viernes, 12 de septiembre de 2014

El TJUE mueve ficha: la digitalización de obras por las bibliotecas

Las reglas del juego en materia de digitalización están un poco más claras ahora gracias a la sentencia del TJUE de 11 de septiembre de 2014 en el Asunto C-117/13, TU Darmstadt. ¿O será más bien al contrario?


La sentencia trae causa de un litigio surgido en Alemania entre la Technische Universität Darmstadt, una biblioteca de acceso público, y Eugen Ulmer KG, editora de un libro sobre historia contemporánea. La Biblioteca había digitalizado el libro para ponerlo a disposición de los usuarios en los puestos de lectura electrónica que tiene instalados en sus locales. Los usuarios de los puestos de lectura podían imprimir la obra completa o parte de ella en papel o guardarla en una memoria USB y de esta forma sacarla de la biblioteca. TU Darmstadt, además, no había aceptado la propuesta de la editorial de adquirir y utilizar los manuales que ésta editaba en formato de libro electrónico (e-books).

Las posiciones de una y otra parte habían recibido el apoyo de federaciones y asociaciones de bibliotecas y de editores, habida cuenta la importancia del asunto y la experiencia "piloto" que el procedimiento representa. Así había sido calificado el caso por el propio Abogado General.

Al margen de ciertas disposiciones propias del Derecho alemán, la Sentencia examina el alcance de las disposiciones que la Directiva 2001/29 dedica a las Bibliotecas. En su artículo 5.2.c) la Directiva advierte que los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción en relación con actos efectuados por bibliotecas, centros de enseñanza o museos accesibles al público, o por archivos, que no tengan intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto. Por su parte el artículo 5.3.n) añade que los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos cuando el uso consista en la comunicación a personas concretas del público o la puesta a su disposición, a efectos de investigación o de estudio personal, a través de terminales especializados instalados en los locales de los establecimientos mencionados en la letra c) del apartado 2, de obras y prestaciones que figuran en sus colecciones y que no son objeto de condiciones de adquisición o de licencia.

Como suele suceder de un tiempo a esta parte, El Tribunal a la hora de decidir el asunto da una de cal y otra de arena.

La primera cuestión que se plantea el Tribunal es la de si las obras y prestaciones protegidas «son objeto de condiciones de adquisición o de licencia», en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29, cuando el titular de los derechos sobre las mismas propone a un establecimiento de los mencionados en esa disposición, como las bibliotecas accesibles al público, la celebración, con condiciones adecuadas, de contratos de licencia de utilización de aquéllas. Ulmer argumentaba que el mero hecho de que el titular de los derechos sobre la obra haya propuesto a una biblioteca accesible al público la celebración de un contrato de licencia o de utilización de la obra basta para excluir la aplicación del artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29.

Pero el Tribunal se muestra contrario a esta interpretación y concluye que el concepto de «condiciones de adquisición o de licencia», que figura en el artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29, debe interpretarse en el sentido de que implica que el titular de los derechos y la biblioteca, han celebrado un contrato de licencia o de utilización de dicha obra en el que se especifican las condiciones bajo las cuales el establecimiento puede utilizarla. Por lo tanto la excepción no puede ser excluida

Lo segundo que hace el Tribunal es preguntarse si el artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro conceda a las bibliotecas accesibles al público, mencionadas en dicha disposición, el derecho de digitalizar las obras que figuren en sus colecciones, si este acto de reproducción es necesario para poner tales obras a disposición de los usuarios, a través de terminales especializados, en los locales de esos establecimientos. La respuesta del Tribunal es afirmativa: la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro conceda a las bibliotecas accesibles al público, mencionadas en dicha disposición, el derecho de digitalizar las obras que figuren en sus colecciones, si este acto de reproducción es necesario para poner tales obras a disposición de los usuarios, a través de terminales especializados, en los locales de esos establecimientos.
Finalmente, el TJUE aborda la cuestión de si se puede otorgar a las bibliotecas el derecho de poner sus obras a disposición de los usuarios a través de terminales especializados que permitan imprimirlas en papel o almacenarlas en una memoria USB. Y es aquí donde la Sentencia parece dejar las cosas un poco en el aire:
- De un lado, el Tribunal declara que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a actos tales como la impresión en papel de las obras o su almacenamiento en una memoria USB, efectuados por los usuarios a partir de los terminales especializados instalados en las bibliotecas accesibles al público, mencionadas en dicha disposición.
- Pero de otro añade que tales actos pueden ser autorizados por la normativa nacional de transposición, siempre que en cada caso concreto se cumplan dos requisitos: (i) que el titular de los derechos sobre la obra reciba una compensación equitativa y que (ii) la longitud de los textos reproducidos no perjudique injustificadamente los intereses legítimos de los titulares de los derechos de autor.

En lo sucesivo las Bibliotecas tendrán que revisar sus criterios de actuación en razón de la forma en que las normativas nacionales acotan o amplían el límite establecido en la Directiva y de la propia interpretación del límite por parte del TJUE.

N.B. Se ofrece una versión inglesa de este post en el Blog de IMPACT




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