viernes, 21 de noviembre de 2014

Agilización de los procedimientos penales españoles en el ámbito europeo

Hoy mismo ha sido publicada en el BOE la nueva Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

El principio de reconocimiento mutuo conlleva un cambio fundamental en las relaciones entre los países de la Unión Europea, permitiendo el reconocimiento y ejecución en un Estado de las resoluciones judiciales emitidas por otro. La dimensión actual de los procedimientos penales, cada vez más afectados por cuestiones de ámbito internacional, requiere también disponer de instrumentos legales suficientes para la eficacia de los mismos, al menos, en el territorio europeo.

Esta ley constituye un texto único en el que se recoge toda la normativa europea existente en esta materia hasta el momento, tanto la ya transpuesta al ordenamiento español como aquella que aún no lo había sido, evitando así la dispersión que hasta ahora existía en materia de resoluciones judiciales en el ámbito penal y facilitando su manejo por los profesionales del derecho. Dado que ya se han dictado nuevas Directivas europeas relacionadas con esta materia que no han podido ser incorporadas, esta nueva ley se articula a través de un esquema en el que tendrá fácil cabida la incorporación de las mismas en el futuro.

Se regula en esta nueva ley, entre otras materias, la orden europea de detención y entrega, las resoluciones imponiendo penas o medidas privativas de libertad, las resoluciones de libertad vigilada, las resoluciones sobre medidas alternativas a la prisión provisional, la orden europea de protección, las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas, las resoluciones de decomiso, las resoluciones por las que se imponen sanciones pecuniarias y el exhorto europeo de obtención de pruebas.

La incorporación de esta nueva ley al sistema español agilizará en gran medida la investigación en los procedimientos penales cuando éstos alcancen una dimensión internacional y sea necesario una estrecha cooperación judicial con otros Estados miembros.


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