lunes, 23 de febrero de 2015

Por qué la reforma de la ley Española ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional


El pasado mes de noviembre se publicó la última gran reforma de la Ley de Propiedad Intelectual española que ha dado lugar a una denuncia del mayor partido de la oposición ante el Tribunal Constitucional por considerar que dos regulaciones de la norma resultan contrarias a la Constitución Española. Se trata de la nueva regulación por copia privada y la imposición de un sistema de ventanilla única.

En relación con la nueva normativa relativa a la copia privada, el recurso considera que la nueva regulación de la copia privada lesiona el derecho de propiedad privada y la obligación de contribución justamente a las cargas públicas.

El partido recurrente considera que el legislador lesiona el derecho de reproducción, al realizar una regulación que impide que exista una compensación justa.

La normativa se examina como si se tratara de una regulación expropiatoria que impide que la indemnización compense enteramente la pérdida del derecho de reproducción.

La impugnación sostiene que la mutación de la compensación, a cargo de los particulares que realizan la copia, en una pago por el Estado con cargo a una partida presupuestaria conduce a que la compensación no pueda compensar el daño efectivamente soportado. Es cierto que lo menesteroso del presupuesto público español arrastrará ese resultado, pero no parece sencillo alcanzar la conclusión de principio. Y es indudable que los titulares podrán recurrir frente a la asignación concedida, si consideran que no cubre el daño sufrido.

Desde la perspectiva de la obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, el recurso señala que no se cumplen los requisitos de justicia y capacidad económica a la que se debe vincular toda carga pública.

El recurrente afirma, en este sentido que el pago por el Estado de la compensación determina que todos los ciudadanos que pagan impuestos contribuyan a un gasto sin que hayan realizado copias.

En este punto, es difícil aceptar el discurso del recurso por cuanto es claro que la normativa impugnada establece que sea el Estado el que afronte el pago de la compensación, pero no crea ninguna contribución pública nueva vinculada a la misma. No parece, pues,  sencillo detectar en qué han podido ser violentados los requisitos constitucionales que deben cumplirse en el diseño de cada tributo y en la planificación del conjunto del sistema tributario.

Con el mismo argumento sostenido en el recurso, podría afirmarse que cualquier pago indemnizatorio satisfecho por el Estado está viciado de inconstitucionalidad puesto que habrán contribuido personas que ninguna relación tienen con la razón del pago.

La desvinculación entre el beneficiario de la copia privada –copista particular- y quien la paga –el Estado- plantea dudas respecto a la conformidad de la nueva regulación con la Directiva infosoc, y la interpretación que de la misma ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un pronunciamiento próximo - a raíz de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español-, resolverá si la facultad reconocida a los Estados miembros para determinar la modalidad de financiación de la compensación –Sentencia Padawan- puede o no ser tan amplia como para que el Estado asuma la carga de indemnizar  por el daño causado por las copias de particulares.

Ahora bien, esta duda no parece que pueda convertirse en una infracción de las obligaciones constitucionales del Estado a la hora de diseñar sus figuras fiscales.

jueves, 19 de febrero de 2015

El TJUE se pronuncia sobre importaciones de productos farmacéuticos patentados desde nuevos Estados miembros de la UE

El pasado 12 de febrero de 2015 el TJUE dictó sentencia (caso C-539/13) sobre la interpretación del mecanismo específico previsto en el capítulo 2 del anexo IV del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión (“Acta de adhesión de 2003”). 


Esta norma prevé un mecanismo que faculta a  los titulares de patentes o certificados complementarios de protección (CCPs) sobre productos farmacéuticos a oponerse a la importación de dichos productos desde los nuevos Estados miembros en los que, en el momento de solicitarse la patente o CCP, tal protección no podía obtenerse. Lo que establece esta norma es una excepción al principio de agotamiento de patente. Dicha excepción se concreta en la exigencia de que quienes vayan a importar o comercializar productos farmacéuticos desde los nuevos Estado miembros en un Estado miembro donde tal producto esté protegido por una patente o CCP, notifiquen con un mes de antelación al titular o beneficiario de dicha patente o CCP su intención de hacerlo.

La sentencia trae causa de un conflicto relativo a la importación paralela desde Polonia al Reino Unido del producto farmacéutico denominado Singulair. Merck Canadá, Inc. (“Merck Canadá”) es titular de una patente y CCP sobre un principio activo que está incorporado en Singulair. Merck Sharp and Dohme (“MSD”) es la licenciataria en exclusiva de dicha patente y CCP. Pharma XL Ltd (sociedad vinculada a Sigma) notificó a MSD su intención de importar Singulair desde Polonia al Reino Unido. Pasados tres meses desde que lo notificara por primera vez, Sigma empieza a importar Singulair desde Polonia. No es sino varios meses después cuando Merck manifiesta su oposición a dicha importación, momento en el cual Sigma paraliza las importaciones de Singulair. Con todo, Merck Canadá y MSD inician un procedimiento por infracción de patente contra Sigma por los actos de comercialización que hasta el momento Sigma había realizado de Singulair. El asunto llega al Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, que suspende el procedimiento para preguntar al TJUE sobre la interpretación del citado mecanismo específico del capítulo 2 del anexo IV del Acta de adhesión de 2003. La cuestión principal que, entre otras, se plantea, puede resumirse de la siguiente manera: si el titular o beneficiario de la patente o CCP que quiera impedir la importación en cuestión debe manifestarlo previamente y, en tal caso, de qué manera debe formular dicha oposición.

lunes, 9 de febrero de 2015

ELZABURU: 150 años en 150 palabras


En ELZABURU no miramos hacia atrás, nos movemos hacia adelante. Sabemos, que el fulgor del pasado enciende el porvenir y creemos que la identidad de una Firma profesional no es una página en blanco ni una página escrita: es una página que se escribe cada día con el esfuerzo entusiasta de toda nuestra plantilla.


Este es nuestro secreto: la alegría que inspira nuestro trabajo, el afecto mutuo, la complicidad en una causa común. En la búsqueda de la mejor solución para nuestros clientes, nos gusta creer que vemos cosas que nadie ha visto en las cosas que todo el mundo ve. Pero tenemos presente que el tabique que separa la autoconfianza de la arrogancia es muy fino. ¡La humildad no está reñida con la grandeza!.

Dentro de 150 años no estaré aquí para decirlo. Lo hago ahora: es un orgullo presidir esta Firma, es un orgullo trabajar para nuestros clientes.

Alberto de Elzaburu














*Con citas de José Manuel Caballero Bonald y Paul Valery