miércoles, 19 de agosto de 2015

Fin del secreto bancario incondicionado en la investigación de ventas online de productos falsificados

En reciente sentencia de 16 de julio 2015 (asunto C-580/13), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) acaba de establecer los límites a las leyes nacionales que protegen el secreto bancario. A raíz de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo Federal de Alemania sobre la compatibilidad de su ley nacional de secreto bancario con la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual, el TJ declara que dicha Directiva se opone a una disposición nacional que permita, de forma ilimitada e incondicional, a una entidad de crédito ampararse en el secreto bancario para negarse a facilitar a la autoridad judicial información relativa al nombre y dirección del titular de una cuenta bancaria en el marco de un procedimiento por violación de la propiedad industrial e intelectual.

Los hechos se remontan al año 2011 cuando Coty Germany, licenciataria en exclusiva de la marca comunitaria Davidoff Hot Water, adquirió a través de una plataforma de subastas por Internet un frasco de perfume con dicha marca, ingresando su importe en la cuenta bancaria abierta en el Stadtsparkasse Magdeburg indicada por el vendedor. Tras comprobar que el perfume comprado era falso, Coty Germany pidió a la plataforma de subastas que le comunicara el verdadero nombre del titular de la cuenta de usuario de la plataforma que había vendido el perfume utilizando un seudónimo. La persona designada admitió ser el titular de esa cuenta de usuario pero negó haber vendido el perfume, negándose, al amparo de su derecho a no declarar, a dar más información.

Coty Germany solicitó al banco Stadtsparkasse Magdeburg que le facilitara el nombre y dirección del titular de la cuenta bancaria en la que se había ingresado el importe del perfume falsificado, negándose este banco a facilitar esa información acogiéndose al secreto bancario.

Ante esta situación, Coty Germany ejercitó una acción civil ante el Tribunal Regional de Magdeburgo y éste conminó a dicho banco a comunicar la información solicitada. Posteriormente, la sentencia fue anulada por el Tribunal Superior Regional de Naumburgo al estimar que el banco podía negarse a testificar en un proceso civil en base a la ley civil alemana. Coty Germany interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo Federal, que suspendió el procedimiento y planteó la cuestión prejudicial ante TJUE.

La cuestión pone en evidencia la necesaria conciliación, por una parte, del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad industrial e intelectual y, por otra, del derecho a la protección de los datos personales.

El TJ viene a declarar que la disposición del derecho nacional, aisladamente considerada, que permita a un banco denegar de forma ilimitada, al no contener su redacción condición ni precisión alguna, la información relativa al nombre y dirección de la cuenta de las personas envueltas en actividades infractoras de la propiedad industrial e intelectual, no respeta el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la propiedad industrial e intelectual, impidiendo la aplicación por las autoridades nacionales competentes de la posibilidad de ordenar la comunicación de los datos prevista en el art. 8.1 de la citada Directiva.


Esta sentencia constituye un claro apoyo a las legislaciones nacionales que garantizan un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales en juego, a la vez supone una seria limitación al secreto bancario en la investigación de las infracciones de la propiedad industrial e intelectual. Teniendo en cuenta la opacidad del vendedor de productos falsos a través de Internet, la identificación del titular de la cuenta bancaria en la que se efectúan los pagos resulta de extraordinaria importancia –la única forma, en la mayoría de los casos- para el descubrimiento del autor de la infracción. En nuestro país, hay que esperar que esta sentencia tenga mayor transcendencia en la jurisdicción civil, al limitar el secreto bancario invocable en ese orden, y algo menos en la jurisdicción penal, en la que el Juez de Instrucción ya dispone de amplias facultades en la investigación de delitos y de privación de derechos fundamentales. En cualquier caso, la sentencia supone un gran paso para hacer frente a un fenómeno descontrolado como son las ventas por Internet de productos con marcas falsificadas.



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miércoles, 12 de agosto de 2015

Argelia se adhiere al Protocolo de Madrid

Argelia ha depositado su instrumento de adhesión al Protocolo de Madrid el pasado 31 de julio de 2015 y su entrada en vigor está prevista para el 31 de octubre de 2015.

De los 95 miembros que actualmente forman parte del Sistema de Madrid, Argelia es el único Estado que pertenece sólo al Arreglo de Madrid. 

El Arreglo, tratado internacional mucho menos flexible y arcaico que el Protocolo, entre otras consideraciones, exige el depósito de una solicitud internacional sobre la base de un registro de marcas y la realización de determinados trámites por conducto de la oficina de origen. Además de los retrasos y complicaciones que estas rigideces provocan, el Arreglo impide la designación por la vía internacional de Estados que sean miembros únicamente del Protocolo - entre los que se encuentran jurisdicciones muy importantes como la propia OAMI, JPO o USPTO. Sin duda, este impedimento también estaba suponiendo una restricción para los titulares argelinos que hasta ahora no podían extender sus derechos por la vía internacional a países pertenecientes sólo al Protocolo.  

A partir de la entrada en vigor de esta nueva adhesión, aunque el Sistema de Madrid se rija por el Arreglo y el Protocolo y su Reglamento Común, y con la versión modificada de la cláusula de salvaguardia del 9 sexies del Protocolo por la que prevalece este tratado frente al Arreglo cuando las relaciones entre Estados comparten los dos tratados en común, la norma que pasa a regir el Sistema de Madrid es el Protocolo.


Se trata de un hecho clave para el Sistema de Madrid. A partir de ahora, todos los registros internacionales de marcas quedarán regidos exclusivamente por el Protocolo de Madrid lo cual se traduce en una gran simplificación del Sistema de Registro Internacional de Marcas. 


Autora: Cristina Arroyo


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lunes, 10 de agosto de 2015

Reciente entrada en vigor del nuevo Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de la UE

El pasado mes de marzo, el Tribunal General de la UE (“TG”) acordó la reforma de su Reglamento de Procedimiento. El nuevo texto procesal introduce algunas novedades importantes en el apartado relativo al contencioso en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual (procedimientos judiciales relacionados con marcas y diseños comunitarios). Entre dichas novedades pueden destacarse las siguientes:

  • En los recursos directos, la lengua de procedimiento será elegida por el demandante de entre las lenguas oficiales de la UE. En aquellos casos en los que el interviniente se oponga a la lengua del recurso elegido por el demandante, la lengua de la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI impugnada ante el TG, se convertirá en la lengua de procedimiento.
  • Se suprime la posibilidad de que los escritos iniciales de las partes puedan ser completados con escritos de réplica y dúplica. 
  • El escrito de adhesión al recurso por parte del interviniente deberá presentarse en un escrito separado distinto del escrito de contestación al recurso. 
  • El escrito de adhesión al recurso se considerará carente de objeto cuando el demandante en el recurso principal desista del mismo o cuando el recurso principal se declare manifiestamente inadmisible. 
  • En materia de costas, se contempla la posibilidad de que en aquellos casos en los que el recurso interpuesto sea estimado, el TG pueda ordenar que la OAMI cargue únicamente con sus propias costas (y el demandante vencedor asuma las suyas). 
  • Se introduce la posibilidad de que este tipo de recursos puedan ser resueltos por un juez único. 
  • Y también se introduce la posibilidad de que el Abogado General pueda intervenir en este tipo de recursos en aquellos casos que revistan especial dificultad o complejidad.

La nueva normativa procesal entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015.


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