viernes, 21 de abril de 2017

Ubi libros, ibi patria

El Premio Nobel chino Mo Yan, rogaba en el prólogo a una de sus obras: “¡Escriban novelas largas!”. Un crítico literario, a propósito de una novela de ochocientas paginas advertía: "Mi mejor consejo es que no la lean, el segundo es que no dejen que les caiga en un pie". La extensión, no nos engañemos, no es un atributo del arte; el formato, tampoco debe serlo.

La novela de Bolaño2666”, con sus 1216 páginas de caudal narrativo, se puede quedar corta; un micro-relato de apenas unas líneas, puede resultar demasiado largo. Una y otro pueden ser leídos hoy por hoy en formato electrónico o en glorioso papel impreso: el medio no desmerece ni engrandece el valor de la obra. Todos son bienvenidos, siempre que el resultado sea un buen libro.


En esta fecha en que celebramos el Día Internacional del Libro , afirmemos parafraseando a Cicerón, ahora que parece que el latín está mal visto en los escritos forenses, “ubi libros, ibi patria”, allí donde están los libros allí está mi patria. Ya sean largos o cortos, electrónicos o en papel, pero ¡libros!



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jueves, 6 de abril de 2017

Recursos en España: fuera páginas y dentro notas



El pasado 27 de enero, el Tribunal Supremo publicó un nuevo Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación en donde, por primera vez, se limita la extensión de los escritos a 25 páginas.

Es posible que algunos abogados de propiedad industrial e intelectual se lleven las manos a la cabeza, dado que era una práctica habitual la presentación de escritos que llegaban a triplicar esta extensión. 

El Tribunal se queja de la “extensión desmesurada” de los recursos que 
“lejos de facilitar su resolución, dificulta el trabajo de la fase de admisión, entorpece el correcto entendimiento de las pretensiones del recurrente, introduce confusión en el debate y provoca que, en muchas ocasiones, los argumentos realmente relevantes queden oscurecidos en un cúmulo de alegaciones reiterativas e incluso contradictorias”.

El Supremo apoya esta medida en el artículo 481.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, paradójicamente, establece que los fundamentos del recurso se expondrán “con la necesaria extensión”. Y lo que puede resultar más inquietante aún, los abogados tendrán que acostumbrarse a una norma que restringe el tamaño de las notas a pie a 10 puntos. Lo inquietante no es el tamaño, sino el empleo de notas a pie de página en un escrito procesal. Tales innovaciones literarias han sido siempre consideradas como una especie de herejía por una profesión orgullosa de sus tradiciones.

La nueva normativa no se limita, sin embargo, a estas cuestiones de estilo sino que establece también diversas mejoras sustantivas en el acceso al recurso. Mientras que en el pasado la admisión del recurso dependía exclusivamente del cumplimiento de ciertos criterios técnicos relativos al valor económico o a la contradicción con la jurisprudencia anterior, el Tribunal ahora podrá admitir, de forma excepcional, recursos en los que, según su criterio, exista “necesidad de establecer jurisprudencia o modificar la ya establecida en relación con el problema jurídico planteado porque haya evolucionado la realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica sobre una determinada materia”.

Aunque se trata de una práctica extendida en otras jurisdicciones, hasta ahora la discrecionalidad de los tribunales españoles en la admisión de recursos ha sido casi nula conforme al principio de legalidad, considerándose que existía un numerus clausus. Los motivos de recurso estaban limitados a aquellos regulados expresamente por la ley. Esto no ha cambiado. El tribunal no puede inadmitir un recurso que cumple uno de los supuestos legales de admisión. Es más, éste es uno de los ejes del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, uno de los grandes éxitos del sistema democrático español.

Estos cambios contribuyen a la modernización constante del sistema judicial español y serán bien recibidos por los ejercientes en el campo de la propiedad industrial e intelectual. Cuando empiecen a calar en las instancias inferiores, no podrán más que aumentar la ventaja que tiene España en cuanto al tiempo de resolución: de 12 a 14 meses en la primera instancia en un asunto de patentes o marcas, siempre que se escoja bien al tribunal. Esto se debe en gran medida a que la fase de alegaciones iniciales es mucho más rápida en España que en casi cualquier otro país del mundo – las pruebas documentales y periciales deben acompañar al escrito inicial, sin que sea posible hacerlo después o modificar los hechos o los fundamentos jurídicos.


N.B. Versión inglesa del artículo publicado en el IP Kat

Autor: Colm Ahern

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lunes, 3 de abril de 2017

La Ley de Patentes ha muerto. ¡Larga vida a la Ley de Patentes!

Ha fallecido en Madrid de muerte natural, a los 31 años de edad, la Ley de Patentes de 1986. Su sucesora, la Ley 24/2015, después de 21 meses en la incubadora, pudo ver la luz el sábado 1 de abril merced a la publicación en el BOE, el último día del plazo, de su Reglamento de Ejecución. El esfuerzo denodado de la OEPM por sacar adelante el Reglamento dio sus frutos in extremis garantizando el feliz alumbramiento.

A partir de ahora nos enfrentamos a un nuevo procedimiento de concesión, a un nuevo sistema judicial, a nuevos retos y estrategias y también a nuevas incógnitas. Nada a lo que no estemos acostumbrados los abogados desde que en 1986, precisamente con la Ley por la que entonamos hoy un nostálgico responso, pusiese en marcha el proceso de transformación profunda del derecho de propiedad industrial e intelectual en nuestro país.

En tiempos de cambio, recordemos aquello que cantaba el hoy Premio Nobel de Literatura, en su clásico “forever young”, Bob Dylan: :“may you have a strong foundation when the winds of changes shift”. Larga vida a la nueva Ley de patentes y buena suerte a todos.


PD. Para comentarios sobre la Ley 24/2015, se puede acudir a la serie de post publicados en este blog en el año 2015 y 2016




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miércoles, 29 de marzo de 2017

Consecuencias del Brexit sobre los derechos de los titulares de registros de marca de la UE

Las consecuencias del Brexit sobre los derechos de los titulares de marcas de la UE sólo se harán sentir en la práctica, previsiblemente, dentro de unos 3 años después de la notificación oficial de salida de la UE por parte del Reino Unido; sin embargo obligan a los titulares de marcas de la UE a tomar ciertas medidas para evitar que los futuros cambios debidos al Brexit tengan consecuencias adversas para la protección de sus marcas.

Tomamos en consideración un plazo mínimo de 3 años para que se haga efectiva la separación del Reino Unido de la UE basándonos en las distintas fases establecidas para el procedimiento de salida de la UE de un Estado Miembro. En efecto, después de haberse tomado la decisión de salir de la UE, el Reino Unido, conforme al Art. 50 del Tratado de la Unión Europea, acaba de notificar formalmente su salida al Consejo Europeo. Después de ello dispone de un plazo de dos años para llevar a cabo las negociaciones que permitirán fijar el nuevo marco legal, el cual será sometido al voto de los Estados Miembros y, además, al parecer, también al voto del Parlamento británico. La nueva situación dependerá por lo tanto, del resultado de las negociaciones entre el Reino Unido y la UE y de los mecanismos que se pongan en marcha.

Por lo tanto, de momento sigue sin cambios el marco que conocemos en materia de marcas en el territorio de la UE: siguen existiendo las marcas nacionales, las marcas internacionales del Sistema de Madrid del que es miembro el Reino Unido y las marcas de la Unión Europea con aplicación a los 28 países de la UE, incluido el Reino Unido.

Consultada la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, ésta ha anunciado su intención de mantener un vínculo con la UE, por lo que es probable que admita un proceso de transformación o una convalidación automática de los derechos adquiridos por una marca de la UE en marca nacional del Reino Unido.

Entendemos que, previsiblemente se mantendría la fecha de solicitud de la marca de la UE como fecha de prioridad, como en el caso de la transformación de marcas de la UE en registros nacionales prevista en el Art. 112 del RMUE para los casos en los que, si una marca de la UE ha sido denegada debido a la oposición de una o varias marcas nacionales, su titular decida solicitar la protección de su marca en los países en los que no ha tenido obstáculos. Esta transformación se lleva a cabo mediante el pago de una tasa de transformación, el equivalente de una tasa de solicitud, y sometiéndose en su caso al sistema local de examen, como si fuera una nueva marca nacional, con la excepción de que mantiene como fecha de solicitud y prioridad la de la marca de la UE. Si la transformación se solicitase de un registro de marca de la Unión Europea y no de una mera solicitud, cabría la posibilidad de que la concesión como marca nacional se acordase sin más trámite. Todo depende de los términos de la negociación y de las decisiones de política interna que se adopten por el Reino Unido.

De momento, las marcas de la UE siguen teniendo todos sus efectos en el Reino Unido y sólo pasado este plazo estimado de 3 años deberán decidir las empresas si les interesa bastante el mercado británico para justificar el depósito de una nueva solicitud de marca británica, una extensión de una marca internacional al Reino Unido o solicitar la conversión o transformación de su registro de la UE como registro nacional en el Reino Unido.

Sin embargo, desde ya podemos  prever casos en los que será necesario que las empresas tengan que tomar medidas para evitar la pérdida de sus derechos de marca tanto en el Reino Unido como a nivel europeo, como consecuencia del Brexit.

Por ejemplo, en el caso de  marcas de la UE concedidas hace más de 5 años y  transformadas en marcas nacionales en el Reino Unido, estas marcas podrían correr el riesgo de que se les presente, apenas transformadas, una acción de cancelación por no uso en el Reino Unido si no han sido usadas en este país. Tampoco se podría descartar, sin embargo, que sea la fecha de solicitud o de concesión de transformación la que abriera ese plazo.

De la misma manera, una vez que el Reino Unido ya no forme parte de la UE, los titulares de marcas de la UE concedidas hace más de 5 años y únicamente objeto de uso en el Reino Unido, corren el riesgo de que el título obtenido se quede sin valor a la hora de presentar una oposición contra una nueva marca de la UE al no poder demostrar válidamente el uso de su marca en el territorio de la UE o puedan perder dicho derecho si es objeto de una acción de cancelación por falta de uso ante la EUIPO.

Por ello, las empresas deben replantearse desde ya la estrategia de protección de sus marcas en consideración al país en el que están haciendo un uso real y efectivo de ellas.

viernes, 24 de marzo de 2017

Licencias en España

En la reciente guía de la serie Getting the Deal Through, el socio de ELZABURU Javier Fernández-Lasquetty y los abogados Alba López y Martín Bello responden a las preguntas claves que toda empresa se plantea ante una situación de licenciamiento de sus activos. Cuestiones como la tipología de licencias, la normativa que afecta a las licencias internacionales, los derechos de propiedad intelectual, las licencias de software, los royalties, la fiscalidad, el derecho de la competencia, el descargo de responsabilidades, la rescisión de contratos, entre otros, son tratados. 

Capítulo de España (en inglés)


Reproducido con permiso de Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Licensing 2017, (publicado en febrero 2017; editor: Bruno Floriani, Lapointe Rosenstein Marchand Melançon LLP) Más información en la web de la publicación: https://gettingthedealthrough.com/area/19/licensing/

miércoles, 22 de marzo de 2017

El Tribunal Supremo ratifica la sentencia comunitaria sobre el canon. Una historia repetida

El pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo español declaró nulas las normas que regulan el sistema de financiación de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado por ser contrarias a derecho comunitario. El sistema hasta ahora vigente fue sometido al examen del TJUE por el propio Tribunal Supremo a través de una serie de cuestiones prejudiciales que fueron resueltas en sentencia de 9 de junio de 2016 (C-470/14). La sentencia del Tribunal Supremo ha dejado un vacío legal que ha de ser cubierto por el Gobierno español en los próximos meses, lo que previsiblemente supondrá una vuelta al sistema de canon anterior.

La Directiva 2001/29/CE establece la obligación a cargo de aquellos Estados que contemplen en sus ordenamientos la excepción de copia privada de regular un sistema de compensación a los titulares afectados por este límite. En España, donde se contempla este límite, desde el año 2006 y hasta el 2016 estuvo vigente un sistema que gravaba con un canon aquellos aparatos, dispositivos y soportes de grabación aptos para la realización de copias privadas. Si bien los obligados al pago eran los fabricantes, distribuidores e importadores de tales aparatos, dispositivos y soportes, el deudor indirecto, y sobre quien recaía realmente el pago de la compensación, era el usuario final, a quien se le repercutía en el precio del producto que adquiría. Este sistema fue objeto de una fuerte campaña de desprestigio social, sobre todo a partir del famoso caso “Padawan” en el que la Audiencia Provincial de Barcelona acabó absolviendo a una empresa informática comercializadora de soportes del pago de una elevada suma de dinero en concepto de compensación equitativa que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) llevaba reclamándole durante años. En aquel asunto intervino el TJUE a petición de la Audiencia Provincial para establecer, entre otras cosas, que en un sistema como el entonces vigente en España ha de existir necesariamente una vinculación entre la aplicación del canon y la utilización de los aparatos, equipos y soportes para la realización de copias privadas. Ello implicaba que el “canon” no podía gravar aparatos, equipos y soportes que explícitamente no tuvieran como finalidad la realización de copias privadas. En el litigio principal la empresa Padawan pudo demostrar que sus productos estaban destinados a un uso profesional y no a la realización de copias privadas. 

Fruto sin duda de estas reivindicaciones, que fueron utilizadas políticamente, fue la Disposición Adicional 10ª del Real-Decreto Ley20/2011, de 30 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que vino a derogar el sistema de compensación equitativa mediante canon sustituyéndolo por otro cuya financiación se haría con cargo a los presupuestos generales del Estado. El nuevo sistema no fue objeto de desarrollo reglamentario hasta un año después, cuando se dicta el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, en el que se establece, básicamente, que la cantidad destinada a la compensación equitativa se fijaría de forma anual mediante orden ministerial dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio.

Dos meses más tarde, en febrero de 2013, este Real Decreto fue impugnado por todas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual españolas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El recurso pretendía la anulación de la norma con base en dos tipos de motivos: procesales y de fondo. Por un lado, se alegaba que no se habían utilizado para la regulación del nuevo sistema los instrumentos legales adecuados y, por otro, que el sistema era contrario a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, letra b, de la Directiva 2001/29/CE. En lo que se refiere a esta segunda cuestión, las demandantes argumentaban que el principio fijado por la jurisprudencia del TJUE de que la compensación equitativa sea sufragada en última instancia por las personas físicas que realizan las copias privadas no se respeta en un sistema como el español en el que la compensación es soportada por todos los contribuyentes sin hacer distinciones. Argumentaban, además, que la financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado no garantiza el carácter equitativo de la misma.

El 9 de junio de 2016 el TJUE dictó sentencia en la que, contestando únicamente a la primera de las cuestiones planteadas, determinó que el sistema español era contrario a la norma comunitaria.

La sentencia comentada puede considerarse como el colofón a toda una serie de advertencias y pronunciamientos que desde antes de su nacimiento venían anunciando la incompatibilidad del sistema español de financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado con lo establecido en la Directiva 2001/29/CE. Precisamente, uno de los principales pronunciamientos del TJUE en el asunto Padawan es el de que la compensación equitativa ha de ser soportada por la personas físicas que realizan las copias privadas, sin perjuicio de que en aras a poder hacer efectivo el cobro pueda exigirse su pago a los fabricantes, importadores y distribuidores, quienes posteriormente lo repercutirán en el precio final del producto. Resulta sorprendente que en aquel asunto la sentencia del TJUE se utilizara para tachar de arbitrario e injusto un sistema que, en principio, gravaba de forma indiscriminada todos los soportes y aparatos  aptos para la realización de copias sin tener en cuenta el destino, privado o profesional, de los mismos y que, un año después, el Gobierno español adoptara otro en el que no sólo no se excluye del pago de la compensación a profesionales y personas jurídicas que venden aparatos y soportes de grabación no destinados a la realización de copias privadas, sino que directamente es sufragado por todos los contribuyentes.

Anulado el Real Decreto y declaradas inaplicables las normas que regulan la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado… ¿qué sistema tenemos ahora? Es la pregunta que inevitablemente surge, puesto que la derogación del sistema  actual no implica una “resurrección” de las normas que regulaban el anterior. Actualmente lo que hay es un vacío legal que ha de ser resuelto en un breve espacio de tiempo por el Gobierno español, previsiblemente poniendo nuestro sistema en línea con el de los demás Estados miembros.


N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog



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lunes, 6 de marzo de 2017

¡Bienvenida, Ley de Patentes!

¡Por fin! El 1 de abril de 2017 entra en vigor la nueva Ley 24/2015 de Patentes. 

Han sido necesarios varios años de elaboración y discusión hasta su aprobación, y, una vez aprobada, una larga espera hasta ver que finalmente va a poder ser aplicada.

La nueva ley supone una importante mejora y actualización de nuestro sistema de protección de las invenciones. La anterior ley, motivada por la incorporación de España a las Comunidades Europeas en 1986, también supuso en su día un avance relevante. No obstante, después de treinta años de vida, eran necesarios una puesta al día y un salto cualitativo, que se han materializado en este nuevo texto legal.

Por otro lado, estamos pendientes de la versión final del Reglamento de Ejecución de la Ley, a cuyos borradores se han realizado varias propuestas por parte de diversas asociaciones y organizaciones, que confiamos sean tenidas en cuenta para conseguir un documento que resulte eficaz a la hora de implementar la Ley.

La OEPM está llevando a cabo los preparativos necesarios para la implementación de la Ley, incluyendo el refuerzo con más medios humanos. Pero para que la nueva Ley de Patentes sea un éxito es necesario que todos los usuarios de la misma seamos conscientes de su potencial y lo pongamos al servicio de la innovación y de la investigación.

En definitiva, esperamos que la nueva Ley de Patentes arranque con buen pie y consiga ser una herramienta útil y eficaz para fomentar la investigación en España.

PD. Para comentarios sobre la Ley 24/2015, se puede acudir a la serie de post publicados en este blog en el año 2015 y 2016



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