miércoles, 28 de octubre de 2015

Reducción del plazo de prescripción de las acciones personales

Hasta fechas recientes los demandantes en España se han beneficiado de un más que generoso plazo límite de quince años para el ejercicio de la mayor parte de las acciones personales. En virtud de una importante reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Código Civil, que entró en vigor el pasado 7 de octubre de 2015, este plazo ha sido reducido a cinco años.

Este nuevo plazo de prescripción de las acciones personales afecta el ejercicio de la mayoría de las acciones de base contractual, tales como la infracción, la falta de pago, la entrega de bienes defectuosos, revisiones de alquiler y todas las reclamaciones relativas a contratos de venta. La nueva normativa tiene por objeto lograr un mayor equilibrio entre el interés del acreedor en conservar su derecho a reclamar, y la necesidad de establecer un límite temporal razonable. El plazo de quince años ha sido considerado como excesivo por parte de la doctrina y, principalmente, por los deudores; ahora, el nuevo sistema armoniza el sistema de límites español con el de otros países comunitarios, donde opera un límite de cinco años.

En un caso como éste, en el que el límite temporal al ejercicio de las acciones era de quince años, las disposiciones transitorias adquieren gran importancia.

Así, el nuevo límite se aplicará únicamente a las obligaciones que nazcan tras la entrada en vigor de la reforma (7 de octubre de 2015). Las obligaciones que hubiesen nacido antes del 7 de octubre de 2000 ya han prescrito, puesto que el plazo de quince años ya ha expirado. Por su parte, las obligaciones nacidas entre dicha fecha y el 7 de octubre de 2005 están sujetas al cumplimiento del antiguo plazo. En lo relativo a las obligaciones surgidas con posterioridad a esta última fecha y con anterioridad al 7 de octubre de 2015, expirarán el 7 de octubre de 2020 (es decir, les será aplicable el beneficio de cinco años desde la fecha de entrada en vigor de la reforma;a modo de ejemplo: una obligación nacida el 7 de octubre de 2010 expirará en 2020 y no en 2025).

En vista de lo anterior, recomendamos a nuestros clientes que revisen urgentemente las reclamaciones pendientes nacidas en fecha posterior al 7 de octubre de 2000.


Quedamos a su disposición para el caso de que requieran información adicional en relación con la reducción del plazo objeto de esta noticia.



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lunes, 26 de octubre de 2015

Un llamativo expediente de la Competencia española frente a una Entidad de gestión de derechos de autor, SGAE, que se resuelve sin sanción

El 9 de julio de este año se resolvió el enésimo expediente de la CNMV contra una entidad de gestión colectiva española, SGAE, la administradora de los derechos de autor de música. En esta ocasión, el procedimiento examinaba una denuncia de diversos compositores por las medidas adoptadas por la entidad para reducir el uso predominante que esos canales hacían de obras de su propio control editorial. Este primer objetivo de la investigación quedó superado, en un segundo momento, por un enjuiciamiento de los acuerdos de la entidad con todos los operadores de televisión, públicos y privados.

Durante la fase de investigación, la autoridad de la competencia consideró que se apreciaban presuntamente dos posibles infracciones: la aplicación de tarifas y descuentos discriminatorios y la imposición de condiciones abusivas al vincular determinados descuentos a que las televisiones limitaran el uso de su repertorio propio.

A pesar de esta valoración inicial, la autoridad de la competencia aceptó concluir el expediente a través de una terminación convencional; vía aplicable en materia de prácticas prohibidas cuando los infractores proponen compromisos que resuelven  los problemas de competencia derivados de su conducta y queda garantizado suficientemente el interés público, según dispone el artículo 52 de la Ley de Competencia española.

Son numerosas las cuestiones que suscita este caso, pero nuestra atención se centra en dos de ellas. La primera se halla vinculada a la tensión entre la competencia y la obligación de las entidades de gestión de evitar una injusta utilización preferencial de las obras de los usuarios, según el artículo 153.2 de la Ley de Propiedad Intelectual española; la segunda tiene que ver con el criterio del órgano administrativo para decidir cuándo sancionar y cuando optar por una vía pactada.

En esta recensión comentaremos exclusivamente este último aspecto de la resolución y abordaremos el segundo en futuros comentarios.

viernes, 9 de octubre de 2015

Un giro de 180º en el sistema de concesión de patentes en España (II)

Hasta la fecha, un solicitante que desee presentar una solicitud de patente española debe pasar por diversos trámites, que comienzan por un primer examen en el que se examinan determinadas cuestiones formales, así como de carácter técnico y de claridad de la invención que se desea reivindicar, y que continúan por una búsqueda realizada por un técnico examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de todas aquellas divulgaciones anteriores a la fecha de presentación de la solicitud que pudieran suponer algún obstáculo para la patentabilidad de la invención. 

Cabe recordar que la Ley de Patentes actualmente en vigor ya establece que, para que una invención sea patentable, debe ser nueva e inventiva (es decir, no obvia) sobre toda divulgación anterior ocurrida antes de la fecha de prioridad de la solicitud.

Pues bien, esta búsqueda, que se concreta en el llamado “Informe sobre el Estado de la Técnica” o IET, recoge todos aquellos documentos encontrados por el examinador de la OEPM y que, en su opinión, supondrían un obstáculo contra la patentabilidad de la invención reivindicada, ya sea porque careciera de novedad o porque fuera obvia a la vista de lo ya conocido en el estado de la técnica.

Lo paradójico de la situación actual es que, aunque la opinión del técnico examinador de la OEPM sobre la patentabilidad de la invención sea más o menos negativa, o incluso totalmente negativa, si el solicitante no pide que la OEPM lleve a cabo el examen (opcional) de los requisitos de patentabilidad, esta solicitud seguirá un curso automático que le llevará hasta la concesión de la patente de una manera inexorable. 

Tal patente concedida, lógicamente, estará al albur de que un tercero a quien la existencia de esa patente le moleste, presente una demanda de nulidad ante los tribunales españoles y, si la decisión del juez coincide con la opinión del técnico examinador, el final más probable será la declaración de nulidad de la patente por parte del juez, con lo que es como si nunca hubiera existido. Todo esto supone unos costes tanto para el solicitante, como para terceros, como para la sociedad en general, que podrían evitarse si, desde la etapa de tramitación de la patente ante la OEPM, solamente se concedieran aquellas patentes que superaran un examen de fondo de los requisitos de patentabilidad, examen que en la actualidad es enteramente opcional.

La intención de introducir el examen de requisitos de patentabilidad de manera opcional en el procedimiento de tramitación de una patente española en los años 2000 era la de ir animando poco a poco a los solicitantes a pedir dicho examen, principalmente en el caso de recibir un IET negativo, para así intentar revertir la opinión inicial desfavorable del examinador. Sin embargo esto no ha sido así, y a día de hoy menos del 10% de las solicitudes de patente son examinadas en cuanto a sus requisitos de patentabilidad, inclusive aquellas que recibieron un IET claramente negativo. Esto implica que hay más de un 90% de patentes actualmente en vigor sobre las cuales planea la sombra de la duda en relación a su validez.

miércoles, 7 de octubre de 2015

No hay puerto seguro: navegando en la tempestad (Caso Maximilliam Schrems v Data Protection Commissioner)

La largamente esperada decisión en el marco del asunto C-362/14 Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner ha sido finalmente publicada en fecha 6 de octubre de 2015. Controvertida en sus conclusiones, esta sentencia sobre una cuestión prejudicial trae nueva luz en el debate permanente en materia de recopilación, transferencia y tratamiento de datos de ciudadanos comunitarios por parte de compañías estadounidenses, y el tratamiento de estos datos por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses dentro del marco del programa PRISMA.

Antecedentes

El señor Schrems, un ciudadano austriaco, es un usuario de la plataforma Facebook desde 2008. Tal y como resulta habitual en relación con todos los usuarios residentes en la Unión Europea, una parte o la totalidad de los datos que facilitan a Facebook es transferida desde la filial irlandesa de Facebook hacia servidores localizados en los Estados Unidos, donde son tratados. 

El señor Schrems formuló una demanda ante la autoridad supervisora irlandesa (el Comisario de Protección de Datos) con base en el hecho de que a la luz de las revelaciones realizadas por Edward Snowden en 2013, sobre las actividades de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos (en particular, la NSA), la ley y las prácticas vigentes en los Estados Unidos no ofrecían protección suficiente contra la vigilancia por parte de las autoridades públicas de los datos transferidos desde la Unión Europea a ese país.

El supervisor irlandés rechazó la demanda basándose en la decisión de 26 de julio de 2000, en la que se señalaba que bajo el “esquema de puerto seguro” los Estados Unidos aseguraban un nivel de protección de los datos de carácter personal transferidos adecuado y satisfactorio (conocida como la “Decisión de puerto seguro”).

El señor Schrems, a continuación, recurrió ante la High Court de Irlanda, la cual consideró que la cuestión planteada en esta acción estaba estrechamente vinculada con la normativa comunitaria ya que, en opinión de la High Court, la Decisión de Puerto Seguro no cumplía con los principios considerados en las sentencias dictadas en los asuntos C-293/12 y C-594/12, EU:C:2014:238.

Cuestión prejudicial elevada al TJUE

El 17 de Julio de 2014, la High Court de Irlanda, ante la que se había sustanciado el asunto, remitió las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia para obtener una respuesta aclaratoria al respecto:

1) En el marco de la resolución de una reclamación presentada ante el comisario, en la que se afirma que se están transmitiendo datos personales a un tercer país (en el caso de autos, Estados Unidos) cuya legislación y práctica no prevén una protección adecuada de la persona sobre la que versan los datos, ¿está vinculado dicho comisario en términos absolutos por la declaración comunitaria en sentido contrario contenida en la Decisión 2000/520, habida cuenta de los artículos 7, 8 y 47 de la Carta y no obstante lo dispuesto en el artículo 25, apartado 6, de la Directiva 95/46/CE? 

2) En caso contrario, ¿puede o debe realizar dicho comisario su propia investigación del asunto a la luz de la evolución de los hechos que ha tenido lugar desde que se publicó por vez primera la Decisión 2000/520?

La Opinión del Abogado General, de 23 de septiembre de 2015

De acuerdo con la Opinión del Abogado General (Yves Bot), una compañía, por el mero hecho de contra con una certificación de Puerto seguro, no cumple de forma automática con los requisitos para transferencias de datos establecidos en la directiva comunitaria en materia de protección de datos.

Este argumento ya estaba presente en la Comunicación COM(2013) 846 y en la Comunicación COM(2013) 847.

Como era de esperar, el TJUE ha adoptado los argumentos formulados por el Abogado General. 

viernes, 2 de octubre de 2015

España, el tercer país de la UE de mayor impacto de las falsificaciones en el sector del deporte

España se sitúa en tercer lugar en el ranking de países de la UE con mayor impacto de la falsificación en el sector del deporte con un 15,7% de las ventas, solo por detrás de Lituania y Latvia, superando en más del doble la media de la UE (6,5% de las ventas). Sin embargo, los impactos absolutos de mayor importancia se dan en Francia y España, concentrando ambos países la tercera parte de las ventas perdidas en la UE debido a la falsificación, que asciende a un total de 492 millones de euros.

Estas son las principales conclusiones que afectan a España del reciente informe “El coste económico de la vulneración de los DPI en losartículos de deporte” del Observatorio Europeo de las Vulneración de losDerechos de Propiedad Intelectual de la OAMI, elaborado conjuntamente con la Oficina Europea de Patentes. De acuerdo con este informe, el consumo total de artículos deportivos en la UE en 2012 se estimó en 7.500 millones de euros, existiendo un total de 4.271 empresas dedicadas a la fabricación de estos productos dando empleo a 43.000 trabajadores en la UE.

Además de los efectos directos de la falsificación por la pérdida de ventas de las empresas legítimas del sector de artículos deportivos, indirectamente se ven afectados otros sectores económicos con unas pérdidas de 361 millones de euros. Por otro lado, la Administración Pública pierde ingresos por impuestos (IVA, Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social) estimados en 150 millones de euros. Los efectos directos e indirectos de la falsificación en este sector provocan una pérdida de ventas en la economía de la UE estimada en unos 850 millones de euros dando lugar a la pérdida de 5.800 puestos de trabajo.

Teniendo en cuenta que este informe incluye solamente la fabricación de artículos y equipos de deporte (como palos de golf, raquetas y pelotas de tenis, esquíes, etc) pero excluye las prendas de vestir y el calzado deportivo, hay que deducir que los costes económicos de la falsificación de artículos de deporte son realmente mayores a los que se indican en el informe.


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