lunes, 24 de noviembre de 2014

El Tribunal de Justicia devuelve a la OAMI el caso GOLDEN BALLS/BALLON D'OR por la ausencia de examen del requisito de la notoriedad

En 2007 la empresa Golden Balls Limited solicitó dos marcas denominativas con el distintivo GOLDEN BALLS. La primera de las solicitudes se refería a las clases 9, 28 y 41 mientras que la segunda designaba las clases 16, 21, 24. La marca GOLDEN BALLS hace referencia a prendas de ropa deportiva y además posteriormente se otorgó una licencia para denominar de esta forma un concurso emitido en la televisión británica.

A dichas solicitudes se opuso la sociedad francesa Intra-Presse, organizadora del premio al mejor jugador de fútbol del año, en base a su marca comunitaria anterior BALLON D’OR registrada en clases 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38, 41.

Ballon d'Or
(de Jaime de la Fuente via Wikimedia) 
Las oposiciones fueron examinadas en primera instancia por la División de Oposición de la OAMI las cuales fueron desestimadas totalmente y concedió las marcas solicitadas. Intra- Presse recurrió entonces ambas resoluciones desestimatorias ante la Sala de Recursos de la OAMI. La Sala de Recursos estimó parcialmente los recursos entendiendo que las marcas eran conceptualmente similares y que la mayor parte de los productos y servicios en clases comunes eran idénticos. Únicamente consideró que algunos productos concretos en algunas de estas clases eran diferentes.

Golden Balls recurrió las resoluciones de la Sala de Recursos ante el Tribunal General que, por su parte, entendió que (casos T-437/11 y T-448/11) la similitud conceptual entre ambas marcas era baja ya que, entre otras cosas, para entender que GOLDEN BALLS era similar a BALLON D’OR se requería una traducción previa de la denominación y reconoce la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos.


El 20 de noviembre de 2014 el Tribunal de Justicia resolvió los dos recursos presentados (C-581/13 P y C-581/13 P). En su Sentencia el Tribunal indica que, por lo que respecta a los productos que se habían catalogado como diferentes, se cometió un error de derecho ya que no se tuvo en cuenta el argumento basado en el art. 8.5, es decir, la notoriedad de la marca anterior BALLON D’OR. Como dicho examen no se produjo, el Tribunal de Justicia anula la resoluciones del Tribunal de General y de la Sala de Recursos de la OAMI y le devuelve finalmente el asunto a la OAMI para que valore si la marca es notoria en el territorio comunitario y teniendo esto en cuenta, si habría riesgo de confusión entre el público.


Efectivamente y tal y como aprecia el Tribunal de Justicia en su Sentencia, el Tribunal General no entra a valorar si la marca BALLON D’OR goza o no de notoriedad en el territorio comunitario. Dicho examen goza de una especial relevancia ya que, según el art. 8.5 RMC, si dos marcas son consideradas similares desde el punto de vista denominativo o conceptual pero se aplican a productos o servicios distintos, se deberá denegar el registro de la nueva solicitud de marca si la marca anterior es considerada como notoria y haya una aprovechamiento indebido de dicha notoriedad.

Por otra parte, respecto a la valoración de la similitud conceptual entre  GOLDEN BALLS y BALLON D’OR, es cierto que tal y como indica el Tribunal General, desde la perspectiva del consumidor francés no es inmediata la asociación entre la denominación GOLDEN BALLS y el premio al mejor jugador del año BALLON D’OR. En consecuencia, parece que la apreciación de la confundibilidad entre las marcas sería distinta desde el punto de vista del art. 8.1b –podría no existir riesgo de confusión- o el 8.5 RMC que parece llevaría a entender que efectivamente podría haber un riesgo de conexión y vinculación. Por tanto, habrá que esperar a la nueva valoración por parte de la OAMI del requisito de la notoriedad y su decisión sobre la existencia de riesgo de confusión entre las marcas.




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viernes, 21 de noviembre de 2014

Agilización de los procedimientos penales españoles en el ámbito europeo

Hoy mismo ha sido publicada en el BOE la nueva Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

El principio de reconocimiento mutuo conlleva un cambio fundamental en las relaciones entre los países de la Unión Europea, permitiendo el reconocimiento y ejecución en un Estado de las resoluciones judiciales emitidas por otro. La dimensión actual de los procedimientos penales, cada vez más afectados por cuestiones de ámbito internacional, requiere también disponer de instrumentos legales suficientes para la eficacia de los mismos, al menos, en el territorio europeo.

Esta ley constituye un texto único en el que se recoge toda la normativa europea existente en esta materia hasta el momento, tanto la ya transpuesta al ordenamiento español como aquella que aún no lo había sido, evitando así la dispersión que hasta ahora existía en materia de resoluciones judiciales en el ámbito penal y facilitando su manejo por los profesionales del derecho. Dado que ya se han dictado nuevas Directivas europeas relacionadas con esta materia que no han podido ser incorporadas, esta nueva ley se articula a través de un esquema en el que tendrá fácil cabida la incorporación de las mismas en el futuro.

Se regula en esta nueva ley, entre otras materias, la orden europea de detención y entrega, las resoluciones imponiendo penas o medidas privativas de libertad, las resoluciones de libertad vigilada, las resoluciones sobre medidas alternativas a la prisión provisional, la orden europea de protección, las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas, las resoluciones de decomiso, las resoluciones por las que se imponen sanciones pecuniarias y el exhorto europeo de obtención de pruebas.

La incorporación de esta nueva ley al sistema español agilizará en gran medida la investigación en los procedimientos penales cuando éstos alcancen una dimensión internacional y sea necesario una estrecha cooperación judicial con otros Estados miembros.


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jueves, 20 de noviembre de 2014

Se fija en cinco millones de euros la cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2013

Se acaba de publicar en el BOE la Orden ECD/2166/2014, de 14 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2013. 

Nada nuevo se dice en esta disposición, que se limita a aplicar al Presupuesto de 2013 las cantidades previamente fijadas en la Orden ECD/2128/2013, de 14 de noviembre de 2013. Cabe destacar, no obstante, la distribución de esa cantidad entre las tres modalidades de reproducción, correspondiendo el 37% a los videogramas, el 33,6% a los fonogramas y casi el 29% a los libros.

Como se recordará, el polémico sistema de financiación de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, instaurado por el R.D. Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, fue objeto de desarrollo reglamentario en el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre. Esta disposición establecía un régimen transitorio para facilitar el definitivo abandono del sistema anterior, en el que la recaudación se obtenía a través de gravámenes sobre equipos, aparatos y soportes de reproducción hacia uno nuevo financiado por todos los ciudadanos a través del Presupuesto General. Fundamentalmente, la transición de un sistema a otro se llevó a cabo mediante un procedimiento de concesión de entregas a cuenta a las entidades de gestión en concepto de compensación equitativa correspondiente al ejercicio 2012. Tal y como se fijaba en la Disposición transitoria 2ª del Real Decreto, si el importe de estas entregas a cuenta fuera inferior a la liquidación definitiva del ejercicio 2012, la diferencia sería imputada al concepto presupuestario correspondiente del ejercicio del año siguiente. Dado que la cuantía final para el 2012 se fijó en 8.636.728,09 euros y las entregas a cuenta se hicieron por un total de 3.636.728,09 euros, los cinco millones restantes son los que ahora se aplican al ejercicio del 2013.

Si bien esta cantidad dista mucho de los 115 millones que se venían recaudando con anterioridad a 2011, el panorama puede empeorar aún más en los años venideros como consecuencia de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que entrará en vigor el próximo mes de enero y uno de cuyos puntos fundamentales consiste en restringir al máximo el concepto de copia privada. Esta restricción del límite serviría para justificar una asignación presupuestaria aún menor. Con todo, no pueden perderse de vista las cuestiones prejudiciales que sobre la financiación de la copia privada en España ha planteado nuestro Tribunal Supremo ante el TJUE y cuya resolución podría hacer peligrar el sistema actual. 



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martes, 18 de noviembre de 2014

La Oficina Europea de Patentes actualiza sus Directrices de Examen

La Oficina Europea de Patentes (EPO) ha publicado una edición 2014 de sus Directrices de Examen. Aunque las Directrices no son jurídicamente vinculantes, son el texto oficial sobre la correcta aplicación del Convenio Europeo de Patentes (EPC) y su Reglamento. Esta última edición de las Directrices entró en vigor el pasado 1 de noviembre de 2014.
Oficina Europea de Patentes
¿Qué ha cambiado?

Como era de esperar, algunas de las modificaciones más importantes de las Directrices reflejan los últimos cambios en las Reglas que regulan los plazos para la presentación de nuevas solicitudes divisionales y la disponibilidad de búsquedas adicionales para las solicitudes internacionales a las que se les objete falta de unidad de invención.

Otra modificación adicional está relacionada con la admisibilidad de las reivindicaciones relativas a un segundo o adicional uso médico de productos farmacéuticos conocidos. También hay nuevas consideraciones sobre la compatibilidad de las reivindicaciones de método con la regla de una única reivindicación por categoría, así como una revisión de las indicaciones sobre múltiples solicitudes del mismo solicitante dirigidas a una misma invención.

Sin embargo, el cambio que parecía más notable se refiere a la cuestión de adición de materia. En virtud del Artículo 123 (2) del EPC, no es admisible la modificación a una patente o a una solicitud de patente Europea que añada materia que se extienda más allá del contenido de la solicitud tal como fue presentada inicialmente.

Tal y como se interpreta actualmente en la Oficina Europea, esta disposición tiene el efecto de que, para que sea admisible dicha modificación, el texto de la misma debe ser derivable de forma directa y sin ambigüedad del contenido de la solicitud tal y como fue presentada. Aunque la Cámara de Recurso ha querido subrayar que esto no implica una interpretación estricta de que se necesite un soporte literal de dicha modificación en la solicitud original, sin embargo, no es raro encontrar objeciones relativas a que las modificaciones introducidas por los solicitantes añaden materia simplemente porque carecen de una base estrictamente literal, es decir, palabra a palabra, en la solicitud inicialmente presentada.

El nuevo párrafo en el apartado H-IV 2.3 de las Directrices establece lo siguiente:
"Al evaluar la conformidad de las reivindicaciones modificadas a los requisitos del Art. 123 (2), la atención debe centrarse en lo que divulgan los documentos tal y como fueron presentados para un experto en la materia…En particular, el examinador debe evitar centrarse de manera desproporcionada en la estructura de las reivindicaciones tal como fueron presentadas, en detrimento de la materia que el experto en la materia derivaría directamente y sin ambigüedad de la solicitud en su conjunto".
En otras palabras, podría interpretarse que este nuevo párrafo parece indicar que la "materia" de la solicitud se entiende ahora que no corresponde a la secuencia literal de las palabras que figuran impresas en las páginas de la solicitud, sino de una manera más flexible, a la enseñanza general que esas palabras implican para un experto en la materia cuando se leen como un todo. Sin embargo, aunque muchos esperan que señale un final a las objeciones basadas en la no existencia de un soporte literal de las modificaciones, dicho párrafo no parece expresar en realidad nada nuevo.

Las Directrices también han añadido en el apartado H-III 2.1 que "debe entenderse como una oportunidad para proporcionar argumentos convincentes ... de por qué las modificaciones son directamente y sin ambigüedad derivables de la solicitud tal y como fue presentada ... [Estos argumentos] son particularmente importantes ... cuando no exista soporte literal de las modificaciones en la solicitud tal y como fue inicialmente presentada ".

Por lo tanto, podría parecer que se hace hincapié en la necesidad de proporcionar una argumentación detallada con el fin de justificar las modificaciones no soportadas literalmente y que, por lo tanto, dichas modificaciones serían aceptables.

El tiempo dirá la dirección y la magnitud de cualquier cambio material en la forma en que se examinan las modificaciones a las patentes y solicitudes de patente. Queda por ver si esta actualización de las Directrices traerá consigo un cambio en la práctica de los examinadores de la EPO en la interpretación del Art. 123 (2)EPC o si finalmente será una mera aclaración del enfoque actual de la Oficina, que parece lo más probable, basado en que las modificaciones deben tener un soporte literal en la solicitud tal y como fue presentada inicialmente.

Autor: Ruth Sánchez

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miércoles, 5 de noviembre de 2014

La reforma a trompicones de la Ley de Propiedad Intelectual *

La modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, que acaba de ser publicada en el BOE como Ley 21/2014, se anuncia como un paso necesario en una reforma integral de mayor calado que, aunque prometida al comienzo de la legislatura, ya no se llevará a cabo en lo que queda de mandato.

El Gobierno dice –en la norma- haberse limitado voluntariamente a intervenir en tres asuntos que consideraba urgentes: copia privada, entidades de gestión y medidas antipiratería.

En realidad el alcance de su texto es más amplio. Aborda, entre otros temas, dos normas europeas, que era imperativo transponer a nuestro Ordenamiento. Se trata de la Directiva que amplía el plazo de protección de los fonogramas hasta los 70 años (Directiva 2011/77/UE). Y la Directiva sobre obras huérfanas que facilita el uso por instituciones culturales de obras cuyos titulares no puedan ser localizados (Directiva 2012/28/UE).

La reforma incorpora también la conocida como tasa Google, por la que se persigue que los agregadores de fragmentos de noticias paguen una remuneración a las publicaciones de las que extraen los contenidos. Google News ha evitado, hasta ahora, el pago de compensaciones directas de este tipo en Francia, Alemania o Bélgica.

Sus márgenes se reducen con la nueva regulación: Un nuevo derecho de remuneración de gestión colectiva obligatoria. Pero me temo que no paliará gran cosa el deteriorado negocio tradicional de los diarios.

En el ámbito del polémico asunto de la copia privada, la reforma confirma la decisión del gobierno de asumir la financiación pública de la compensación a satisfacer al sector cultural. Como quien tiene que pagar siempre ambiciona un precio barato, la regulación hace un favor a los Cuentas del Estado, al delimitar muy restrictivamente los supuestos amparados por la copia privada que serían compensables. Naturalmente tan alicorta configuración convierte en ilícitas conductas que hasta ahora no lo eran.

Pese a todo, el consumidor no tiene que inquietarse gran cosa, ya que es difícil que las Entidades de Gestión se dediquen a perseguir esos actos. Son los Presupuestos Generales los que correrán con el riesgo, ya que la operación tiene las debilidades del mal pagador. Tanto la operación de asumir el pago por el Estado de un derecho privado como la delimitación de la copia privada pasarán a ser enjuiciadas en Europa como se advierte de las cuestiones prejudiciales que se han suscitado recientemente por el Tribunal Supremo.

La regulación de las Entidades de Gestión es otro ámbito en el que el gobierno no ha dibujado tampoco un diseño acabado. En menos de un año, tendrá que volver a enmendar esta reforma para integrar en nuestro Ordenamiento Jurídico la Directiva sobre Entidades de Gestión aprobada en marzo de 2014 (Directiva 2014/26/UE). 

La Comisión Europea está impulsando cambios para lograr el nacimiento de un mercado competitivo como camino de mejora de los servicios de licenciamiento.La consecuencia natural será un mercado más abierto con una clara reducción del peso de los intermediarios, especialmente de aquellas entidades con vocación exclusivamente nacional. El Gobierno ha dejado para más tarde afrontar esta nueva realidad. Su preocupación se ha constreñido a atribuirse mayor capacidad de control sobre las Entidades españolas y en ajustar sus tarifas: todas ellas estarán obligadas a negociar nuevamente sus precios a lo largo del año 2015, y el usuario podrá beneficiarse de una bonificación durante la negociación. No protestan en vano esas Organizaciones.

En el área de la represión de la piratería, la reforma ha ampliado el perímetro de los intermediarios frente a los que se puede actuar en una acción por infracción. 

Por un lado, la regulación contempla que la Comisión de Propiedad Intelectual pueda dirigirse contra páginas de enlaces a contenidos albergados por terceros sin autorización de los titulares. Este remedio había sido una reclamación central de los titulares. En todo caso, la cuestión de los enlaces tendrá que pasar el filtro de los tribunales que, en no pocas ocasiones, han sido favorables a reconocer a estas páginas la misma inmunidad legal concedida a los meros intermediarios de servicios técnicos. 

Por otro, la nueva normativa obliga a colaborar en los procesos contra infractores a las empresas que les prestan servicios de telecomunicaciones, de comercialización o de pago. La activación de estas medidas no es sencilla y requerirá que la Administración encargada abandone la tibieza con la que ha actuado hasta ahora. No tardaremos en conocer el resultado de estas medidas en unos meses. 

En definitiva, una nueva reforma más, llena de parches y urgencias bajo la eterna e incumplida promesa de emprender una revisión futura e integral de la Ley.


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* Versión del artículo publicado en Expansión el 16.10.2014