miércoles, 5 de noviembre de 2014

La reforma a trompicones de la Ley de Propiedad Intelectual *

La modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, que acaba de ser publicada en el BOE como Ley 21/2014, se anuncia como un paso necesario en una reforma integral de mayor calado que, aunque prometida al comienzo de la legislatura, ya no se llevará a cabo en lo que queda de mandato.

El Gobierno dice –en la norma- haberse limitado voluntariamente a intervenir en tres asuntos que consideraba urgentes: copia privada, entidades de gestión y medidas antipiratería.

En realidad el alcance de su texto es más amplio. Aborda, entre otros temas, dos normas europeas, que era imperativo transponer a nuestro Ordenamiento. Se trata de la Directiva que amplía el plazo de protección de los fonogramas hasta los 70 años (Directiva 2011/77/UE). Y la Directiva sobre obras huérfanas que facilita el uso por instituciones culturales de obras cuyos titulares no puedan ser localizados (Directiva 2012/28/UE).

La reforma incorpora también la conocida como tasa Google, por la que se persigue que los agregadores de fragmentos de noticias paguen una remuneración a las publicaciones de las que extraen los contenidos. Google News ha evitado, hasta ahora, el pago de compensaciones directas de este tipo en Francia, Alemania o Bélgica.

Sus márgenes se reducen con la nueva regulación: Un nuevo derecho de remuneración de gestión colectiva obligatoria. Pero me temo que no paliará gran cosa el deteriorado negocio tradicional de los diarios.

En el ámbito del polémico asunto de la copia privada, la reforma confirma la decisión del gobierno de asumir la financiación pública de la compensación a satisfacer al sector cultural. Como quien tiene que pagar siempre ambiciona un precio barato, la regulación hace un favor a los Cuentas del Estado, al delimitar muy restrictivamente los supuestos amparados por la copia privada que serían compensables. Naturalmente tan alicorta configuración convierte en ilícitas conductas que hasta ahora no lo eran.

Pese a todo, el consumidor no tiene que inquietarse gran cosa, ya que es difícil que las Entidades de Gestión se dediquen a perseguir esos actos. Son los Presupuestos Generales los que correrán con el riesgo, ya que la operación tiene las debilidades del mal pagador. Tanto la operación de asumir el pago por el Estado de un derecho privado como la delimitación de la copia privada pasarán a ser enjuiciadas en Europa como se advierte de las cuestiones prejudiciales que se han suscitado recientemente por el Tribunal Supremo.

La regulación de las Entidades de Gestión es otro ámbito en el que el gobierno no ha dibujado tampoco un diseño acabado. En menos de un año, tendrá que volver a enmendar esta reforma para integrar en nuestro Ordenamiento Jurídico la Directiva sobre Entidades de Gestión aprobada en marzo de 2014 (Directiva 2014/26/UE). 

La Comisión Europea está impulsando cambios para lograr el nacimiento de un mercado competitivo como camino de mejora de los servicios de licenciamiento.La consecuencia natural será un mercado más abierto con una clara reducción del peso de los intermediarios, especialmente de aquellas entidades con vocación exclusivamente nacional. El Gobierno ha dejado para más tarde afrontar esta nueva realidad. Su preocupación se ha constreñido a atribuirse mayor capacidad de control sobre las Entidades españolas y en ajustar sus tarifas: todas ellas estarán obligadas a negociar nuevamente sus precios a lo largo del año 2015, y el usuario podrá beneficiarse de una bonificación durante la negociación. No protestan en vano esas Organizaciones.

En el área de la represión de la piratería, la reforma ha ampliado el perímetro de los intermediarios frente a los que se puede actuar en una acción por infracción. 

Por un lado, la regulación contempla que la Comisión de Propiedad Intelectual pueda dirigirse contra páginas de enlaces a contenidos albergados por terceros sin autorización de los titulares. Este remedio había sido una reclamación central de los titulares. En todo caso, la cuestión de los enlaces tendrá que pasar el filtro de los tribunales que, en no pocas ocasiones, han sido favorables a reconocer a estas páginas la misma inmunidad legal concedida a los meros intermediarios de servicios técnicos. 

Por otro, la nueva normativa obliga a colaborar en los procesos contra infractores a las empresas que les prestan servicios de telecomunicaciones, de comercialización o de pago. La activación de estas medidas no es sencilla y requerirá que la Administración encargada abandone la tibieza con la que ha actuado hasta ahora. No tardaremos en conocer el resultado de estas medidas en unos meses. 

En definitiva, una nueva reforma más, llena de parches y urgencias bajo la eterna e incumplida promesa de emprender una revisión futura e integral de la Ley.


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* Versión del artículo publicado en Expansión el 16.10.2014

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