero recurra para infringir derechos de autor.

Las cuestiones prejudiciales planteaban el supuesto aquel en el que un titular de derechos de autor hubiera solicitado la adopción de medidas cautelares frente a un proveedor de servicios de acceso a Internet, obligándole a bloquear el acceso de sus clientes a una página web de un tercero que no es cliente de ese mismo proveedor destinatario de las medidas.

La problemática que este supuesto planteaba con respecto al artículo 8.3 de la Directiva residía en si cabría considerar que el tercero -titular de la página web infractora- estaría recurriendo también a los servicios de los proveedores de aquellos usuarios que accediesen a la página web en cuestión.

La decisión del TJUE no admite dudas, al considerarse que el tercero infractor estaría recurriendo a cuantos servicios de proveedores permitan que sus clientes accedan al sitio web infractor, siendo indiferente para su determinación la existencia de un vínculo contractual entre proveedor e infractor. Lo que posibilita la adopción de medidas cautelares frente a todos los proveedores de servicios y no sólo aquel del que sea cliente el infractor

Por otra parte, también se señala que para la concesión de las medidas cautelares solicitadas no será necesario probar el acceso efectivo de los clientes de los proveedores a las páginas web con contenido ilícito, ya que estas medidas no sólo tendrían por objeto detener las infracciones, sino también evitarlas.

No obstante, matiza el Tribunal, estas medidas a adoptar por los proveedores de servicios en cumplimiento de las obligaciones que puedan derivar de esta normativa deberán respetar el derecho de los usuarios al libre acceso a la información y, por otro lado, ser razonablemente efectivas, en el sentido de que deben ser difícilmente eludibles por los usuarios.

Así pues, se deja abierta la posibilidad de que los titulares de derechos de autor puedan solicitar ante los tribunales la adopción de medidas cautelares frente a los proveedores de servicios de acceso a Internet de cuyos servicios se sirvan los usuarios, pudiendo consistir las medidas en bloquear el acceso a los usuarios a páginas web de terceros que infrinjan derechos de autor, como son aquellas que sin autorización del titular ofrecen la descarga o la visualización en streaming de películas.



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jueves, 27 de marzo de 2014

La reforma de la Ley de Patentes: un paso necesario para potenciar la innovación en España


Tras casi 30 años desde la promulgación de la actual Ley de Patentes, se ha hecho evidente que la normativa actual necesita una revisión para adaptarla a los avances de la sociedad. Por ello, desde la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) se está promoviendo una nueva Ley de Patentes, cuyo segundo borrador de Anteproyecto de Ley se publicó el pasado mes de diciembre.

En nuestro actual sistema, uno de los puntos que más controversia ha ocasionado en los últimos años es el llamado sistema de concesión opcional, según el cual el solicitante puede escoger entre el procedimiento tradicional de concesión, en la cual la patente se concede siempre, o bien el procedimiento con examen previo, en el que los examinadores de la OEPM evalúan la solicitud de patente y ésta sólo se concede si consideran que la invención reivindicada cumple los requisitos legales de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Desgraciadamente este sistema no se ha llegado a implantar con éxito ya que, a día de hoy, sólo un 8% de las solicitudes se tramitan por la vía del examen previo. Este hecho traslada a la sociedad, los competidores y los tribunales la carga de anular patentes que tal vez nunca debieron ser concedidas.

Este es, probablemente, el principal cambio que se puede observar en el anteproyecto de Ley de Patentes pues a partir de ahora, el examen sustantivo de la invención será obligatorio, y sólo se concederá la patente si la invención reivindicada cumple los requisitos legales para que una invención sea patentable.

Pero éste no es el único cambio que introduce el nuevo anteproyecto de Ley, ni mucho menos, ya que se han incorporado a nuestro sistema legal un buen número de nuevas disposiciones orientadas a racionalizar el sistema, simplificar los requisitos, reducir las formalidades y evitar pérdidas involuntarias de derechos que suponen una cierta revolución en el ámbito del derecho de patente.

Las más importantes de estas nuevas disposiciones, son:

1. Se simplifican los requisitos para obtener una fecha de presentación, de modo que, por ejemplo, de entrada se podrá presentar el texto de la solicitud en cualquier idioma -si bien, en ese caso, será obligatoria la posterior presentación de su traducción al castellano-.
2. La fase de búsqueda se adelanta a la presentación de la solicitud, por lo que será obligatorio abonar la tasa de petición del Informe sobre el Estado de la Técnica al presentarla.
3. Se incorpora explícitamente la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o en nuevas indicaciones terapéuticas.
4.  El procedimiento de oposición pasa a ser post-concesión.
5. Se introducen nuevos procedimientos administrativos de revocación y de limitación de la patente a petición de su titular, quien podrá limitar el alcance de las reivindicaciones en cualquier momento de la vida legal de la patente.

Pero no sólo las patentes son objeto de modificaciones sustanciales; también se ve modificado otro título muy utilizado en España, principalmente por el pequeño y mediano empresario: el modelo de utilidad.

En el caso de los modelos de utilidad se equipara el requisito de novedad al de las patentes, lo que evita las incertidumbres a este respecto de la ley actual. El nivel de actividad inventiva, por el contrario, no se modifica y sigue siendo inferior al exigido para las patentes. Además, se amplía el abanico de invenciones que pueden ser protegidas por modelos de utilidad, de modo que ahora se podrán proteger también sustancias o composiciones químicas, si bien aún seguirán estando excluidas las invenciones biotecnológicas y las composiciones farmacéuticas.

Estas modificaciones pueden convertir este título en una opción interesante para, por ejemplo, obtener un título de protección rápido mientras se tramita más lentamente la concesión de una patente.

Finalmente, en lo que se refiere a tasas, se establece también una reducción de un 50% en las tasas de solicitud, búsqueda y examen para determinados emprendedores y PYMES, lo que debería facilitar el acceso de estos colectivos a la protección de su innovación.

En resumidas cuentas, una modernización del sistema de patentes que supondría un paso adelante a favor de la protección de la innovación española.



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jueves, 20 de marzo de 2014

Sangría para celebrar la regulación UE de indicaciones geográficas de productos vitivinícolas aromatizados


De Katherine Price
(vía Wikimedia)
Hoy se ha publicado en el DOUE el nuevo Reglamento de la Unión Europea nº 251/2014 relativo a las indicaciones geográficas de productos vitivinícolas aromatizados, que deroga el anterior (Reglamento nº 1601/91) - si bien la derogación de éste último y la aplicación del nuevo se difieren hasta el 28 de marzo de 2015, con la excepción de ciertas medidas transitorias - y fortalece la protección de estas indicaciones geográficas poniéndola a un nivel similar al que ya tienen los otros esquemas de indicaciones geográficas regulados a nivel comunitario (productos agrícolas y alimenticios, bebidas espirituosas y vinos).

Bajo la denominación de productos vitivinícolas aromatizados se incluyen los vinos aromatizados, las bebidas aromatizadas a base de vino y los cócteles aromatizados de productos vitivinícolas.

Se extiende así también a los productos vitivinícolas aromatizados la fuerte protección que tienen los otros citados productos, por ejemplo, frente a denominaciones que supongan una evocación de estas indicaciones geográficas, introduciéndose también la imposibilidad de que las indicaciones geográficas de estos productos vitivinícolas aromatizados puedan devenir genéricas.

Se prohibe la utilización de expresiones como «género», «tipo», «estilo», elaborado», «aroma» u otros términos similares a alguna de las denominaciones de venta previstas en el reglamento en la designación, presentación o etiquetado de bebidas alcohólicas que no cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento. Y se establecen los requisitos para la utilización de las denominaciones de venta previstas en él, las indicaciones de procedencia y el procedimiento para el registro de indicaciones geográficas para estos productos, además de su esfera de protección y obligaciones de control.

En un plano más específico se establece que la denominación de venta "Clarea" sólo podrá utilizarse para productos producidos en España y "Sangría"/"Sangria" si se produce en España o Portugal. En caso contrario sólo podrán utilizarse como complementos de la denominación de venta "bebida aromatizada a base de vino", siempre que vayan acompañadas de los términos "producida en..." seguida del  nombre del Estado miembro de producción o de una región más pequeña.



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lunes, 17 de marzo de 2014

El Tribunal de Justicia sigue su camino interpretativo de las directivas europeas en materia de publicidad


El 13 de marzo de 2014 (Asunto C-52/13 POSTESHOP) el TJ ha dictado una nueva sentencia en materia de publicidad. En este caso la sentencia interpreta el alcance de la Directiva 2006/114/CE de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y comparativa.

Los hechos que dieron lugar a esta sentencia se refieren a una publicidad realizada por la firma italiana POSTESHOP para promocionar su red de franquicias KIPOINT. Las Autoridades italianas consideraron que la publicidad era engañosa y la declararon ilícita aplicando la normativa italiana interna que transponía la Directiva 2006/114/CE. La cuestión prejudicial que se plantea se debe a que en su recurso POSTESHOP manifiesta que estas normas sólo son aplicables en el marco de una publicidad en la que el engaño es un requisito para la publicidad comparativa ilegal ya que –a juicio de POSTESHOP- la Directiva no contempla dos figuras autónomas (la publicidad engañosa, por una parte  y la publicidad comparativa, por otra).

Las conclusiones del Tribunal de Justicia son muy claras pues señala que la Directiva 2006/114/CE debe interpretarse en el sentido de que contempla dos infracciones diferentes y que, a efectos de prohibir y sancionar una publicidad engañosa, no es necesario que ésta constituya igualmente publicidad comparativa ilegal

Ello es así por las siguientes razones: a) el doble objetivo que tiene la Directiva; b) la definición distinta que se da de los conceptos de publicidad engañosa y comparativa; c) la posibilidad de adoptar medidas independientes respecto a tales figuras ilícitas; d) la diferente lógica seguida a la hora de establecer los criterios para determinar la ilicitud de ambas modalidades; e) la evolución normativa diferente del proceso de regulación de la publicidad engañosa (Directiva 84/450/CE) y la publicidad comparativa (Directiva 97/55/CE) no siendo la Directiva 2006/114/CE más que una codificación de ambas que no tenía intención de modificarlas más allá de una limitación de su ámbito de aplicación (se restringe a lo relativo a la protección de los comerciantes).



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viernes, 14 de marzo de 2014

Nueva esperanza para solicitantes despistados


Sede de la OEPM
De Ricado Ricote
(vía Flickr)
El artículo 33.3 de la Ley de Patentes no deja lugar a dudas: si no se pide la realización del informe sobre el estado de la técnica dentro de los quince meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de la patente, ésta se considerará como retirada.

Sin embargo, en una sentencia que rompe esquemas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Oficina Española de Patentes y Marcas reanudar el procedimiento de concesión de una patente que protege un test innovador para detectar la presencia de ciertos virus en el cuerpo. El solicitante argumentó que el artículo 76.3 de la Ley 30/92 del procedimiento administrativo común prevalece porque se trata de una norma posterior aplicable a cualquier solicitud que se haga a la Administración. La Ley 30/92 trata de una forma más benévola al ciudadano que la Ley de Patentes, ya que le permite rectificar el fallo aunque el plazo para hacerlo haya transcurrido. Esta rectificación se puede hacer en cualquier momento, antes o dentro del día en que la Administración notifique el transcurso del plazo. En el caso de la solicitud del informe sobre el estado de la técnica, ese día será el de la publicación de la retirada de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. El solicitante puede pedir el informe y pagar la tasa ese mismo día.

La sentencia nº 77/2014 de veintinueve de enero de dos mil catorce en el recurso nº 458/2011 rompe así con la práctica habitual de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Sus implicaciones son enormes ya que el mismo razonamiento es aplicable a todos los casos en los que el solicitante o titular de una patente, de una marca o de un diseño industrial incumpla un trámite como, por ejemplo, el de pagar la tasa anual.


Autor: Colm Ahern

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martes, 11 de marzo de 2014

Forma del producto y obtención de un resultado técnico: ¿Pueden constituir una marca?


El TJ se acaba de pronunciar en una reciente sentencia de 6 de marzo de 2014 (Asuntos acumulados C-337/12P y C-340/12P (sólo disponible en inglés y francés) sobre la interpretación del art. 7.1.e RMC y los requisitos a valorar en aquellas marcas que pueden estar constituidas por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

Yoshida es una empresa japonesa que obtuvo el registro de dos marcas comunitarias para designar  determinados tipos de cubiertos en clase 8 y utensilios de cocina en clase 21:

CTM 001371244
                          

CTM 001372580


                                                



Las marcas se referían en la práctica a una empuñadura para cuchillos recubierta de puntos cóncavos comercializados por Yoshida, como se ve en la imagen reproducida a continuación:

                                      
Imagen obtenida en  www.yoshikin.co.jp

Esta alineación de puntos cóncavos, protegida asimismo por varias patentes, cumplía una función antideslizante para evitar que el cuchillo se resbalase de la mano al cortar.

Las empresas Pi-Design, Bodum France SAS y Bodum Logistics A/S instaron la nulidad de los registros comunitarios ante la OAMI sobre la base de su falta de carácter distintivo y la infracción del art. 7.1.e RMC, es decir, por tratarse de un signo constituido por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Tras varios recursos el asunto llegó al TJ que se ha pronunciado recordando en primer lugar que los motivos absolutos de denegación del art. 7.1 RMC deberán interpretarse a la luz del interés general e indicando la imposibilidad de conceder a una empresa el monopolio sobre soluciones técnicas o características funcionales de un producto.

A efectos interpretar de forma correcta el art. 7.1.e RMC el TJ indica que es necesario identificar cuáles son las características esenciales de la marca. Para ello, establece que se deberá realizar un estudio caso por caso examinando los distintos tipos de elementos que conforman el signo -teniendo en cuenta además que no existe  una jerarquía entre ellos- y la impresión de conjunto que el signo causará entre el público. Además, el art. 7.1.e RMC se aplicará tanto a las marcas bidimensionales como tridimensionales.

El TJ establece en su pronunciamiento que además de lo anterior hay tener en cuenta otros elementos adicionales como la fecha de solicitud de la marca –para determinar si efectivamente concurrían los motivos de nulidad en dicha fecha-, cómo se utiliza la marca en la práctica desde dicha fecha de solicitud o la existencia de patentes anteriores; circunstancias que el TG no tuvo en cuenta y por lo que incurrió en un error de derecho.

Por la falta de consideración de los elementos anteriormente citados, el TJ devuelve el asunto al TG para su revisión.




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viernes, 7 de marzo de 2014

La marca de pan Kornspitz puede morir de éxito entre los consumidores


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia en su sentencia de 6 de marzo de 2014, C-409/12, sobre las condiciones que deben concurrir para la declaración de caducidad de una marca motivada por su vulgarización.

En el supuesto planteado, la marca austriaca KORNSPITZ se había convertido para los consumidores en la designación usual de un tipo de barra de pan, pero no así para los panaderos que elaboran y venden al público esas barras a partir de la materia prima suministrada por el titular de la marca.



Pues bien, el Tribunal sigue el criterio que ya había apuntado en su sentencia de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, en un asunto de similares características -aunque en aquel caso se trataba de pepinillos en vinagre en lugar de pan-. A juicio del Tribunal, la percepción de los consumidores o usuarios finales del producto desempeña un papel decisivo a la hora de la valoración de la vulgarización de la marca. Por tanto concluye que puede declararse su caducidad por vulgarización cuando se haya convertido en la designación usual del producto entre los consumidores pero no entre los vendedores del mismo.

A continuación el Tribunal examina las condiciones en las que una determinada conducta del titular de la marca puede considerarse como "inactividad" en el sentido del artículo 12. 2 b) de la Directiva 2008/95de marcas y, en concreto, si la ausencia de actuaciones dirigidas a inducir a los vendedores del producto a informar a sus clientes de que el signo utilizado está registrado como marca puede considerarse como tal “inactividad”.

La respuesta del Tribunal a esta pregunta es positiva, lo cual evidentemente impone sobre los titulares de marcas una elevada carga.

Por último, el tribunal austriaco remitente de la cuestión prejudicial plantea la cuestión de si para poder declarar la caducidad de la marca por vulgarización es necesario que existan otras denominaciones para el producto en cuestión distintas de la marca registrada.

El Tribunal de Justicia considera irrelevante tal circunstancia, puesto que en ningún caso modificaría el hecho de que la marca se hubiera convertido en la designación usual del producto, que es el requisito establecido por el precepto legal.


Autor: Carlos Morán

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lunes, 3 de marzo de 2014

¿Es necesario probar los daños si el titular de una patente opta por la regalía hipotética?


El artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE de Enforcement parece equiparar, de un modo un tanto confuso, la regalía hipotética con los daños y perjuicios, mientras que en muchos ordenamientos jurídicos tendría mejor encaje en la figura del enriquecimiento injusto.


La referencia a los daños y perjuicios, que ha sido transpuesta en el artículo 66 de la Ley de Patentes, ha causado numerosos problemas en España donde la jurisprudencia ha afirmado tradicionalmente que los daños deben ser “reales y efectivos” y estrictamente limitados a los que se han probado. ¿El titular de la patente tiene la carga de aportar una prueba del daño que ha sufrido aunque opte por la regalía hipotética? Esto ha dado lugar a una jurisprudencia confusa y contradictoria y al desarrollo de la llamada doctrina de “ex re ipsa que busca compaginar de algún modo la regalía hipotética con la jurisprudencia tradicional, estableciendo que no hay necesidad de probar la existencia del daño si de las circunstancias se deduce claramente la existencia de daño ex re ipsa. Sin embargo, hubiera sido mucho más conveniente reconocer que, dado que la regalía hipotética no tiene encaje en el concepto de los daños y perjuicios, entonces la cuestión de su prueba ni siquiera surge.

Ésta es precisamente la conclusión de la Audiencia Provincial de Madrid, en la sentencia nº 25/2014 de 24 de enero 2014 en el recurso 578/2012. En esta sentencia se establece que la finalidad de la regalía hipotética no es la compensación de un quebranto patrimonial sino la retribución de la invasión antijurídica del derecho de exclusiva del titular.

La resolución no se fundamenta en la existencia ex re ipsa de daños y perjuicios, sino que establece que no es necesario probar que el titular los haya sufrido. Ésta es una buena noticia para los titulares de patentes que hasta ahora corrían el riesgo de que los tribunales consideraran que los daños no eran tan evidentes como se afirmaba, por ejemplo, cuando el titular no estuviera explotando la patente o no hubiera realizado preparativos para hacerlo directamente o por medio de la concesión de una licencia. La Audiencia ofrece además unas indicaciones claras sobre la determinación de la regalía hipotética, que puede comprender un canon de entrada, un canon fijo anual y un canon variable según el volumen de ventas.


Autor: Colm Ahern

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Las mercancías falsificadas en tránsito por la UE tienen sus días contados


Parlamento Europeo
de Cédric Puisney
(vía Wikipedia) 
El Parlamento Europeo el 25 de febrero de 2014 ha aprobado el texto de la propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Entre las interesantes disposiciones aprobadas en relación a la legislación de marcas se encuentra una que ha sido largamente demandada por multitud de organizaciones y compañías de diversos sectores de producción y consumo, y es la de eliminar la libertad de tránsito de los productos falsificados por el territorio de la UE, incluso cuando dichos productos van destinados a un país fuera de la Unión. 

Concretamente las medidas que se aprueban son:

1. Que el titular del derecho pueda impedir que se introduzcan productos en territorio de la Unión procedentes de terceros países y que contengan una marca falsificada.

2. Que el titular del derecho pueda emprender las acciones judiciales pertinentes contra los productos falsificados. Entre estas acciones se incluyen, el derecho de solicitar a las autoridades aduaneras nacionales que adopten las medidas necesarias, tales como retención y destrucción de los productos falsificados de conformidad con el nuevo Reglamento aduanero (UE) nº 608/2013.

3. Que el titular del derecho también pueda impedir la importación a la UE, de productos falsificados expedidos en pequeños envíos, especialmente encuadrados en las ventas comerciales a través de Internet.

Los pequeños envíos, tal y como los define el Reglamento (UE) nº 608/2013 de vigilancia aduanera son los paquetes postales que contengan 3 o menos unidades o con un peso bruto inferior a 2 kg.

En el caso de que se adopte la medida anterior respecto a los pequeños envíos, el Parlamento prevé que se informe a las personas o entidades que han encargado los productos del motivo por el que se han adoptado las medidas, así como de sus derechos legales frente al expedidor del paquete.

Las disposiciones aprobadas en relación a los pequeños envíos tiene su precedente en la reciente sentencia del TJ en el asunto C-98/13 que se dictó el pasado 6 de febrero de 2014, en la que ya se entendía que, aunque la venta de productos para uso particular se hubiera producido a través de una página web situada en un tercer país fuera de la UE, no se puede privar de la protección que garantiza el Reglamento aduanero al titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial, concretamente la de impedir la entrada de la mercancía en el espacio europeo, sin que sea necesario comprobar previamente si la mercancía había sido objeto de una oferta o publicidad dirigida al público consumidor europeo.

El Parlamento Europeo ha dado un gran paso en la lucha contra las falsificaciones en todos los frentes posibles y no sólo para su territorio.


Autor: Transi Ruiz

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