viernes, 31 de julio de 2015

A vueltas con la "jurisdicción digital"

La enésima modificación de las normas acerca de los conflictos relativos a marcas emitida por una red social y algunos casos recientes me ha traído de nuevo a la memoria una cuestión sobre la que llevo reflexionando mucho tiempo y que de hecho abordamos en el I Congreso de la Abogacía Madrileña con una brillante intervención de Andy Ramos al respecto.


Los que nos dedicamos a temas de propiedad industrial e intelectual veníamos usando como legislación de referencia la nacional, comunitaria y tratados internacionales, complementándolo en su caso con las normas procesales aplicables.

Sin embargo, hace ya algunos años, que este conocimiento tiene que ser complementado con el de las normas que cada una de las redes sociales dicta en relación con los conflictos que se refieren al uso indebido de marcas, derechos de imagen, derechos de autor, etc.

Así, cada una de estas redes establece sus normas y lo que en principio se trata de condiciones de uso de la red social se convierten en un corpus jurídico material y procesal que hay que seguir (como se pueda) para intentar resolver los cada vez más numerosos conflictos que afectan a nuestros clientes. Y es que haciendo un pequeño repaso me doy cuenta que hoy por hoy el 80% de nuestra actividad tiene que ver con Internet y redes sociales, de una manera o de otra.

No es que tenga nada en contra de normas que escapen de la autoridad del Estado puesto que hay ejemplos de sistemas de autorregulación que han sido un éxito. Si nos fijamos en las normas UDRP que rigen los conflictos relativos a marcas y nombres de dominio, veremos cómo una abrumadora mayoría de los mismos son resueltos por expertos y administrados por instituciones desvinculadas de la autoridad de cualquier estado, entre las cuales destaca por el gran número de casos y su calidad el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI.

Pero el problema se plantea cuando estas normas no son el fruto de un consenso sino que provienen del dueño y administrador de la red social. El problema aumenta cuando el que dicta las normas lo hace con una “inspiración legal” más  estadounidense que europea (y ya tenemos casos de conflictos en redes sociales chinas, la que se avecina). La cosa se hace más complicada cuando cada red social tiene unas normas diferentes. Y para acabar de complicarlo, las “políticas”, es decir la interpretación de las normas, es el fruto de las consideraciones particulares de cada uno de los gestores de cada red social.

Hace poco intervine en un caso que enfrentaba a dos profesionales gallegos por cuestiones de derecho de autor en una red social. Los administradores y gestores del conflicto comenzaron sus comunicaciones con citas de la Digital Millenium Copyright Act, el Fair Use y otras normas exóticas, dejando estupefacto al cliente. Naturalmente ni la Ley de Propiedad Intelectual española ni las directivas comunitarias aparecían por ningún lado.

Más grave es un caso de infracción de derechos de imagen de un menor, con intervención de la fiscalía, en la que resultaba imposible extender cualquier medida que se solicitaba más allá de las fronteras españolas, aun cuando la difusión de las imágenes tiene carácter global.

Y como éstos, hay otros muchos casos que día a día nos ocupan. Son muchas las consideraciones que hay que hacer para normalizar esta situación y darle un tratamiento legal adecuado.

Se ha hablado de la aplicación de un principio de territorialidad por el cual “si haces negocios en mi territorio es con las leyes de mi territorio”, solución que no deja de ser parcial por el carácter no territorial de las redes sociales al que se ha aludido.

También las autoridades de la Unión Europea intentan que la armonización de las normas europeas tenga también una influencia en los conflictos que se producen en las redes sociales.

Es todavía largo el camino que nos queda por recorrer pero tenemos ejemplos de éxito que nos demuestran que una regulación armonizada puede reducir el número de conflictos sustancialmente. La aplicación de la normativa territorial podría quedar entonces para determinados conflictos que sólo afectan a situaciones locales.


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