jueves, 28 de mayo de 2015

Día Mundial Antifalsificación

El próximo 2 de junio se celebra el Día Mundial Antifalsificación en diversos países del mundo. Con este motivo, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca organizan, por quinto año consecutivo, en colaboración la Agencia Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una jornada con el objetivo de sensibilizar y concienciar a ciudadanos e Instituciones Públicas sobre los efectos negativos de la fabricación y comercialización de productos falsificados.

En esta ocasión, la jornada se celebra en Vigo. La elección de esta ciudad no es un hecho casual: responde a la operación policial “Cuarzo” contra las falsificaciones, desarrollada a mediados de octubre de 2014 en el mercado de La Piedra de esta ciudad. Pero hay más casualidades: Vigo, y su famoso mercado de venta de falsificaciones, apareció en la lista negra internacional de la falsificación publicada en febrero de 2014 por el representante de comercio del Gobierno de Estados Unidos, indicando, precisamente, la condición de esa ciudad de puerto de escala para muchas líneas de cruceros y que ese mercado “opera bajo la supervisión y control del gobierno municipal”.

La elección de Vigo como ciudad española para celebrar el Día Mundial Antifalsificación no podría resultar más acertada. Con toda seguridad, la celebración de ese Día Mundial servirá, especialmente, para concienciar a los gobernantes locales en la necesidad de sacar a su ciudad de la lista negra mundial de la vergüenza, combatiendo con mayor efectividad este tipo de actividades delictivas.




Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

viernes, 22 de mayo de 2015

Un nuevo mundo para las denominaciones de origen: Lisboa renace en Ginebra

La conferencia diplomática convenida para la adopción de un nuevo acta del Arreglo de Lisboa, celebrada en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) entre el 11 y el 21 de mayo de 2015 ha dado lugar a la adopción del Acta de Ginebra, tras el acuerdo alcanzado en esta ciudad suiza.

La conferencia diplomática ha estado precedida de 10 sesiones de un grupo de trabajo “ad hoc”, que se iniciaron en 2009 y hasta 2014 han venido discutiendo y elaborando el borrador del texto que ha dado lugar a este acta y su reglamento.

El acta adoptada tiene como uno de sus principales objetivos hacer más atractivo el actualmente existente Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional-que tiene actualmente únicamente 28 partes contratantes - para la adhesión de nuevos miembros.

Algunas de las novedades más relevantes a ese respecto son la posibilidad de adhesión al acta por parte de organizaciones intergubernamentales y la posibilidad de registro internacional tanto de denominaciones de origen como de indicaciones geográficas (hasta ahora el arreglo únicamente contemplaba las denominaciones de origen), en un sistema que, además del lógico respeto a los ADPIC, se inspira en muchos aspectos en los reglamentos de la Unión Europea relativos a estas figuras. También merece destacarse en este Acta de Ginebra el desarrollo de los artículos relativos al (amplio) ámbito de protección que permite dar a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en las partes contratantes, así como el tratamiento del tema de las tasas oficiales (algo extraño a la normativa de la Unión Europea en este campo).

A este respecto, hay que destacar el interés mostrado a lo largo de la gestación del acta por dos organizaciones gubernamentales, tanto la representación de la Unión Europea (la propia OAMI también ha estado presente como “observadora a título individual”) como, en menor medida, la OAPI (Organización Africana de la Propiedad intelectual). A medida que la labor del grupo de trabajo durante estos años fue ganando credibilidad con la elaboración de textos detallados y suscitando el interés de un número cada vez mayor de países, hicieron aparición delegaciones de algunas de las grandes potencias mundiales (Estados Unidos, Federación rusa o China) inicialmente ausentes o con presencia pasiva y tuvieron numerosas intervenciones que enriquecieron enormemente el debate planteando cuestiones y propuestas muy interesantes desde distintas perspectivas jurídicas, económicas y culturales.

Al igual que el Arreglo de Lisboa actualmente existente, no limita su registro a determinados productos, sino que pueden ser registradas denominaciones de origen e indicaciones geográficas para cualquier tipo de producto (agrícola o no agrícola) siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

El acta de Ginebra entrará en vigor a los tres meses de que cinco partes contratantes hayan depositado sus instrumentos de ratificación o accesión.

Sería injusto no mencionar la destacada labor de las delegaciones de las organizaciones con estatus de “observador” en el grupo de trabajo y la conferencia, y entre las que destacaría, entre otras, al CEIPI, por su alto contenido académico, MARQUES, oriGIn e INTA, representando los intereses de sus miembros y el interés general de la comunidad por un texto lo más claro posible y que no produzca situaciones de inseguridad jurídica.

Por último, habiendo tenido el privilegio de asistir a las 10 sesiones del grupo de trabajo y a la conferencia diplomática y siendo español, no puedo dejar de extrañarme por la falta de actividad y de comunicaciones por parte del Estado español en relación con el sistema de Lisboa. España es signataria del Arreglo de Lisboa desde su adopción en 1958, pero nunca lo ratificó, y aunque en diversos momentos ha manifestado en las primeras sesiones del grupo de trabajo su intención de hacerlo, en otros momentos ha desaparecido del debate. Todo lo contrario de otros países cercanos a nosotros en cuanto a la importancia que tienen para ellos estas denominaciones geográficas de calidad, como ocurre con Francia, Italia o Portugal, que han tenido una gran presencia y actividad en la gestación del nuevo acta.

Siendo nuestro país tan rico en indicaciones geográficas y denominaciones de origen, parece que un instrumento que permitiese su registro internacional mediante una sola solicitud centralizada podría tener importantes ventajas para nuestros productores.

Ojalá, a la vista de este Acta de Ginebra, las autoridades españolas adopten una política más proactiva, den a conocer su punto de vista y, aún mejor, tomen iniciativas para ver en qué medida podría beneficiar a los productores españoles, interactuando para ello con los potenciales afectados.


Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

El Tribunal General considera que es hora de poner límite al alcance de protección de la marca de relojes SWATCH

Via Wikimedia Commons
El Tribunal General ha dictado hace 72 horas una sentencia (Caso T-71/14) por la que confirma la concesión de la marca SWATCHBALL, depositada por la empresa PANAVISION EUROPE, para productos y servicios propios de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de equipamiento fotográfico y cinematográfico (clases 9, 35, 41 y 42). La peculiaridad de la solicitud es que expresamente se excluían productos y servicios relativos al control de tiempos o cronometraje.

SWATCH AG, la reputada empresa Suiza de relojes, formuló oposición al entender que la nueva marca era incompatible con sus registros de marca prioritarios SWATCH, así como un intento de aprovecharse de la reputación ajena. También se invocaba que la marca SWATCHBALL causaba un perjuicio para el carácter distintivo y la reputación de la marca prioritaria.

El Tribunal reconoce que existe una similitud entre las marcas confrontadas, así como el carácter notorio y la reputación de las marcas SWATCH. Sin embargo, considera que para que la prohibición de registro del art. 8.5 del Reglamento 207/2009 opere es necesario que el publico relevante entienda que existe una conexión entre las dos marcas, de tal forma que sin la concurrencia de ese vínculo no puede haber aprovechamiento indebido o perjuicio a la reputación o al carácter distintivo de la marca prioritaria.

Aunque aprecia el Tribunal que hay factores que revelarían la concurrencia de ese vínculo (similitud de marcas y reputación de la marca SWATCH), considera que su existencia se diluye cuando se examina la diferente naturaleza de los productos y servicios de las marcas controvertidas (máxime si se tiene presente la limitación efectuada por PANAVISION); cuando se repara en los diferentes canales de distribución y segmentos de mercado; cuando se advierte que los productos no entran en competencia y no son intercambiables; pero, sobre todo, cuando se constata la existencia de dos públicos relevantes diferenciados: el público general en el caso de los relojes SWATCH y un público mucho mas especializado en el caso de los productos y servicios de PANAVISION.

Es más, el propio Tribunal considera que aún cuando es probable que el público especializado de los productos de PANAVISION conozca también los productos de la marca SWATCH, no es previsible que llegue a establecer un vínculo entre unos y otros, entre las marcas SWATCHBALL y SWATCH.

Esta sentencia nos demuestra que incluso las marcas más reputadas tienen que hacer un esfuerzo a la hora de acreditar la existencia del requisito del vínculo, necesario para que opere la prohibición del art. 8.5, para que la marca notoria y reputada despliegue todos sus efectos.

Autor: Luis Baz


Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

miércoles, 20 de mayo de 2015

Las obras de Chesterton están aún vivas en España

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha puesto fin al litigio surgido entre los herederos del escritor británico G.K.Chesterton y una editorial española con motivo de las discrepancias en torno al plazo de protección aplicable a las obras de aquél en España. La sentencia ratifica que las obras de Chesterton, como las de cualquier autor, nacional o extranjero, que hubiera fallecido bajo la vigencia de la ley española de 1879, se protegen en España durante un plazo de 80 años post mortem auctoris.

The Royal Literary Fund (RLF) es una fundación británica, heredera y representante de los derechos del escritor G.K.Chesterton. Enokia, S.L. es una compañía española propietaria de una casa editorial conocida fundamentalmente por sus colecciones de autores clásicos. RLF interpuso demanda contra la editorial española con motivo de la edición y comercialización por parte de esta última de una serie de títulos del escritor británico, que, a entender de la fundación, aún no se encontraban en el dominio público en España. Consecuentemente, solicitaba se declarase que la edición, publicación y comercialización de las obras de Chesterton constituía una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demandante, condenando a la demanda a cesar en la explotación de las obras y a indemnizar a los titulares por los daños patrimoniales y morales causados.

El 13 de abril de 2015, el Tribunal Supremo resolvió finalmente a favor de la fundación británica afirmando que la protección conferida por la Ley española de 1879 establece claramente un plazo de 80 años p.m.a.

Añade, así mismo, el Tribunal que no puede aceptarse la declaración de la recurrente, sobre un posible resultado discriminatorio e injusto para los autores nacionales. Si bien es cierto que, a diferencia de los autores extranjeros, los requisitos de inscripción en el Registro sí les eran aplicables a los nacionales, también lo es que la Ley de 1987 no sólo eliminó esta diferenciación, sino que arbitró mecanismos para paliar el trato injusto que bajo la vigencia de la legislación habían recibido.

La complejidad –y la riqueza- de este pleito viene motivada porque la solución al conflicto (la determinación del plazo de protección de las obras del escritor británico en España), exige una labor de integración y conciliación de diversas normas que se encuentran en planos espaciales y temporales distintos. A los problemas de derecho transitorio propios de la ley española se suman los derivados de tener que conciliar las distintas normativas aplicables –la nacional, la comunitaria y la contenida en los Convenios internacionales-, en algunos puntos contradictorias.

Que las obras de G.K. Chesterton se protejan en España por un plazo de 80 años no resultaría tan chocante si no fuera porque en Reino Unido, país de origen del escritor, los derechos sobre las mismas se encuentran en el dominio público desde el año 1986 o, como muy tarde, desde el año 2006 (tras la ampliación operada por la Directiva 93/98/CE). El hecho resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que España sería el único país donde, a día de hoy, los derechos sobre la obra de Chesterton se encuentran aún en vigor.

En un intento de abstracción, podría afirmarse que  la conclusión a que llega el Tribunal Supremo español es fruto de la aplicación de tres principios fundamentales:

  1. El principio de no discriminación entre nacionales comunitarios. Las obras de G.K. Chesterton se protegen en España por 80 años como las de cualquier otro autor comunitario –español o no- porque, de lo contrario, se le estaría otorgando al escritor un trato discriminatorio en relación con el resto de autores nacionales, cuyas obras sí estarían protegidas durante todo ese plazo.
  2. Respeto a los derechos adquiridos. De acuerdo con este principio de respeto de los derechos adquiridos, unido al  juego de las disposiciones transitorias de las sucesivas normas de propiedad intelectual, resultaría que a los autores fallecidos con anterioridad a 1987 no se les aplicaría ni el plazo de 60 años previsto inicialmente en la ley de 1987, ni tampoco el de 70 fijado tras la armonización comunitaria, sino el de 80 años de la Ley de 1879.
  3. Protección mínima. El artículo 5.2 del convenio de Berna establece que el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en el mismo “no estarán subordinados a ninguna formalidad”. La Ley de 1987, en señal de rechazo al sistema formalista anterior, compensó a los autores que lo habían sufrido permitiéndoles “rescatar” del dominio público las obras que habían caído en el mismo por no haber sido inscritas.

Sin restarle importancia a la victoria de la Royal Literary Fund en la defensa de los derechos del genial escritor, lo cierto es que las implicaciones de esta sentencia del Tribunal Supremo español van mucho más allá. Por si cabía alguna duda, el plazo de protección en España de las obras de autores –nacionales o no- fallecidos con anterioridad a 1987 es de 80 años p.m.a. Probablemente, esta sentencia haya supuesto una grata sorpresa para los herederos de muchos autores cuyas obras creían ya en el dominio público. 


N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog


Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

jueves, 14 de mayo de 2015

Muebles y derechos de autor. Sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2015, en el asunto Dimensione, C-516/13

Hay sentencias del Tribunal de Justicia que resultan menos interesantes por lo que dicen que por lo que dan a entender. La Sentencia de 13 de mayo del Tribunal de Justicia (C-516/13) trae causa de una cuestión prejudicial suscitada en Alemania en el marco de un litigio surgido entre dos sociedades italianas: como demandante, la sociedad Knoll International SPA, titular del derecho exclusivo de distribución sobre ciertos muebles con nombre propio (el sillón «Wassily», la mesa «Laccio», el sillón, taburete, diván y mesa «Barcelona», las sillas «Brno» y «Prag», y el sillón «Freischwinger»); y como demandada, la sociedad Dimensione Direct Sales Srl, responsable de cierta campaña de publicidad, específicamente orientada a Alemania, en relación con la venta de reproducciones imitativas de tales muebles. 



Las ofertas de venta se llevaban a cabo a través del sitio de Internet de la demandada, disponible en lengua alemana, así como con la publicación de anuncios en revistas y diarios alemanes.

La sentencia toma como punto de partida lo que para algunos podría haber sido el objeto mismo de la controversia: para el Derecho alemán, los muebles en cuestión son obras de arte que gozan de protección bajo el paraguas del derecho de autor. Tampoco se plantea ante el Tribunal ninguna cuestión jurisdiccional: el hecho de que los muebles sean fabricados en Italia no obsta para que, si la publicidad va dirigida al mercado alemán, pueda ser interpuesta la acción en Alemania pues es en ese país donde las obras están protegidas.

La cuestión es otra distinta: si una oferta de venta o una publicidad del original o de una copia de una obra de arte puede infringir el derecho de distribución, allí donde se encuentre protegido, incluso si no se acreditara que esa publicidad haya dado lugar a la adquisición del producto.

La Sentencia viene a recordar que el Tribunal de Justicia se ha decantado, en cierta medida, por una noción amplia del derecho de distribución para entender comprendidos en el mismo otros actos (ofertas contractuales, ofertas y publicidad no vinculantes) que forman parte de la cadena de operaciones emprendidas con el objetivo de realizar la venta de un producto.  

En cuanto a la posibilidad de que titular de un derecho exclusivo de distribución de una obra protegida se oponga a una oferta de venta o a una publicidad del original o de una copia de esa obra, incluso si no se acreditara que esa publicidad haya dado lugar a la adquisición del objeto protegido por un comprador de la Unión, el Tribunal de Justicia advierte que el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29 no se opone a ello “siempre que dicha publicidad incite a los consumidores del Estado miembro en el que esa obra está protegida por el derecho de autor a su adquisición”.

Autor: Antonio Castán 

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/