jueves, 29 de mayo de 2014

Nuevo acuerdo aduanero entre China y la UE. ¿Qué implica para los titulares de marcas?

Mercado de la Seda de Beijing
(de gruntzooki vía Flickr)

China y la Unión Europea han firmado un acuerdo de reconocimiento mutuo en cooperación aduanera cuyo principal objetivo es facilitar los trámites aduaneros a aquellos comerciantes que sean considerados de confianza. Se han firmado a su vez dos nuevas iniciativas que complementan el acuerdo, un nuevo “Marco estratégico para la cooperación aduanera” y un nuevo “Plan de acción UE-China sobre derechos de propiedad industrial e intelectual”.

La figura del “comerciante de confianza”, también conocido como “Operador económico autorizado”, ha estado presente en la regulación aduanera de la UE desde 2008 y se caracteriza por disfrutar de procedimientos aduaneros simplificados siempre que demuestre que es un operador seguro, fiable y que cumple con la normativa de seguridad. Por lo tanto, los comerciantes de confianza pasan por un número menor de controles aduaneros y disponen de procedimientos más rápidos al entrar y salir del Espacio Económico Europeo (EEE)

China no es el primer país en firmar un acuerdo de este tipo con la UE; existen acuerdos de reconocimiento mutuo ya firmados con países como EE.UU (2012) y Japón (2011), pero la incorporación de China lo ha convertido en el sistema de comercio certificado más aceptado en el mundo, ya que incluye en la actualidad alrededor de 15.000 empresas certificadas como comerciantes seguros (para más información véase la nota de prensa de la Comisión Europea).

Es necesario, sin embargo, resaltar otro punto. China ostenta la triste reputación de ser un país en el que comúnmente se comenten infracciones contra la propiedad intelectual. A pesar de ello, el 1 de mayo de 2014 ha entrado en vigor la nueva Ley de Marcas (para más detalles sobre las modificaciones, consulte la entrada previa en nuestro blog) que presumiblemente reforzará la protección de los titulares de marcas contra infracciones y solicitudes de mala fe. Es pronto aún para saber cómo se llevará a cabo en la práctica, pero la combinación entre la nueva Ley de Marcas y el acuerdo aduanero firmado recientemente son, sin lugar a dudas, buenas noticias para los titulares de derechos.

Nuestra experiencia en China, sin embargo, nos ha demostrado que los titulares  europeos de marcas suelen tener más problemas con los “trademark squattersque con los infractores de derechos de propiedad intelectual. La razón es simple: es una práctica ampliamente establecida entre los propietarios europeos de marcas la fabricación de sus mercancías en China para después venderlas en el mercado europeo, pero sin llevar a cabo el registro de sus marcas en China. Esto puede llevar aparejada una consecuencia: cualquier empresa o particular chino puede acudir a la Oficina de Marcas (SAIC) y registrar la marca europea sin ningún problema ya que el sistema de registro de marcas en China se basa en el principio de  “first-to file”. A continuación, también pueden registrar la marca en la aduana china (GAC) y cuando el dueño de la marca europea intenta mandar a Europa su próximo envío, los productos son detenidos en la aduana por infringir una marca china registrada. Con lo cual, el titular europeo se ve abocado a elegir una de estas dos opciones, igual de negativas: pagar una cantidad importante de dinero para adquirir su propia marca en China o ir a juicio / TRAB.

Una de las rutas más comunes es tratar de cancelar dicho registro por mala fe o falta de uso a partir de los tres primeros años de la inscripción. En este caso, el mayor problema al que se enfrenta el propietario legítimo es demostrar el uso, o al menos, cierta influencia de su marca en el mercado chino. Efectivamente, en la actualidad es casi imposible demostrar el uso de una marca europea en estos casos ya que la fabricación para la exportación no es considerado uso real de la marca (no existe precedente en el sistema judicial de China, por lo que los tribunales chinos no están obligados a seguir las decisiones anteriores, aún cuando las haya) y sólo algunas marcas muy famosas han conseguido ser reconocidas por los tribunales cuando no se habían utilizado en el mercado chino.

Con el fortalecimiento del requisito de buena fe en el registro y en el uso por la nueva Ley de Marcas de China y el acuerdo de reconocimiento mutuo con la UE, los casos mencionados anteriormente deberían disminuir. No sólo por la protección reforzada que ofrece la ley, sino también porque la cooperación aduanera facilitaría la lucha contra los “trademark squatters” mediante el reconocimiento de los comerciantes europeos de confianza en China, un hecho que puede alentar a las empresas de la UE a registrar sus marcas en este país con el fin de estar completamente protegidos. De esta manera, la aduana china podría dedicar muchos más recursos a los comerciantes de alto riesgo y luchar contra las infracciones de manera más eficiente.

A pesar de que la legislación china en materia relacionada con propiedad industrial e intelectual y las actuaciones de las autoridades están mejorando cada día más, debemos ser conscientes de los peligros que aún existen para adaptar nuestra estrategia de propiedad intelectual de acuerdo a ellos. Para el ciudadano corriente en China, los esfuerzos de las autoridades son casi invisibles, lo que demuestra una vez más la magnitud de las infracciones y la enorme cantidad de recursos y tiempo que hay que dedicar a esta lucha. Si el propietario de una marca se dedica a la fabricación o planea usar su marca en el mercado chino, sus derechos deberían ser registrados antes de comenzar cualquier actividad comercial o de otro tipo en China. En caso de que el propietario se encuentre en el mercado chino, es altamente recomendable registrar las marcas tan pronto como sea posible.




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miércoles, 14 de mayo de 2014

Espaldarazo del TJUE al "derecho al olvido" en la UE


Paul David
(vía Flickr)
En el día ayer, 13 de mayo de 2014, el TJUE ha emitido sentencia en el asunto C-131/12 que enfrentaba a Google contra la Agencia Española de Protección de Datos.

El 5 de marzo de 2010, el Sr. Costeja González presentó una reclamación contra Vanguardia Ediciones S.L. y contra Google Spain, S.L. y Google Inc. ante la AEPD. En la reclamación solicitaba que se exigiese a La Vanguardia que modificara o eliminara esas páginas, con el fin de que no apareciesen sus datos personales, o que utilizara las herramientas facilitadas por los motores de búsqueda para proteger esos datos. A su vez, el Sr. Costeja González solicitaba que se exigiese a Google Spain o a Google Inc. que ocultaran o eliminaran sus datos personales, para que no se incluyesen en los resultados de búsqueda y dejaran de estar ligados a los enlaces de La Vanguardia. Todas estas solicitudes se basaban en que el embargo al que se vio sometido el Sr. Costeja González en su día estaba totalmente solucionado y resuelto desde hacía varios años y carecía actualmente de interés alguno.

El 30 de julio de 2010 la AEPD desestimó la reclamación contra la editorial y estimó la reclamación realizada contra Google Spain, S.L. y Google Inc., instándoles a retirar los datos de su índice e imposibilitar el acceso futuro a los mismos. En vista de los resultados, Google Spain, S.L. y Google Inc. interpusieron recursos ante la Audiencia Nacional para solicitar la nulidad de la resolución de la AEPD.

En este contexto, la Audiencia Nacional suspendió el procedimiento y planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una serie de cuestiones prejudiciales:

  • La aplicación territorial de la Directiva 95/46/CE;
  • La determinación del alcance de la responsabilidad de los buscadores como proveedores de contenidos en relación con la Directiva 95/46/CE;
  • Y el alcance del derecho de cancelación y oposición en relación con el derecho al olvido.


Primeramente, el TJUE califica como “tratamiento de datos personales” la actividad de los motores de búsqueda consistente en “hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado”, convirtiendo, así, en responsable de este tratamiento al gestor del motor de búsqueda, el cual habrá de garantizar la satisfacción de las exigencias de la Directiva 95/46, así como la protección plena y efectiva de los derechos de los interesados.

En lo que respecta a la aplicación territorial, el TJUE rechaza el argumento esgrimido por Google de que Google Search no efectúa un tratamiento de datos de carácter personal en la actividad que desarrolla en España. El TJUE otorga la condición de establecimiento, en los términos establecidos por la Directiva, a Google Spain, S.L., por ser la filial de Google Inc. en España. Cuando una empresa que esté situada en un tercer estado, tenga un establecimiento en un estado miembro y realice un tratamiento de datos personales para permitir el funcionamiento de su motor de búsqueda en el establecimiento del estado miembro, la Directiva considera que ese tratamiento se realiza  “en el marco de las actividades” del establecimiento del estado miembro, siempre que su objetivo sea vender o promocionar sus bienes o servicios en ese estado.

En lo que se refiere al alcance de la responsabilidad de los buscadores como proveedores de contenidos en relación con la Directiva, el TJUE establece que el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados generada tras realizar una búsqueda a partir del nombre de una persona, los enlaces a las páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa a esta persona. Asimismo, el TJUE añade que esa obligación existe también en el caso en el que ese nombre o información no se borre previa o simultáneamente de esas páginas web, aunque la publicación sea lícita. El TJUE razona que una visión estructurada de la información relativa a esa persona afecta potencialmente a su vida privada.

A su vez, el TJUE determina la necesidad de ponderar, por un lado, el derecho de acceso a la información del usuario, y por el otro, el derecho a la protección de los datos de carácter personal del afectado. Este equilibrio depende de la naturaleza de la información de que se trate y de la función social que desempeñe el afectado.

Finalmente, el TJUE instaura la posibilidad de que pasado un tiempo, el afectado, en ejercicio del derecho al olvido, solicite la supresión de la lista de resultados obtenida. Si se comprueba que la lista es incompatible actualmente con la Directiva, la información y los enlaces que figuran en ella deberán eliminarse. Serán incompatibles todos estos datos cuando se revelen inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o excesivos en relación con los fines para los que fueron tratados y del tiempo transcurrido.


Esta decisión afecta a más de 220 recursos interpuestos por Google contra resoluciones de la AEPD y que están actualmente pendientes ante la Audiencia Nacional.




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viernes, 9 de mayo de 2014

El papel de la Open Innovation en el futuro


La Open Innovation o Innovación Abierta fue descrita por primera vez en la década de los 60 por Henry Chesbrough, profesor adjunto y director del “Center for Open Innovation” en la Haas School of Business de la Universidad de California. Ya entonces, este visionario profesor previó que el futuro vendría acompañado de un cambio en el concepto de innovación y en la forma de gestionar la misma.
¿Pero, qué se entiende por innovación abierta? La innovación abierta parte del principio de sinceridad de una organización empresarial. Es preciso reconocer que únicamente se puede disponer de una pequeña parte del talento del mercado laboral global y que fuera de la organización también se generan ideas muy valiosas. Así, la única manera de acercarse a un mayor número de proyectos brillantes y creativos es mediante una apertura integral, con el objetivo de compartir ideas, riesgos y beneficios. De esta manera se genera una combinación de conocimientos internos y externos que permite desarrollar y gestionar proyectos y productos innovadores de la máxima calidad y con la característica particular de ser realmente innovadores. En definitiva, se trata de generar una serie de conocimientos colectivos que puedan ser el motor perfecto para ofrecer soluciones a distintas compañías en distintos ámbitos.

Gracias a la innovación abierta se generan nuevas oportunidades de negocio en nuevos mercados que son muy beneficiosas para las empresas a pesar de tener actividades diversas. Como estrategia para superar la crisis económica en la que se encuentra inmersa Europa en general y España en particular, supone un avance importante pues es una forma de reducir los elevados costes que tienen la I+D, aumentar el potencial desarrollador de productos, incorporar clientes de manera temprana en la fase de desarrollo, mejorar los resultados de investigación sobre mercados y facilitar los acuerdos y las sinergias entre empresas innovadoras. Además, la innovación abierta puede ocurrir a distintos niveles, ya sea entre departamentos dentro de una misma empresa, entre empresas o incluso entre grandes instituciones innovadoras. El potencial que ofrece este tipo de innovación resulta prácticamente inaccesible para una empresa que opera de manera autónoma o que lleva a cabo una gestión cerrada y tradicional de la innovación. En la actual situación económica que vivimos, una empresa que esté cerrada al mundo está limitada en su actividad pudiendo llegar a ser determinante en la vida de la misma.

Por desgracia la innovación abierta puede llevar aparejados una serie de inconvenientes que conviene tener en mente. A la hora de apostar por una innovación de este tipo, las empresas deben actuar de forma prudente analizando cuidadosamente cómo y qué se va a poner a disposición del resto de colaboradores para no desvelar información sensible (know how, productos en desarrollo, etc.) que se prefiere mantener bajo secreto industrial. Por ejemplo, una manera estratégica de actuar comedidamente es proteger cualquier conocimiento antes de ser divulgado. Todos estos métodos y mecanismos de protección de los activos intangibles son de una importancia vital para no perder la ventaja competitiva de una empresa con respecto a sus competidores directos. Para no caer en este tipo de errores, es muy recomendable tomar precauciones y contratar a profesionales en esta materia para que ejerzan una labor de asesoría que vele por los intereses de la propia empresa sin perjuicio de los beneficios que aporta la innovación abierta.

En conclusión, la innovación abierta es una gran oportunidad de ampliar negocio que muchas empresas deben valorar para mejorar sus expectativas de crecimiento y ampliación de nuevos mercados. Aprovechar el conocimiento colectivo es una alternativa para impulsar la salida de la crisis que bien aplicada puede ser muy potente. Por supuesto, no hay que olvidar que este proceso siempre debe ir acompañado de una asesoría y consultoría adecuada de manera que el incremento de oportunidades no conlleve un aumento de posibles amenazas externas para la propia empresa innovadora.



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