lunes, 17 de marzo de 2014

El Tribunal de Justicia sigue su camino interpretativo de las directivas europeas en materia de publicidad


El 13 de marzo de 2014 (Asunto C-52/13 POSTESHOP) el TJ ha dictado una nueva sentencia en materia de publicidad. En este caso la sentencia interpreta el alcance de la Directiva 2006/114/CE de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y comparativa.

Los hechos que dieron lugar a esta sentencia se refieren a una publicidad realizada por la firma italiana POSTESHOP para promocionar su red de franquicias KIPOINT. Las Autoridades italianas consideraron que la publicidad era engañosa y la declararon ilícita aplicando la normativa italiana interna que transponía la Directiva 2006/114/CE. La cuestión prejudicial que se plantea se debe a que en su recurso POSTESHOP manifiesta que estas normas sólo son aplicables en el marco de una publicidad en la que el engaño es un requisito para la publicidad comparativa ilegal ya que –a juicio de POSTESHOP- la Directiva no contempla dos figuras autónomas (la publicidad engañosa, por una parte  y la publicidad comparativa, por otra).

Las conclusiones del Tribunal de Justicia son muy claras pues señala que la Directiva 2006/114/CE debe interpretarse en el sentido de que contempla dos infracciones diferentes y que, a efectos de prohibir y sancionar una publicidad engañosa, no es necesario que ésta constituya igualmente publicidad comparativa ilegal

Ello es así por las siguientes razones: a) el doble objetivo que tiene la Directiva; b) la definición distinta que se da de los conceptos de publicidad engañosa y comparativa; c) la posibilidad de adoptar medidas independientes respecto a tales figuras ilícitas; d) la diferente lógica seguida a la hora de establecer los criterios para determinar la ilicitud de ambas modalidades; e) la evolución normativa diferente del proceso de regulación de la publicidad engañosa (Directiva 84/450/CE) y la publicidad comparativa (Directiva 97/55/CE) no siendo la Directiva 2006/114/CE más que una codificación de ambas que no tenía intención de modificarlas más allá de una limitación de su ámbito de aplicación (se restringe a lo relativo a la protección de los comerciantes).



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